Por: Luis Cosenza Jiménez
Esta semana la prensa ha informado que el Presidente ha solicitado a la CREE que revise el pliego tarifario que recién pusieron en vigencia.
Ahora bien, como la Ley no le asigna papel alguno al Presidente en la fijación de las tarifas eléctricas, cabe preguntar qué es lo que ocurre. Permítanme presentar algunas opciones para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones.
Comencemos por suponer que se trata de una posición presidencial basada en la Ley y en el respeto al estado de derecho. Recordemos que los funcionarios públicos no tienen más competencia que la que explícitamente les confiere la ley. Eso implica que las razones que podrían dar pie al planteamiento del presidente son las mismas que podrían sustentar una solicitud planteada por usted, estimado lector. En esencia, el único argumento que uno podría esgrimir para solicitar una revisión tarifaria es que la CREE no siguió el procedimiento establecido por la Ley General de la Industria Eléctrica.
En pocas palabras, que el pliego es ilegal, y si así fuera el presidente me estaría dando la razón, ya que yo públicamente he señalado la ilegalidad del procedimiento empleado por la CREE para preparar el pliego. La consecuencia de esto sería pedir a la CREE que prepare un nuevo pliego con estricto apego a la Ley, comenzando con la celebración de un concurso para contratar una firma consultora para que prepare los estudios establecidos en la Ley, incluyendo el cálculo de valor agregado de distribución.
Además la firma consultora debería asegurarse que no se traslade al consumidor la ineficiencia de la ENEE, recordando que esto no se refiere únicamente a las pérdidas eléctricas, sino que también a la ineficiencia en la compra de energía que se refleja en los precios leoninos que pactaron para la compra de energía fotovoltaica. Finalmente, una vez que los consultores finalicen su trabajo, la CREE debería a celebrar las audiencias públicas que manda la Ley.
Si lo anterior es correcto, es decir, si lo que preocupa al presidente es la ilegalidad del proceso, entonces a corto plazo deberíamos ver el lanzamiento de un concurso para contratar una firma consultora. Si esto no es así y simplemente se trata de obligar a la CREE a que “suavice” el pliego tarifario, entonces estamos frente a una preocupante situación. En el mejor de los casos se trataría de un abuso de autoridad del presidente ya que él no tiene competencia en el tema.
Se trataría de un atropello a la independencia de la CREE y de un claro irrespeto a la institucionalidad y el estado de derecho. El presidente trastocó la integración de la CREE, y abusando de su autoridad nombró a su presidente, cuando la Ley explícitamente establecía otro mecanismo para ello. Estos antecedentes permiten pensar que se trata de más de lo mismo, de otro abuso de autoridad. Ojalá que no sea esto así, pero el tiempo lo dirá.
No obstante, cabe otra posibilidad, más preocupante aún. Podría ser que se haya pensado que políticamente convenía que la CREE presentara una propuesta que permitiera que el presidente luego interviniera para “proteger al pueblo”. Esto resultaría en una bonanza política para el presidente, a expensas de la institucionalidad, la reputación e independencia de la CREE, y del sector eléctrico. Nuevamente, ojalá que no sea esto así, porque de otra forma habría que concluir que todo puede ser sacrificado en el altar de la reelección.
Recuerde, estimada lectora, que si ignoramos momentáneamente que el presidente no tiene competencia en el tema, y si pensamos que en efecto preocupaba al presidente el impacto que el pliego tarifario podía tener sobre el pueblo, lo lógico, lo prudente, hubiera sido pedir a la CREE que enviaran la propuesta a presidencial previo a ponerla en vigencia. Pero no, se optó por otro camino que obviamente tiene implicaciones políticas.
Cabe preguntar cómo esta comedia será vista por la comunidad internacional, en particular por el Fondo, con quien el gobierno pactó una reducción explícita del déficit de la ENEE, tal y como consta en la Carta de Intenciones firmada por el presidente del BCH y el Secretario de Finanzas y enviada a la Directora-Gerente del Fondo. Salvo que ocurra otra estrepitosa caída en los precios del petróleo, la única forma de cumplir con ese compromiso en el corto plazo es subiendo las tarifas, y por tanto, pese a lo que digan, el ajuste tarifario tiene su origen en la citada Carta de Intenciones.
Por ahora no queda más que esperar y ver cuál es el siguiente paso de la CREE. Lo que me parece innegable es que todos hemos perdido en el proceso. Salvo que se alegue la ilegalidad del proceso, se ha violentado el estado de derecho, se ha debilitado nuestra ya frágil institucionalidad, se ha golpeado el sector eléctrico y puesto en ridículo a la CREE. Si no se trata de cuestionar la legalidad del proceso, lo ocurrido es una verdadera lástima que nos empequeñece a todos.
