Tegucigalpa– La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó este miércoles la cuarta entrega del Observatorio de la Democracia, bajo el título “De la crisis a la búsqueda de gobernabilidad”, en la que revela preocupantes hallazgos sobre el manejo de recursos públicos y el estado del proceso electoral a 102 días de las elecciones generales.
-Hay notable incremento del gasto en publicidad y deficiencias en el proceso electoral
-El cronograma electoral presenta un retraso del 50 %
-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) muestra apenas un 9.7 % de efectividad.
Según el informe, el gasto en publicidad gubernamental entre enero y julio pasó de 271 millones de lempiras en 2024 a 445 millones en 2025, lo que representa un incremento del 64.2 % en este rubro. Asimismo, la inversión en bonos se disparó de 434 millones en 2024 a 702 millones en 2025, reflejando un crecimiento significativo del gasto público en un año preelectoral.
En contraste, las prioridades ciudadanas registran niveles críticos de ejecución: infraestructura hospitalaria, medicamentos, hemodiálisis y vacunas no superan el 27 %, la infraestructura escolar apenas alcanza el 12 % y la adquisición de textos escolares solo un 2 %. Para la RDD, esto evidencia una estrategia clientelar que desvía recursos hacia fines políticos en lugar de atender necesidades sociales urgentes.
El informe también denuncia que se han destinado 532 mil lempiras en medios alternos vinculados al poder para promover campañas específicas, lo que evidencia manipulación del discurso político y reducción del espacio cívico mediante la descalificación y ataques a periodistas, medios de comunicación y hasta iglesias que han impulsado iniciativas como la caminata por la paz y la democracia.
Para la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, el informe de la RDD, “es una muestra clara del interés que tiene la población por participar”.
López expresó que el próximo 30 de noviembre espera ver mucha participación no sólo en términos de voto, también de observación.
“Hay datos que obviamente preocupan, pero creo que esto es como ir al médico, cuando no hay diagnóstico no se buscan las soluciones y tenemos que ser un poco constructivos, no ceñirnos a las cosas que nos provoque pesimismo sino de hecho construir a raíz de los hallazgos y poder diseñar soluciones”.
La consejera dijo que ella cuenta con datos que son coherentes con los presentados por la Red, incluyendo cuentas de redes sociales que no han sido mencionadas y que forman parte de los ataques que ha denunciado incluso a nivel internacional.
La directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir destacó que en base a lo presentado por la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), los retrasos en el cronograma electoral son una amenaza al tiempo y a la estabilidad económica del proceso y sobre todo a la confianza entre los hondureños.
“El espacio cívico se restringe cada vez más, que un funcionario agreda o descalifique a un ciudadano solamente por no pensar igual que ellos es irrespeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. Son cosas que no abonan al proceso el estado democrático de derecho”, afirmó.
Elvir enfatizó que hoy más que nunca, los hondureños necesitan cumplir con sus deberes ciudadanos, entre ellos ejercer el sufragio, precisamente para exigir que se respete la voluntad del soberano.
Riesgos al proceso electoral
La RDD alertó que el cronograma electoral presenta un retraso del 50 %, lo que amenaza la legalidad, la confianza ciudadana y la estabilidad del proceso.
Cuatro de las ocho etapas clave no se han cumplido en los plazos establecidos, lo que pone en riesgo la certeza y la transparencia del proceso. Esta situación, según la RDD, es reflejo de la extrema partidización de las instituciones, que han priorizado intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley y la garantía de derechos ciudadanos.
“Tenemos que trabajar, así sea 20 o 24 horas al día, así como hemos estado, no tenemos una opción distinta, tenemos que tener listo el proceso electoral para el 30 de noviembre”. expresó al respecto la consejera presidenta del CNE, Cossette López.
A esto se suma la ineficiencia institucional: El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) muestra apenas un 9.7 % de efectividad.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) carece de capacidad para ejecutar sanciones.
El Ministerio Público (MP) registra una efectividad de apenas 2.04 %, ya que de 196 denuncias por delitos electorales solo ha presentado 4 requerimientos fiscales.
La Red advierte que este escenario podría derivar en serias implicaciones legales, sociales, técnicas y económicas, incluyendo un posible riesgo de que las elecciones no se realicen o se desarrollen sin criterios de calidad.
Entre las consecuencias más graves señalan un aumento de la polarización, menor participación ciudadana, incremento de la conflictividad electoral y debilitamiento institucional.
“La defensa de la democracia exige garantizar derechos sociales y enfrentar el clientelismo con políticas públicas que ataquen la pobreza y las desigualdades de fondo”, concluye el documento.LB
