Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El clima de libertad de expresión sigue elevando su tono de hostilidad en este país centroamericano en una escalada de intolerancia a la crítica, donde se registran más de 199 agresiones en contra de 64 medios de comunicación en los últimos 18 meses, mientras desde el oficialismo los calificativos hacia quienes cuestionan el actuar del gobierno van desde “pencos”, “imbéciles”, “vándalos”, “perros de garra”, hasta “cipayos”, entre otros.
Las agresiones hacia los medios de comunicación están a todo nivel: medios corporativos tradicionales, medios digitales, medios comunitarios; medios religiosos, medios de cobertura regional, caricaturistas, líderes de opinión y periodistas que cuestionan o escriben advirtiendo los desaciertos del gobierno.
El uso de calificativos contra la prensa como “mentirosos” o “escoria”, un término asociado con la crítica de los medios percibidos como “de oposición” fueron muy comunes en 2024, señala el más reciente informe de libertad de expresión emitido por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El Informe que analizó ocho categorías desde violencia, ataques legales, censura, coacción a la protesta social, restricción al acceso a la información, entre otros aspectos, destaca que las alertas sobre violencia y restricción al acceso a la información fueron las más destacadas en el 2023 y lo que va de 2024. Dentro de estas alertas, advierten sobre las crecientes amenazas e intimidaciones sobre las mujeres periodistas en redes sociales.
Los departamentos que generaron más número de alertas fueron Francisco Morazán, Choluteca, Colón, Cortés, Yoro. En esas zonas los principales agresores hacia la prensa y medios de comunicación recae en los funcionarios públicos, gente desconocida, funcionarios municipales, policías, militares, sector privado ligado a la industria extractiva, entre otros.
Principales agresores a la libertad de expresión
Entre los funcionarios identificados como los mayores agresores de la libertad de expresión en 2023 se encuentran empleados, directores y funcionarios de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), el Congreso Nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL), Casa Presidencial, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), municipalidad de Roatán, municipalidad de Danlí, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), el Hospital Mario Catarino Rivas, la Secretaría de Seguridad, y el Sistema de Administración de Rentas (SAR).
También el secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), la aduana El Guasaule, la alcaldía de San Pedro Sula, el Instituto de la Propiedad, la Dirección de Protección al Consumidor adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, la municipalidad de Tocoa, la embajada de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Policía Municipal de Cortés, la municipalidad de Curarén, la Dirección de Niñez y Familia (DINAF), ahora SENAF, la Secretaría de Planificación Estratégica; la Secretaría de Seguridad, la municipalidad de Santa Rosa de Copán, la Secretaría de Prensa y las Fuerzas Armadas.
La violencia utilizada para las agresiones contra los periodistas por estos actores del sector público va desde amenazas, intimidación, estigmatización, agresión física selectiva, asesinato, atentado, insultos y descalificaciones, detención arbitraria, hostigamiento, otras agresiones violentas, criminalización hasta robo de equipo periodístico.
El informe del Comité por la Libre Expresión coincide con los datos proporcionados por el primer informe de la democracia del Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) que identifica entre los principales agresores al espacio cívico y a la libertad de expresión a los funcionarios públicos.
El Observatorio para la Democracia señala que al menos 15 altos funcionarios del actual gobierno, encabezados por la Secretaría de Planificación Estratégica, y Comunicación, el Canciller de la República y uno de los vicecancilleres, así como diplomáticos hondureños, diputados oficialistas, activistas políticos, asesores, y otros, encabezan las estrategias de descrédito, descalificación, violencia de género y violencia verbal en contra de los periodistas, medios de comunicación y actores claves que conforman el espacio cívico.
Las “Cuentas alternativas al poder”; quién las paga
El Observatorio en su reporte va más allá al identificar lo que denominó “Cuentas alternativas al poder” como “minota”, “El Búnker 504”, “No te lo dicen”, “HN El Dardo”, que en los meses que va de 2024 han recibido pauta publicitaria por más de 821 mil lempiras en redes sociales como en Facebook e Instagram. ¿Quién financia estas cuentas?, se pregunta el Observatorio de la Democracia de la RDD.
Al trascender los informes del Observatorio de la Democracia y luego el del Comité por la Libre Expresión, el ministro de Planificación Estratégica y Comunicaciones, Ricardo Salgado, posteó el 20 de noviembre un hilo en los que destacaba lo siguiente: “Ya se ve venir una nueva campaña contra el gobierno. Esta vez vienen con que violamos la libertad de expresión”. Hasta la fecha, dijo, ningún medio ha recibido coacción de ningún tipo por parte de esta administración, ni se les ha pedido que cambien su línea editorial. Ningún periodista ha sido asesinado por fuerzas del Estado, ni se le ha perseguido a nadie por decir lo que piensan, acotó el ministro Salgado.
En su hilo, Salgado dijo: “no han recibido pauta (publicitaria) quienes no han llegado a hacer una oferta que demuestre que comercialmente que el producto que compramos servirá para exaltar los innegables logros del gobierno de la presidenta Castro. El gobierno paga pauta publicitaria a todos los medios que le es posible sin poner ningún criterio político o partidario para la escogencia de quienes reciben o no”. Salgado, finalmente, en su post llama a un “diálogo” a los medios sobre la “ética comunicacional” que debe prevalecer, no sin antes, acusarles de “mentir” y de propagar discursos de odio.
El informe del Observatorio de la Democracia citando al medio digital Expediente Público revela que, en el 2023, el gobierno de la presidenta Castro erogó un poco más de 5 millones de dólares en pauta publicitaria bajo los siguientes parámetros: contrataciones directas, “contratos especiales” sin más información, otros pagos son por publicidad gubernamental, hay pagos para cubrir eventos de la presidenta Xiomara Castro o discursos; entre otros.
La virulencia de los ministros
Y en las últimas dos semanas, esa virulencia hacia la prensa, los medios, periodistas y caricaturistas ha ido ascendiendo, luego que éstos registraran expresiones impropias ofrecidas por sus ministros. El 21 de noviembre, un día después del post del ministro Salgado, la titular de la Secretaría de Defensa, Rixi Moncada, tildó a los críticos del gobierno y su gestión de “pencos” y “chabacanes”.
“Un montón de chabacanes o pencos que opinan todos los días respondiendo a una matriz del conservadurismo de la violencia y la criminalidad organizada”, dijo la ministra Moncada, al referirse a los críticos y la oposición política. Moncada, quien además de ostentar la titularidad de la secretaría de Defensa, es la precandidata del oficialismo y de la pareja presidencial para encabezar la candidatura presidencial en las internas y primarias de marzo de 2025.
También es la designada de la Casa de Gobierno para conducir las negociaciones con la ONU para la instalación de la CICIH, junto al canciller, Eduardo Reina, quien, a su vez, es uno de sus candidatos en la fórmula presidencial a designado presidencial. La funcionaria señalo que todos los que dan opiniones críticas contra el gobierno, buscan irrespetar la institucionalidad, generar violencia y promover golpes de estado.
Las expresiones de la alta funcionaria sorprendieron a la opinión pública por virulencia de las palabras, que intentó “componer” en recientes declaraciones indicando que se refería a la “oposición criminal” que estuvo en el poder en los últimos 12 años. Luego Moncada acusó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de ser “un partido (político) disfrazado de sociedad civil; ser un vocero político), porque denunció presuntas irregularidades de corrupción por el orden de 8 millones de lempiras en la secretaría de educación relacionada con la compra de inmobiliario escolar.
Desde la Casa Presidencial, salió el ministro de Planificación Estratégica y Comunicaciones asegurando que se estaba montando una “campaña de odio” en contra de la ministra de la Defensa para impedir que llegara a la presidencia en los comicios generales de noviembre de 2024. Se ha “iniciado una campaña de descrédito contra la compañera Rixi Moncada”, posteó el ministro, la cual fue recogida por varios ministros del gobierno de Castro.
Pero la virulencia contra los medios y la crítica subió otro peldaño con la ministra de Salud, Carla Paredes, quien, desde un evento en Austria para promover la medicina nuclear en Honduras, reaccionó airada a la denuncia de los medios de prensa sobre la suspensión de cirugías en el Hospital Escuela—el principal del país—por falta de insumos para poder operar como el algodón. Se tuvo que acudir a otros centros hospitalarios públicos para solventar ese impasse y poner reanudar, dos días después de la denuncia, las operaciones que estaban programadas.
La falta de algodón y de otros insumos básicos para operar en la sanidad pública, sacaron de su lugar a la titular de la Salud, al calificar a los medios y a quienes critican el desastre en la administración pública de la salud, como “imbéciles” y “mal nacidos”.
La funcionaria dijo que la falta de algodón era una cuestión “minúscula”. “Tienen tan poco de qué hablar, poco de qué agarrarse, porque algo tan minúsculo lo convierten en noticia”. “Hay muchos malnacidos que no les interesa el bienestar del pueblo y solo les interesa fastidiarlo”, acotó la funcionaria, para arremeter contra quienes cuestionan el discurso de construcción de ocho hospitales públicos como pregona el gobierno.
“Hay que ser imbécil, pero imbécil integral, como decía Facundo Cabral, para hacer esa comparación. Tienen tan llena la cabeza de basura y el corazón permeado de mostaza, que no les permite ver con claridad”, sentenció la ministra.
A esos exabruptos se suman otros al registrarse altercados por entrevistas entre funcionarios del gobierno y periodistas de medios digitales, difusión de trabajos periodísticos que han incomodado al poder, hasta caricaturas que estiman “ofenden” la dignidad de los personajes citados o de las instituciones. La mayor visceralidad se da en las redes sociales donde los ataques digitales de personajes del gobierno y cuentas afines al poder son violentos, intimidantes, groseros y de alta estigmatización y descalificación a la prensa, los medios y los actores claves y críticos que conforman el espacio cívico.
Medios digitales han denunciado la suplantación de sus líneas gráficas para generar desinformación o sembrar desde ahí campañas de odio y estigmatización hacia actores críticos, analistas, oposición política e incluso el sector privado.
Según el Índice de Chapultepec que elabora la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Honduras se encuentra en una posición de país con “alta restricción” para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. El país obtuvo una puntuación de 39.85 puntos de 100 puntos posibles.
Los medios de comunicación corporativos tradicionales, digitales, y otras formas de expresión se encuentran bajo ataque, advierte la SIP. En tanto, C-Libre indica que en el 2023 se produjeron 112 alertas donde las principales víctimas de la agresión a la libertad de expresión fueron los periodistas, las vocerías comunitarias, los medios de comunicación, últimos que viven un fuerte hostigamiento hacia sus plataformas informativas, asegura el reporte de esta instancia civil hondureña. (PD)
