Tegucigalpa– Este jueves se ha presentado para continuar con su audiencia inicial el diputado nacionalista, Nelson Márquez, quien, junto a otras personas mantiene un proceso judicial por el delito de fraude en contra del Estado.
“Estamos aquí cumpliendo con las instrucciones y cumpliéndole al pueblo porque esto hay que llevarlo de frente, confiamos en que los procesos se darán y demostraremos que siempre se actuó de buena fe”, afirmó a su llegada a la Corte Suprema de Justicia.
Aseguró que “el dinero no tiene vinculación con nuestra gestión, no tenemos vinculación con unos 2,800 millones, nuestros abogados lo demostrarán”.
Márquez es uno de los líderes del Partido Nacional en el departamento de Intibucá y actual subjefe de la bancada del Partido Nacional, principal fuerza de oposición de Libertad y Refundación (Libre).
Este caso contra Márquez y otros imputados sucede en un ambiente crispado y de incertidumbre de cara al proceso de elecciones generales del 30 de noviembre.
Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, los imputados supuestamente drenaron tres mil 084 millones de lempiras mediante demandas ilegales.
El requerimiento fiscal surge en el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo con el relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo con la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo con el MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso. IR
