Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en Honduras, difundido por la prestigiosa organización Transparencia Internacional (TI), por medio de su capítulo en Honduras, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), en donde el país se encuentra ubicado entre los cuatro países más corruptos de América Latina, y segundo en Centroamérica, después de Nicaragua, ha desatado un pandemónium en Honduras, en especial desde el lado oficial, que amenaza el desenvolvimiento del espacio cívico y el derecho a saber y a la información en este país centroamericano. En tanto, otras organizaciones y gremios también son víctimas de descalificación y amenazas, según sus denuncias.
– Defensores humanitarios, periodistas, organizaciones civiles anticorrupción, sindicatos, gremiales y ambientalistas denuncian la zozobra en que sobreviven.
– El Congreso hondureño creó una comisión que deja dudas en torno a sus propósitos y los periodistas como defensores de la libertad de expresión temen que busque aplicar una “Ley Mordaza”
– Gremialistas y sindicalistas del sector salud sienten y denuncian irrespeto a sus derechos y coacción en las actividades de sus agrupaciones.
Honduras fue calificado con un índice de percepción de 2.3 en una escala de 0 a 10, en donde el país que más se acerca a Cero (0) es percibido como el más corrupto y el que se acerca a 10, es concebido como una nación menos corrupta que se acerca a los estándares de un país de transparencia e integridad.
Esa puntuación, según Transparencia Internacional, indica que el país por segundo año consecutivo se ha estancado en la lucha anticorrupción, es decir, ni avanza, ni camina al abismo, y ese estancamiento es una puntuación que rige también a una gran parte de países en el mundo, un total de 180 que han sido medidos en forma global. El estancamiento en la lucha contra la corrupción obedece a que los gobiernos de los países señalados no actúan para salir de ese estancamiento, advierte el informe.
En este sentido, los integrantes de TI señalan que existe una tendencia mundial al debilitamiento de los sistemas judiciales y se está reduciendo la rendición de cuentas de los funcionarios públicos fomentando así la opacidad y la impunidad. Los líderes democráticos y los líderes autoritarios están socavando la justicia y aumentado la impunidad por la corrupción, señalan los impulsores del IPC, una de las herramientas de mayor credibilidad mundial por su metodología.
Transparencia Internacional elabora su índice en consulta con 13 fuentes externas, entre ellas datos del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, empresas de consultoría y centros o tanques de pensamiento. Cada una de las 13 fuentes califica a los países utilizando su propia escala. Las opiniones reflejan el sentir de expertos y empresarios, no del público en general. En su portal, la organización pública la metodología que utiliza y toda la información necesaria de interés público.
Su trabajo en la lucha contra la corrupción, a través del IPC, le ha permitido convertirse en una organización de credibilidad y confianza mundial. Tiene sus capítulos que le representan en al menos 100 países en el mundo, entre ellos la ASJ, en Honduras, una representación que esta instancia de sociedad civil se ganó luego de una serie de requisitos y evaluaciones que pone TI para dar la acreditación de representatividad.
Se desata el pandemónium
De acuerdo con el Informe sobre Riesgo Político publicado a inicios de este año, una de las principales explicaciones para el sistemático bajo desempeño en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad está en la existencia de estados semipatrimonialistas. Este se manifiesta, por ejemplo, en el uso arbitrario del poder por parte de los gobernantes, o el beneficio selectivo en la provisión de servicios públicos hacia las clientelas de los oficialismos, además de la concentración de poder, última sobre la cual han advertido analistas y estudios de investigación presentados por instancias civiles hondureñas y regionales.
La difusión del último IPC que indica que Honduras sigue en el vagón de los países corruptos y que se mantiene estancando en los últimos dos años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha desatado los demonios en el oficialismo y partido en el poder, Libertad y Refundación, con una sistemática campaña de descrédito y descalificación hacia las organizaciones de TI y la ASJ.
¿Quiénes son esas ONG, ideologizadas, con agenda propia? ¿Cómo miden ese índice?, ¿Quién cree en la ASJ? ¿Ese índice tiene un sesgo porque solo castiga a los países de izquierda en América Latina, eso nos hace un ruido? ¿Por qué quieren desacreditar al gobierno de la primera mujer presidenta en Honduras, donde no ha habido un tan solo acto de corrupción en dos años? Han sido las respuestas virulentas desde el gobierno, desde las más altas autoridades hasta los activistas y diputados de Libre y directivos del CN.
Y el ministro de Transparencia, Jaime Turcios, se encuentra tan ofendido por el IPC que ha anunciado que pedirá a Transparencia Internacional y la ASJ les envíen la metodología, a quienes entrevistaron, el cuestionario y demás instrumentos para hacer un análisis riguroso pues no descartan demandarlos jurídicamente por “afear” la imagen del país, el gobierno de la presidenta Castro y ahuyentar la inversión de capitales en el país.
En tanto, el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, anunció que tanto la ASJ como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) deberán acreditar ante ese ministerio si han “actualizado” sus juntas directivas, que se deben revisar el papel de esas instancias civiles. Vaquero, el año pasado anunció que iban a cerrar varias ONG por inconsistencias, y hoy ante el Índice de Percepción de Corrupción de TI, volvió a enviar un mensaje a las organizaciones de sociedad civil.
La virulencia con que ha reaccionado el gobierno ha sido interpretada por instancias civiles como el CNA, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H), Foprideh, Fosdeh, el obispo de San Pedro Sula, monseñor Miguel Lenihan, el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, el Colegio de Periodistas de Honduras y otras organizaciones y voces críticas, como una clara amenaza sobre el cierre de espacios cívicos y las voces críticas en Honduras. También como un preocupante signo de intolerancia a la crítica y la diversidad de pensamiento, que no son parte de un régimen democrático, sino de preocupantes tendencias autoritarias.
El espacio cívico, es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. El país, sostienen los entendidos, enfrenta uno de los riesgos políticos más preocupantes cuando desde instancias oficiales se busca acallar las voces críticas de una sociedad, sean organizaciones civiles o actores políticos, analistas, periodistas, medios de comunicación, otros.
Advertencias civiles e internacionales
Uno de los indicadores que mide el IPC de TI va desde mordidas o sobornos, fondos públicos, persecución efectiva de la corrupción, protecciones legales para denunciantes, periodistas, investigadores, testigos protegidos, entre otros. El acceso a la información y el derecho a saber es uno de los indicadores claves en esta medición y Honduras no sale tan bien en esta medición.
Las organizaciones de libertad de expresión y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, junto a instancias como las CIDH y la relatoría de libertad de expresión, han recogido denuncias y testimonios sobre negativas de acceso a la información pública, pese a haber sido derogada la Ley de Secretos. La discrecionalidad y la llamada información clasificada o secreta rige en dependencias claves y la prensa no puede tener acceso a información clave porque la mayoría de las dependencias, incluyendo el Congreso Nacional, alegan secretividad. En materia de rendición de cuentas de los servidores públicos, el gobierno ha declarado secretividad la evaluación de gestión de resultados de los funcionarios bajo el argumento que puede “dañar su imagen” y credibilidad.
En tanto, las amenazas hacia el espacio cívico que comprende también la libertad de expresión y el acceso a la información, no se dan a través de la reacción gubernamental por la difusión del IPC de TI, se remonta hace más de un año cuando el CNA reveló un informe en donde denunciaba el nepotismo en la actual administración pública, conocido como “el familión”. Ese informe desató una furia gubernamental similar a la que se ha visto ahora en contra de TI y la ASJ. La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, tuvo que salir del país por amenazas a su integridad.
Previo a ello, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) fue estigmatizado y bajo fuertes campañas de desprestigio en las redes sociales cuando anunció la organización de una marcha para exigir en las calles que la lucha anticorrupción y la llegada de la CICIH fuera una realidad y menos discurso público. La visceralidad de la campaña fue tal que llevaron a Cespad a cancelar la marcha, porque desde Libre fueron claros al indicar en sus redes y declaraciones de sus miembros que las calles les pertenecían.
Las amenazas sobre el espacio cívico también han sido elevadas ante instancias internacionales, entre ellas organizaciones de mujeres y actores políticos claves, que se han sentido intimidados desde el poder por sus posturas sobre temas relacionados con los femicidios y asuntos de interés político.
No obstante, ha sido la difusión de una información pública de interés como el IPC de Transparencia Internacional que ha generado la mayor de las incomodidades y llevado a sectores de cooperación internacional y altos funcionarios de Washington a expresar su preocupación por la intolerancia a la crítica, al derecho a saber y a las amenazas a los espacios públicos.
Desde el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, como la responsable de USAID para América Latina y el Caribe, Marcela Escobari, al señalar que las amenazas contra la ASJ son preocupantes, críticas y que los hondureños que luchan contra la corrupción merecen un entorno seguro para hacer bien su trabajo.
Al respecto, el canciller Enrique Reina, ha respondido negando que se estén cerrando los espacios cívicos en el país, sino que se “ha exhibido” a ONG que jugaron un rol nefasto en la narcodictadura, que se debe poner un freno a las políticas injerencistas, mientras el asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, es del criterio que estas ONG no hicieron nada cuando se expulsó a la MACCIH, y que ahora no pueden con la mano señalar un tan solo acto de corrupción del gobierno de la presidenta Castro, cuya gestión piensan desacreditar con “informes mal intencionados”. (PD)
