Tegucigalpa – La audiencia preliminar contra 12 ex directivos y dos ex funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) acusados por dos delitos, ahora pasa a la Corte de Apelaciones antes de definir si se abre o no el juicio oral y público por esta causa.
En la audiencia preliminar desarrollada este lunes el Ministerio Público presentó 53 medios probatorios y dos testigos. El juez natural Elmer Lizardo declaró sin lugar las excepciones presentadas por las siete defensas privadas.
El fiscal Roberto Ramírez Aldana dijo que en esta audiencia, que duró alrededor de nueve horas, la Fiscalía logró sostener las pruebas aportadas.
El juez ordenó a la defensa que contesten cargos y que procedieran a culminar la otra parte de la audiencia a lo que éstos se abstuvieron e invocaron la norma procesal penal para interponer los recursos de apelación correspondientes en el término de tres días que establece la ley.
“Estaremos pendientes a que el caso suba a la Corte de Apelaciones para escuchar su criterio antes que se concluya la audiencia preliminar”, explicó el fiscal.
“La posición del Tribunal ha sido coherente con la pretensión fiscal y con la cantidad de pruebas aportadas ante esta judicatura”, dijo Ramírez Aldana.
En este caso específico, Mario Zelaya y Ramón Bertetti están acusados por abuso de autoridad y un delito en contra de la administración de fondos públicos y privados de pensiones.
Mientras los 12 ex miembros de la junta directiva, unos están señalados por abuso de autoridad y otros por delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de pensiones.
Según el Código Penal hondureño, el abuso de autoridad se castiga con penas de 3 a 6 años de prisión, en tanto por el delito en contra de la administración de fondos públicos y privados los castigos van de seis a 12 años de reclusión. Sin embargo, por tratarse de empleados públicos el castigo se aumenta en un cuarto.
De su lado el abogado defensor de los representantes obreros, Daniel Rivera Mena, dijo que la Fiscalía ha tratado de confundir la acusación mediante las intervenciones mediáticas.
Agregó que “ahora mediante un decreto presidencial emitido en Consejo de Ministros autorizan al IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) que no sólo pase recursos a EM (Enfermedad y Maternidad), sino que se transfieran fondos a cualquier institución que decida el Estado de Honduras… lo que fue ilegal antes ahora es legal, eso nos permite aplicar el artículo 96 de la Constitución de la República en el sentido de que la retroactividad de la ley es permitida cuando beneficia al procesado”.
El profesional del derecho Rivera Mena afirmó que no duda que la Corte de Apelaciones actuará en favor de la defensa porque existen argumentos sólidos para ese cometido.
Los procesados
Los imputados son: Carlos Montes Rodríguez, ex subsecretario de Trabajo; José Hilario Espinoza, secretario de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y Luis Alonso Mayorga Gálvez.
También están acusados Arturo Bendaña Pinel, ex ministro de Salud y actual diputado por el Partido Nacional; Javier Rodolfo Pastor, ex subsecretario de Salud; Leonardo Villeda Bermúdez, Arnoldo Gabriel Solís Córdova y Óscar Manuel Galeano Florentino, los dos últimos representaron al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Asimismo, Daniel Antonio Durón Romero, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT); José Manuel Espinal; José Humberto Lara Enamorado; Odessa del Carmen Henríquez.
La lista la completan el ex director del IHSS, Mario Zelaya; y Ramón Bertetti, ex gerente financiero de esa institución. Únicamente estos dos ex funcionarios guardan prisión aunque es de remarcar que es por otros delitos y no en este caso específico.
Relación de hechos
De acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía hondureña, los ex miembros de la junta directiva del IHSS incumplieron en forma reiterada el artículo 58 de la Ley del Seguro Social, al efectuarse préstamos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), que a junio de 2013 ascendía a mil 910 millones de lempiras.
El destino de estas transferencias no cumplió el supuesto objetivo por el que fue aprobado por la junta directiva del IHSS, establece el requerimiento fiscal.
Según la Fiscalía, se disfrazó la transferencia ilícita a través de una resolución; los préstamos fueron utilizados para financiar gasto corriente y cubrir obligaciones de pago, lo que perjudicó la estabilidad financiera del IHSS.
