Tegucigalpa, Honduras. La instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) avanza a paso de tortuga.
Con ello, al actual gobierno se le escapa de las manos una de las más ansiadas promesas cuyo cumplimiento valoraría el pueblo hondureño y que pudo ser el as más certero para garantizar un segundo mandato del partido en el poder.
Luego de que el pasado 15 de diciembre venciera, nuevamente, el Memorando de Entendimiento, poco o nada se ha dicho sobre el avance de este mecanismo.
La que sigue siendo una promesa de campaña ha tenido un tortuoso camino en un país condenado a la pobreza por el mal uso de los recursos públicos y espantosos casos de corrupción, sin acceso a la Cuenta del Milenio y que cierra 2023 con 0.41 en el Índice de Estado de Derecho, uno de los más bajos de la región solo por detrás de Nicaragua.
Pero, ¿por qué no viene la CICIH? Luego de las visitas de la misión exploratoria, poco o nada parece concretarse.
Aún, a dos años de su mención, sigue siendo incierto el poder, alcance o autonomía que tendría la Comisión. Mientras sectores de la sociedad civil exigen «dientes» para la CICIH, el estamento legal en Honduras solo permite que el Ministerio Público ejerza la acción penal.
Es oportuno recordar que el compromiso de una CICIH contempla su instalación con plenos poderes de investigación y con independencia absoluta para realizar acciones
inmediatas contra la impunidad y la corrupción de los titulares de los poderes del Estado.
Para ello, han flotado en el ambiente político propuestas como establecer la figura del querellante adhesivo o modificar la Constitución de la República para eliminar el monopolio de la acción penal, pero solo han quedado en ideas sin eco de análisis en el aparato gubernamental.
Lo anterior en detrimento que la voluntad popular se manifiesta a favor de un mecanismo que vaya más allá de realizar investigaciones de forma independiente y que más bien avance hasta la judicialización de los casos.
¿Y por qué no sería suficiente otorgar facultades investigativas? Solo veamos el ejemplo con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que desde 2014 a la fecha ha presentado 151 líneas de investigación, de las cuales 118 siguen en impunidad, pues los órganos persecutores del delito no han sido, a conveniencia, lo suficientemente beligerantes.
Ante estos escenarios, las comunicaciones con la Organización de las Naciones Unidas se han mantenido herméticas, sin dar mucho detalle de los tropiezos, acuerdos o avances (si los hay) para establecer este mecanismo que vendría a ampliar las acciones realizadas en su momento por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (QEPD).
La CICIH no vendrá, al menos no en el actual gobierno, los tiempos ya no calzan. Y, sumado a ello, la Ley de Colaboración Eficaz sigue siendo una deuda, así como la reforma del decreto n.º 130-2017, contentivo del actual Código Penal reformulando las penas por delitos en contra de la administración pública; sin contar las manchas que siguen dejando la inmunidad parlamentaria y la amnistía política.
Siendo así, la fiesta de la impunidad perdurará.
