São Paulo – La Corte Suprema de Brasil rechazó este viernes las «interferencias» del Gobierno de Donald Trump y garantizó que juzgará de manera «imparcial» al expresidente Jair Bolsonaro y al resto de acusados por intento de golpe de Estado antes de terminar el año.
Los once magistrados de la máxima instancia judicial del país volvieron a sus trabajos, tras el receso de julio, en plena tormenta tras las sanciones impuestas por el Ejecutivo de Estados Unidos en represalia por el proceso en curso contra el líder ultraderechista.
«Todos los acusados serán juzgados con base en las pruebas producidas, sin ningún tipo de interferencia, venga de donde venga», aseguró el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, en una sesión en la que se reivindicó la independencia del Poder Judicial, en Brasilia.
La Administración de Trump, en su cruzada para defender a Bolsonaro de lo que ha denominado como una «caza de brujas», ha revocado el visado a ocho de los once jueces del Supremo, entre ellos a Alexandre de Moraes, instructor del proceso por golpismo.
En una segunda embestida, el pasado miércoles, el Departamento del Tesoro encuadró a De Moraes en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Al magistrado se le congelan así los bienes y propiedades que tengan en EEUU, entre otras restricciones.
El juicio a Bolsonaro, cuya fase oral está prevista para septiembre u octubre, también le sirvió de excusa a Trump para decretar un arancel del 50 % a parte de las importaciones brasileñas.
De Moraes carga contra los «seudopatriotas»
De Moraes, presente en la ceremonia de este viernes, se manifestó por primera vez tras la ofensiva de Trump y afirmó que va a «ignorar» las sanciones aplicadas y que «continuará trabajando» en el caso del intento de golpe como hasta ahora.
«Juzgaremos a todos los responsables, absolviendo a quienes no tengan pruebas en su contra, condenando a quienes las tengan, pero juzgando, ejerciendo nuestra función judicial y sin acobardarnos ante amenazas, vengan de aquí o de cualquier otro lugar», dijo el juez, enemigo número uno del bolsonarismo.
El magistrado no citó de manera explícita a ningún investigado, pero arremetió duramente contra los «brasileños seudopatriotas» que buscan, de forma «cobarde» y «traicionera», «someter el funcionamiento del Supremo al cribo de un Estado extranjero».
Pareció referirse así al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y quien se encuentra desde hace cinco meses en EEUU con el apoyo financiero de su padre.
El legislador ha reconocido con orgullo que se ha reunido con representantes de la Casa Blanca en busca de sanciones para el Supremo brasileño y para su país con la intención de ayudar a su padre judicialmente.
Jair y Eduardo Bolsonaro están siendo investigados por estas maniobras con el Gobierno de Trump en una pieza separada del caso del golpe.
En opinión de De Moraes, esos «seudopatriotas» pretenden crear una grave crisis económica en Brasil para que haya una presión política y social contra la justicia, a fin de materializar el archivo «tiránico» de la causa por golpismo.
Sin embargo, el juez defendió con énfasis la transparencia del proceso, que se desarrolla de forma «absolutamente pública».
«Y digo sin miedo a equivocarme, no hay y no hubo en el mundo una acción penal con tanta transparencia y publicidad como esta acción penal. Ningún país retransmite interrogatorios para que toda la prensa y la sociedad los acompañe», añadió.
Reivindicó así «el coraje» del Supremo, que «no aceptará coacciones o tentativas de nuevos golpes de Estado, como ocurrió el 8 de enero de 2023», cuando miles de bolsonaristas vandalizaron los tres poderes para incentivar una intervención militar contra al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La Fiscalía sostiene que el ‘asalto a Brasilia’ fue el colofón de una trama cuyo «principal articulador» fue Jair Bolsonaro en su afán de anular las elecciones de 2022 y mantenerse en el poder, con el apoyo de antiguos ministros y algunos altos mandos militares.
Por ello, el líder ultraderechista se enfrenta a una posible pena de entre 12 y 40 años de prisión.
Por su parte, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, autor de la denuncia contra Bolsonaro y quien también participó en la sesión de este viernes, expresó su solidaridad a De Moraes por las sanciones de EEUU, que calificó de «asombrosas» e «inconcebibles».
Y defendió la actuación «legítima» del magistrado, quien garantizó que el Supremo dará una respuesta «sin injerencias» sobre quiénes fueron los responsables del intento de golpe. EFE
