Tegucigalpa – La desesperanza vuelve a apoderarse de los socios de Koriun Inversiones, quienes han retomado las calles para exigir una respuesta que nunca llega. Desde la noche del jueves, la carretera CA-13, a la altura de Choloma, permanece bloqueada por los manifestantes, hombres y mujeres que perdieron sus ahorros, sus inversiones y, en muchos casos, su salud mental.
-Miles de familias al borde del colapso económico y emocional mientras el Estado sigue sin dar respuestas.
“Nadie entra, nadie sale”, repiten los afectados, decididos a permanecer en el lugar hasta que las autoridades den una respuesta concreta. Muchos de ellos aseguran que llegarán a la Navidad sin un solo lempira, sin esperanza y sin atención psicológica, tras haber sido víctimas de un esquema financiero fraudulento que operó a la vista de todos.
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La falta de acción y coordinación entre las instituciones del Estado —el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y otras dependencias— ha profundizado el sufrimiento de más de 35 mil hondureños que confiaron sus recursos en una empresa que prometía rendimientos del 5 % semanal, pero que colapsó en un esquema Ponzi.
Aunque en abril pasado la CNBS y el Ministerio Público intervinieron la empresa y aseguraron bienes por más de 400 millones de lempiras, hasta la fecha no existe un plan claro de restitución ni acompañamiento humanitario para los afectados.
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Muchos relatan que han caído en depresión, que padecen ansiedad y que enfrentan deudas imposibles de pagar. Algunos incluso afirman haber perdido su medio de subsistencia, porque confiaron sus ahorros.
“Estamos enfermos, endeudados y sin esperanza. Nadie del Gobierno nos escucha. Nos prometieron justicia, pero lo único que hemos recibido es silencio”, expresó una de las manifestantes, quien asegura haber invertido sus prestaciones.
Jugando a politiquería barata
Para el analista en materia de seguridad, Germán Licona hablar de Koriun es hablar de una gran estafa que ocurre, “solamente en un país tercermundista, donde la clase política busca llegar al poder para servirse del poder y no para servir a la población”.
El profesional de derecho refirió en entrevista a Proceso Digital que «nadie busca que las leyes cambien o se modifiquen para advertir o para tomar algunas medidas y no caer en una crisis silenciosa como la situación económica de los aportantes a esta empresa privada”.
Licona destacó que lastimosamente el Estado no elevó las alarmas necesarias y si lo hizo, agregó, “los bancos, el Estado quedó ciego, sordo y mudo y reaccionó de repente cuando vio que se le venía una hecatombe y eso pues hizo también que las mismas personas afectadas se organizaran y hoy estén clamando para que el mismo gobierno les pague”.
No obstante, el analista señaló que el artículo 276 de la Constitución de la República establece que el gobierno no se puede hacer responsable por deudas privadas, sino por deudas públicas, por lo que ya hay una condición constitucional que limita a los politiqueros de turno querer invertir.
El letrado indicó que desde la CNBS, su titular, Marcio Sierra y desde el Congreso Nacional anunciaron que iban a pagar “jugando a politiquería barata, pero hay otras expresiones de otros ciudadanos en el cual se dice que fondos de la Secretaría de Defensa se invirtieron en esa en esa empresa y producto de esa situación al final lo tuvieron que sacar de los de más de quinientos millones que les encontraron en efectivo”, dijo.
Licona alertó que esa es una gestación bastante delicada, “más aún cuando vemos que en un Consejo de Ministros realizado en agosto, se les dijo que iba a haber una respuesta y al final no se dio y entraron en un estancamiento.
La protesta mantiene totalmente paralizado el tránsito vehicular entre San Pedro Sula y Puerto Cortés, una muestra del nivel de desesperación que viven los afectados.
El entrevistado destacó que hoy que los afectados vuelven a la lucha y se ve que la Policía no reacciona es por lo mismo, “me imagino han dado instrucciones de no generar conflicto con ellos y va eso va a continuar, juega en contra también de quienes aspiran de parte del oficialismo a querer mantenerse en el poder”.
En todo caso Licona ve como una salida la demanda en lo civil y buscar un resarcimiento mediante los activos fijos tangibles para que sean los juzgados quienes puedan determinar ese extremo.
Soluciones en concordancia con la ley
El corredor San Pedro Sula-Puerto Cortés es el corazón de la actividad comercial hondureña, ya que desde el puerto salen hacia el exterior los principales productos de exportación e ingresan las importaciones de materias primas y los principales bienes de consumo. Además, el epicentro es Choloma, la principal ciudad de la industria de la maquila.
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El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña dijo a Proceso Digital que la oferta realizada por el gobierno a las víctimas de Inversiones Koriun debe examinarse bien, determinar cómo se procederá y que es lo que permite la ley.
Para el diputado por el departamento de Cortés, donde se han realizado una buena parte de las acciones de presión de parte de los afectados estas actuaciones y hoy es la zona cero de las protestas, estas soluciones “deben realizarse en consonancia con la ley y al conocimiento de que la misma se hace de las deudas particulares y las deudas oficiales del Estado”.
El caso Koriun es hoy un reflejo de la debilidad institucional y de la indiferencia estatal ante el dolor humano. Las víctimas no solo perdieron dinero, sino también su estabilidad emocional y de a poco también pierde su fe en la justicia. Mientras tanto, las autoridades continúan sin ofrecer una salida tangible, y el tiempo corre en contra de quienes, tras la estafa, quedaron literalmente en la calle.
Para el caso, el director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, dijo este viernes que como parte del Estado, lo único que les puede decir a las víctimas de esta estafa es que se mantengan en diálogo.
“Habrá que ver si dentro del gobierno existe alguna manera legal de que se pueda sino todo, en parte, resarcir ese tremendo daño que se le ha ocasionado a muchos ciudadanos, al no haber hecho las consultas necesarias, por no tener educación financiera”, indicó Zelaya.
Un caso mal manejado
El analista político, Kenneth Madrid indicó a Proceso Digital que ese caso fue muy mal manejado por el Ministerio Público, pues desde el momento en que comenzaron las investigaciones y había ya indicio para presentar un requerimiento fiscal nunca debieron haber devuelto el dinero a estas personas para que ellos se lo entregaran a los ahorrantes.
Madrid enfatizó que lo lógico es que el dinero debió ser secuestrado, “hubiera quedado judicialmente y hubiera sido el juzgado quien con la presentación de recibos comenzara a devolver dinero. Prácticamente devolvieron alrededor de 400 0 500 millones que devolvieron, si no es que más, porque habían dicho que se habían encontrado como 700 millones en efectivo y al final devolvieron una cantidad”.
El profesional del derecho agregó que la Fiscalía cometió otro grave error “cuando ya el efectivo ya no existía, solo vinieron y fueron a las cuentas que tenían en los bancos y esas cuentas también las fueron a sacar del banco, lo llevaron a la empresa Koriun, dijeron que el día siguiente lo iban a devolver y no le devolvieron nada a nadie”, recordó.
A raíz de este mal manejo, apuntó Madrid, “hay nada más, unas personas imputadas, se les está siguiendo el trámite correspondiente pero eso no viene a resolver el problema porque al final quien adeuda a los inversionistas es obviamente el gerente de Koriun Inversiones, pero él de donde va a pagar, no tiene nada”.
Pero este tantos desaciertos, el analista destacó que el peor error del gobierno de Xiomara Castro fue haber dicho que ellos iban a pagar con lo que al final del camino, obviamente el caso ha estado estancado porque el gobierno no se ha pronunciado, la CNBS lo manejó muy mal también y ahora está estancado porque está siguiendo el proceso contra estas personas, pero no se está dando solución a las demás personas”.
En las próximas semanas, los afectados dicen que se preparan para una amarga Navidad: sin respuestas, sin dinero y sin esperanza, pero con una convicción firme —seguir luchando hasta que alguien en el Gobierno los escuche. PD
