Tegucigalpa – Para controlar la actividad criminal que emana desde las cárceles hondureñas, el gobierno busca obtener de parte del Congreso Nacional autorización para poner a trabajar a los reos y poder movilizarlos de centros de detención, sin tener que realizar tantos trámites.
– La paz y la tranquilidad del país depende en mucha medida en lograr la gobernabilidad de centros penales, ha dicho el presidente en más de una oportunidad.
– Este martes el Congreso Nacional arrancará con la reforma al Artículo 232 del Código Penal que se conoce como Ley Antimaras.
Asimismo, para recuperar para el gobierno el control de las cárceles, se busca la separación de los reos según su nivel de peligrosidad, en lugar del esquema actual que todos son ubicados en el mismo centro de reclusión.
Lo anterior fue expuesto por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, tras salir de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Por ello el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional una serie de reformas que tienen que ver con el sistema penitenciario del país que conforman alrededor de 15 mil privados de libertad.
De acuerdo a lo anunciado por el propio presidente Hernández las reformas incluyen la separación de peligrosos reos de los comunes, una medida que en otros países ha provocado incluso el cierre de cárceles.
Los artículos a reformar tienen que ver con la segregación de la población carcelaria por su peligrosidad, así como la realización de trabajos por parte de algunos presidiarios. Incluso ya se comenzó con el traslado de más de medio centenar de conflictivos reos a módulos de máxima seguridad que operan en batallones e instalaciones policiales.
El presidente Hernández consideró que “es necesario hacer la revisión de toda la normativa del sistema penitenciario, porque es difícil, por ejemplo, ser efectivos en la aplicación de la justicia o en ese tema de los traslados de reos de una celda a otra, o de un centro penal a otro, si hay que pedir muchos permisos para poder realizarlos”.Las decisiones han sido tomadas en reuniones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que componen los operadores de justicia del país.
“Hemos decidido enviar una propuesta de ley para que se analice y revise el artículo 332, por cuanto se necesita ampliar para no sólo referirse a la ley antimaras, probar la permanencia de grupos delincuenciales, porque no sólo se necesita hablar de permanencia sino de transitoriedad”, argumentó el gobernante.
En ese sentido explicó que “alguien puede participar de un crimen o puede formar parte de una acción delincuencial de manera intelectual, y otro puede ser sólo un bandera”, por lo que “hay que dar espacio a medidas agravantes”.
Según Hernández se persigue que la normativa “permita que el que está privado de libertad, esté privado de libertad, y que a la vez pueda realizar trabajos, que esté ocupado, que pueda realizar o reforzar sus talentos”.
El jefe del Ejecutivo ha insistido que en el caso de los reos que lleguen a la recién concluida cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán, deberán trabajar en la cantera que ahí se ubica, es decir, picando piedras.
“Habrá otros que por su peligrosidad deberán estar aislados, totalmente aislados, para que no sigan conspirando o cometiendo actos delincuenciales desde adentro de los centros penales”, puntualizó el presidente.
Hoy mismo reformarán Ley Antimaras
El prosecretario del Poder Legislativo, diputado Tomás Zambrano, reconoció que desde hace varias semanas trabajan en varias iniciativas de ley relacionadas con el sistema penitenciario del país y la lucha frontal contra la inseguridad.Adelantó que en la sesión parlamentaria de este martes se dará lectura a la reforma del Artículo 332 del Código Penal que establece el delito de asociación ilícita, mismo que fue aprobado en 2002 cuando se comenzó una lucha a las maras y pandillas y que se conoce como Ley Antimaras.
Mencionó que desde aquél año hasta ahora las organizaciones criminales han mutado sus operaciones. “La legislación vigente no responde a la realidad actual, se busca aumentar las penas y establecer gradualidad en los delitos”.
Actualmente el delito de asociación ilícita se castiga con cárcel no mayor de 12 años, por lo que Zambrano lo comparó con el de la extorsión que contiene penas de entre 15 y 20 años. “Lo queremos hacer gradual, dependiendo el tipo de mara u organización a los que pertenecen los privados de libertad”, agregó.
Zambrano refirió que la asociación ilícita es uno de los delitos más complicados para los operadores de justicia en el sentido de poderlo comprobar y consecuencia lógica de obtener una sentencia condenatoria al final de un proceso penal.
El legislador expresó que el actual Congreso está comprometido a respaldar las operaciones de los operadores de justicia.
Sobre la Ley de Trabajo Obligatorio dijo que se busca evitar la violencia interna en las cárceles del país, así como reducir los índices de criminalidad que se planifican desde los recintos penitenciarios y revalorizar el hábito al empleo.
“Los privados de libertad en ocio lo que planifican son actos criminales, por eso la ley de la que habla el presidente (Juan Orlando Hernández) y que se contempla en el Artículo 39 del Código Penal, dice que el privado de libertad puede trabajar en obras de infraestructura pública o trabajos dentro de los centros penales”, explicó el diputado nacionalista.
Remarcó que los trabajos serían obligatorios y no remunerados, con el objetivo que los privados de libertad resarzan el daño ocasionado a la sociedad. “Se van a respetar los convenios de derechos humanos porque hay sectores que siempre se oponen a estas iniciativas. Hemos dialogado con varios sectores y más del 95 por ciento miran con buenos ojos y respaldarían esta decisión”, finalizó.
Conadeh: La holgazanería no es parte del proceso de rehabilitación
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ha sido claro en su postura que no hay un derecho a la holgazanería, menos en los centros penales, donde se trata de rehabilitar a las personas y hacerlas productivas.El ombudsman hondureño es del criterio que todo mundo debe trabajar y que no hay un derecho a la holgazanería.
Menos, dijo el defensor del pueblo, en esos lugares donde se trata de sacar a las personas rehabilitadas y reinsertarlas a la sociedad como seres productivos, que no lo fueron en el momento en que delinquieron.
Agregó que cuando se habla que los internos realicen una labor, es en el sentido de prestar sus servicios para efectuar trabajos y no pasar únicamente el tiempo sin prestar una utilidad para la sociedad.
Recordó que una de las iniciativas, planteadas hasta ahora, es crear centros para su rehabilitación, abrir granjas avícolas y de otra naturaleza para que aprendan a trabajar y apliquen sus conocimientos.
En su criterio, al igual que ocurre en otros países, también es necesario la prestación de servicios públicos a los cuales ellos podrían contribuir.
Explicó que la prestación de un servicio público es también reconocida por la misma sociedad, ya que el privado de libertad está sufriendo una sanción por haber infringido derechos de la misma comunidad.
Consultado si se les debe poner a “picar piedra” como lo declaró el presidente Hernández, el defensor de los derechos humanos considera que el mensaje es que ellos tienen que hacer trabajos dentro de los centros penitenciarios para estar ocupados.
Reiteró que si se abren granjas avícolas o de cualquier otra índole, el objetivo es que los privados de libertad puedan estar allí no solo como alumnos pasivos, sino que también participando en las labores.
