Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Con la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, se cerró una puerta para los contratos y proyectos que el Gobierno decidiera mantener en secreto, pero quedó abierta la ventana de la reserva de información, a la que cada vez llegan más solicitudes.
La denominada Ley de Secretos, clasificaba la información en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta con períodos de 5, 10, 15 y 25 años, lo que favoreció la opacidad, la sospecha y afectó seriamente las libertades, especialmente la de expresión y el derecho a la información. El 1 de marzo de 2022, el Congreso Nacional le puso fin.
El analista político Kennett Madrid resalta que la derogación de la Ley de Secretos ha sido valorada por el pueblo hondureño, y agrega que espera que las reservas estipuladas en la Ley de Acceso a la Información, en sus artículos 17 y 18, “sean amparadas en ley y que efectivamente la veeduría tenga acceso”.
El artículo 17 de la ley en mención dice que la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma. Además cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique tanto la seguridad del Estado; como la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, entre otros.
No obstante, Madrid mencionó que uno de los casos más recientes que ha despertado el rechazo popular es el referente al contrato de energía eléctrica. “Yo no creo que ponga en riesgo la seguridad del Estado, yo creo que es más una relación mercantil que el Estado va entrar en formación”, dijo.
“Las democracias más sanas son aquellas, donde se tienen sociedades civiles fuertes, donde estar realizando veedurías sociales”, destacó.
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Información en reserva
Tras 27 meses de haber tomado el mando del país, el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) ha solicitado que la información de 16 proyectos se mantenga bajo este concepto.
Desde las diligencias del caso de la muerte de tres mujeres en Roatán, pasando por la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne, los datos cruciales para la economía hondureña como el ingreso y egreso de divisas y las cruciales reservas internacionales, así la compra de las Black Mambas y el tren interoceánico, las solicitudes de enviar a secretividad los proyectos siguen llegando.
Según los reportes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la primera solicitud de enviar a reserva un proyecto llegó de la mano del Instituto Nacional Penitenciario, un día después de la toma de posesión de Libre con la presidenta Xiomara Castro a la cabeza.
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El 20 de mayo, el Servicio de Administración de Renta (SAR), hizo lo propio 81 días después de que el Congreso Nacional derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, que había sido aprobada en enero de 2014.
En el primer año, el IAIP contabiliza 4 peticiones de enviar a reserva información del Estado, una todavía sigue en trámite, la realizada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); la del 911 fue denegada, mientras que la del SAR sí fue declarada con lugar y la del INP fue declarada parcialmente con lugar.
En el segundo año del gobierno, en 2023 las solicitudes ascendieron a 10, desde instituciones como Antropología e Historia, la Dirección de Gestión de Resultados (DIGER), las Secretarías de Energía, de Desarrollo Social, Defensa y el Poder Judicial.
Hasta el primer trimestre del 2024, son tres las solicitudes que el IAPI ha recibido, desde la Secretaría de Salud, la Cancillería y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT): todas están en trámite.
Sin embargo, estas peticiones no superan las realizadas en 2021. El IAIP registra que recibió 12 solicitudes de secretividad de instituciones como las secretarías de Salud, de Derecho Humanos y la Dirección de Aduanas, Invest-H, el Instituto de Previsión Militar y Cancillería. En este caso, tres declaradas con lugar, dos con lugar pendiente, dos sin lugar y dos caducadas.
Proceso de solicitud de reserva
El asesor jurídico del pleno de comisionados del IAIP, Carlos Tábora, explicó que la Ley de Transparencia maneja cuatro puntos: toda la información es de naturaleza pública, igual que los datos personales, la información que se puede clasificar como reservada y como información confidencial.
Las instituciones que pueden solicitar que una información sea clasificada en reservada incluyen a los secretarios de estado, a los titulares de los tres poderes del Estado y de instituciones autónomas y descentralizadas, alcaldías municipales.
Referente al proceso en sí, detalló que este inicia estableciendo un auto de admisión, luego se verifican requisitos el que incluye que vaya suscrito por el titular de la institución, los puntos que se solicitan que queden en reserva debe estar motivado y justificado.
Sin embargo, “el planteamiento de la solicitud de reserva no quiere decir que lo que se está enviando al instituto ya es reservado, porque ese acto está a expensas de que el pleno de comisionados lo apruebe o impruebe”.
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“Generalmente las instituciones argumentan seguridad nacional para pretender reservar una información, pero los principios dicen que debe probar el daño que se puede causar, pero si esto no es probado, no basta una posibilidad”, explicó Tábora.
El asesor jurídico refirió que a lo largo de la historia democrática del Estado de Honduras, los actos de corrupción han sido muy fuertes dentro de la administración pública. “Ineludiblemente, la secretividad y la opacidad son algunos de los elementos que fomentan estos actos de corrupción”, observó.
A la fecha, a nadie se le ha dado una reserva de información de ejecuciones presupuestarias, porque los fondos siempre son públicos.
De promotores de la transparencia a la secretividad
Para el analista Lester Ramírez, resulta contradictorio que fue Manuel Zelaya quien trabajó la iniciativa de la Ley de Transparencia entre 2004 y 2006, “ahora parece que ya no es factible políticamente la transparencia”.
“Vivimos otros tiempos, diferentes a lo que se vivió hace 14 años y esto no tiene nada que ver con el golpe de estado, tampoco con Juan Orlando (Hernández), eso sólo son pequeños episodios, lo que estamos viviendo es una situación muy crítica, porque estamos de picada en términos del rol que tienen los gobiernos para representar los intereses y trabajar por la población”, indicó Ramírez a Proceso Digital.
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El analista considera que cada vez se ve gobiernos que se están convirtiendo en buró de empleo para sus activistas y sus leales, y agregó que ahora en esta siguiente fase del gobierno, que ya se enfila a una campaña electoral.
“Todo este tema de secretividad tiene una lógica: evitar que sean controlados por la opinión pública, que no haya escrutinio público, que es la base de una democracia”, apuntó.
En tal sentido, el primer efecto que Ramírez detecta en torno a esta secretividad es que Honduras está retrocediendo en materia de democracia, pues “la transparencia es un pilar fundamental en la democracia, no es una prorrogativa”.
Asimismo, señaló que el gobierno está levantando los muros de la secretividad porque ya se avecinan las elecciones, ya que no solo es evitar los controles sociales.
“También que es porque hay un interés muy manifiesto por realizar proyectos para demostrar proyectos ante un electorado que está muy desconfiado y que en gran medida fue engañado, y un partido político en gobierno que realmente no va tener la capacidad de movilizar únicamente su voto duro para ganar elecciones, también los indecisos e independientes”.
Un tercer incentivo que apuntó el analista es el efecto que está produciendo instituciones como el Instituto Acceso a la Información Pública (IAIP), la Unidad de Política Limpia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y “más adelante lo vamos a ver en instancias como la Secretaría de Finanzas (Sefin), que se van ir adaptando a los intereses políticos electorales para permitir allanar ese camino hacia una reelección del oficialismo”, advirtió.
Aumento de desconfianza
En su afán de controlar la información, agregó el analista, lo que produce es más desconfianza, ya que lo que utiliza el gobierno como planteamiento no es una argumentación técnica ni legal, sino que arremeten contra quien denuncia para desacreditarlo, deslegitimarlo y para intimidarlo.
“Eso lo hemos visto con organizaciones como el CNA, con ASJ, medios de comunicación y periodistas, es un fenómeno donde hay comportamiento muy antidemocrático y hay una tendencia muy autoritaria a callar a cualquier voz que quiere disentir, criticar o denunciar este tipo de comportamiento”, agregó que es una situación muy precaria.
Personalmente, Ramírez dijo que le preocupa no sólo el tema de transparencia ‘per se’, sino estos comportamientos que a medida se acercan las elecciones posiblemente se van a convertir más violentos y creo que eso sí puede perjudicar a la gobernabilidad y al estado de derecho.
Las peticiones más recientes
Según el asesor legal del IAIP, en el caso del ferrocarril interoceánico no se ha presentado solicitud de reserva. El instituto mandó una comunicación a la recién nombrada Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico para informarle que se iba a abrir un portal de transparencia.
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Mientras que en tema de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, que desde 2023 se hizo la solicitud de Defensa, la cual está en trámite, Tábora dijo que la reserva solicitada no es por fondos públicos sino que va vinculado a elementos de planos, así como detalles de la construcción del centro penal. VC
