“Reporteros sin Fronteras condena los atentados a la libertad de prensa que, durante el mes de septiembre de 2007, se han intensificado en Honduras”, señala la organización en su página web..
RSF relata que el pasado 7 de septiembre, en Tegucigalpa, sufrió un atentado a disparos Geovanny García, periodista del canal local de televisión Hondured, mientras que Martín Ramírez, del diario La Tribuna, recibió múltiples amenazas tras publicar un artículo sobre el crimen organizado.
El 28 de septiembre, el gerente de la empresa de telecomunicaciones Hondutel presentó una denuncia contra seis periodistas, después de que denunciaran graves actuaciones de corrupción.
“En Honduras, la situación de la libertad de prensa sigue siendo precaria, a juzgar por las intimidaciones y amenazas, y la cantidad de procedimientos emprendidos contra los medios de comunicación, constatados en el último mes. Desgraciadamente las autoridades no dan muestras de seriedad en la lucha contra la impunidad y los abusos de poder”, agrega.
“Esperamos, naturalmente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conmine al gobierno a garantizar una protección adecuada a los dos periodistas que recientemente han sufrido atentados. Pero esa protección no le exime de la obligación de llevar a cabo una investigación más amplia sobre el crimen organizado, y sus ramificaciones. Por otra parte la acusación, hecha a seis periodistas, de “atentado al honor”, no debería ser un pretexto para obligar a la prensa a autocensurarse. La justicia debe salir fiadora de la libertad de informar”, apunta.
El 7 de septiembre de 2007, unos desconocidos que circulaban en una moto negra dispararon a Geovanny García.
Le siguieron desde los locales de Hondured y, después de cortarle el paso, efectuaron siete disparos sobre él. Una de las balas causó un arañazo en la mano del periodista, quien intentó protegerse agachándose. Geovanny García había denunciado varias veces casos de corrupción en unos contratos de asfaltado de calles, en los que estarían implicados algunos funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
El mismo día, Martín Ramírez, de La Tribuna, publicó un artículo sobre los “mareros” (miembros de las “maras”, bandas de jóvenes ultraviolentos que pululan por América Central), y sus eventuales relaciones con la policía. Las intimidaciones telefónicas, dirigidas al periodista y a su familia, se multiplicaron después de que unos policías revelaron su identidad, y el objeto de sus investigaciones.
El 24 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que adopte medidas de protección en favor de Geovanny García y Martín Ramírez.
El 28 de septiembre Marcelo Chimirri, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), presentó una denuncia contra Renato Álvarez y Rossana Guevara, del canal de televisión Televicentro; Melissa Amaya y Juan Carlos Funes, de la radio Cadena Voces; Carlos Mauricio Flores, redactor jefe del diario El Heraldo, y Nelson Fernández, director del periódico local La Prensa.
A todos los acusa de “atentado al honor”, tras la publicación de unos artículos relativos a malversaciones en los que está implicada Hondutel, y que inicialmente fueron denunciadas por el diario mexicano El Universal.
Los seis periodistas reprodujeron las revelaciones de El Universal relativas al desvío que la empresa hondureña hace de llamadas telefónicas internacionales, lo que significa importantes pérdidas para el Estado. Una organización norteamericana, la Fundación Arcadia, tendría pruebas de esos desvíos, en los que está implicado Marcelo Chimirri.
Renato Álvarez ha dicho a Reporteros sin Fronteras que el procedimiento judicial tiene por objeto intimidar a la prensa, para que no vuelva a reproducir informaciones difundidas en medios de comunicación extranjeros.
“Nunca, en treinta años de carrera, había visto tanta intolerancia con las críticas y con la prensa independiente. Quieren silenciarnos para que no hablemos de asuntos de corrupción en la administración pública”.
En los últimos cinco años se han presentado denuncias contra más de veinte periodistas, por delitos “contra el honor”.
