Tegucigalpa – El Juez de Letras designado dictó este jueves audiencia inicial sobreseimiento definitivo al diputado al Congreso Nacional, Alberto Chedrani, y al excongresista José Vicente León por el delito de fraude.
Igualmente, se dictó sobreseimiento provisional a éstas dos personas por el delito de fraude.
Asimismo, el juez otorgó sobreseimiento provisional a los excongresistas Oswaldo Ramos, Ricardo Díaz y Rodimiro Mejía por el delito de fraude.
(Leer) Acusan a actual diputado Chedrani y otros excongresistas por presunto lavado y fraude
De igual manera, fueron sobreseídos de manera definitiva por el delito de falsificación de documentos públicos los ciudadanos Marvin Alexis Sabillón Rivera quien era contador de la organización OIMSOM y Ramón Eduardo Núñez Rodas de OLICODE.
Mientras que los ciudadanos Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Casulá Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya fueron sobreseídos de manera definitiva por el delito de encubrimiento.
De este caso, quedan pendientes dos personas de someterse al proceso judicial: Dalia Esmeralda Palma Sánchez, quien es presidente de la ONG de OLICODE, y José Wilfredo Flamenco Ramírez.
Éstas dos personas fueron acusadas por los delitos de fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
Expediente
Según las investigaciones, los imputados se coludieron para crear las ONGs OLICODE y OIMSO, para el desarrollo de 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán.
Sin embargo, de los proyectos solo se ejecutaron un aproximado de cinco y, de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.
La Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción (UFERCO) señaló que, desde su origen durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONGs se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades.
Los diputados se valieron de su cargo para drenar recursos estatales, mientras que los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). AG
