Tegucigalpa – En las últimas horas un juzgado con jurisdicción nacional declaró “sin lugar” la solicitud de otorgar medidas sustitutivas a las personas señaladas de lavado de activos por un monto superior a los mil millones de lempiras en el marco de la Operación Arcano del Ministerio Público.
El argumento de la defensa, que fue rebatido por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), era que en apego al decreto transitorio PCM 36-2020 normativo de la pandemia del COVID-19 y a la reciente reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal sobre la aplicación de medidas cautelares, se debía revocar la prisión preventiva a Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez.
Lo anterior, al igual que una serie de nulidades, recusaciones y recursos, le fueron rechazados a los apoderados legales de los imputados, informó el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán.
Añadió que hay que tomar en cuenta que la Operación Arcano surge a raíz de que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), recibió denuncias desde julio de 2014, sobre la existencia de una empresa denominada Incobe, cuyo propietario Rigoberto Benítez Guerra, había tenido un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico.
La investigación patrimonial permitió identificar la constitución de sociedades mercantiles en los rubros de explotación de maquinaria pesada, minería y comercialización de derivados del petróleo; de igual manera, se pudo comprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pagos de tributos y productos financieros obtenidos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que permitió establecer que los denunciados realizaron compras, traspasos y traslado de activos, entre otras actividades, que no tienen justificación económica o lícita de su procedencia, apuntó Morazán.
En ese sentido, el 25 noviembre de 2019, el Ministerio Público ejecutó cinco capturas, ocho allanamientos de morada, siete inspecciones a negocios y 353 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, en los departamentos de Cortés y Copán.
