“A la fecha no hay ninguna persona privada de libertad ni sentenciada ni como autores intelectuales ni materiales de los asesinatos de (los periodistas) Germán Antonio Rivas ocurrido en 2003 y del humorista Carlos Salgado en 2007”, declaró Álvarez en una rueda de prensa.
“El Estado tiene la obligación internacional de investigar estos crímenes, evitar que queden en la impunidad, de castigar a todos los responsables tanto materiales e intelectuales”, apuntó.
Esto es necesario, añadió, para evitar situaciones de auto censura con respecto a otros periodistas que pudieran ver en alguna situación de impunidad y pudieran temer por sus vidas”.
Álvarez, quien llegó el lunes a Honduras para conocer la situación de la libertad de expresión en este país centroamericano, dijo también estar preocupado por las denuncias “de numerosas episodios de agresiones y amenazas contra ciertos comunicadores sociales en Honduras”.
Citó los casos de los periodistas Dina Meza, quien es beneficiaria de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2006.
Los casos de los periodistas Geovanny García, quien se vio obligado a salir del país tras ser atacado a tiros por desconocidos en una calle del centro de Tegucigalpa, y de Martín Ramírez, quien denunció ser víctima de amenazas por razones ligadas al ejercicio de su profesión.
También el caso del periodista Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, quien debió salir del país tras ser informado que habían sido contratado sicarios para matarlo.
“Los periodistas Renato Álvarez, Rossana Guevara y Sandra Maribel Sánchez han recibido también amenazas”, citó.
“Estos son algunos casos a título de ejemplo, pero la información que manejamos es que se produjo un número importante de situaciones de amenazas y agresiones en el año 2007”, apuntó.
En relación con estos casos, dijo que la Relatoría “hace un llamado enfático a los órganos competentes del Estado hondureño a investigar estas amenazas, a sancionar a los responsables).
“Este es un tema que no puede quedar en la impunidad y hay que proteger a las personas amenazadas y sancionar a los responsables”, reiteró.
Álvarez dijo que conocieron la preocupación de varios sectores por las querellas de funcionarios públicos contra periodistas por la difusión de asuntos de interés público.
Dijo que si bien se tiene conocimiento de que la mayoría de los procesos penales no terminan en privación de libertad para los comunicadores, la sola instauración del proceso penal resulta en la intimidación del periodista procesado y de otros periodistas, quienes pueden autocensurarse para evitar procesos similares.
En este punto, dijo que la relatoría considera relevante que Honduras modifique los artículos del Código penal relativos a los tipos penales de difamación, calumnia e injurias, así como las normas conexas, a fin de eliminar sanciones penales respecto a ofensas al honor o reputación derivadas de la difusión de información sobre temas de interés público.
“Es importante que en una sociedad democrática es importante una amplia tolerancia a la crítica no solo por los funcionarios públicos sino también por todos los demás sectores de la sociedad”, apuntó.
Pide derogar normas que mandan la colegiación obligatoria
El relator de la OEA reiteró su preocupación por la vigencia en Honduras de la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la profesión, que contraviene la libertad de expresión contenida en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Llamó a las autoridades “a derogar toda norma que implique la colegiación obligatoria como requisito para ejercer esta profesión para así garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país”.
Ética periodista
Álvarez dijo que en esta visita, al igual que la realizada en 2003, recibieron la preocupación de diversos sectores “sobre prácticas poco éticas de periodistas de diferentes medios de comunicación que manifiestan un interés por la defensa de intereses personales y económicos o para desprestigiar el honor de las personas con el consiguiente impacto para la opinión pública.
En este punto dijo que es importante “la autorregulación de parte de medios y periodistas a través de códigos de ética, del defensor de los oyentes y lectores” entre otras formas de autorregulación.
Publicidad oficial
En este punto, la relatoría dijo ver con preocupación las denuncias sobre el manejo de fondos estatales destinados a la publicidad.
“La potestad que tienen los Estados para decidir sobre el otorgamiento de publicidad debe ser ejercida en base a criterios objetivos y transparentes, la publicidad oficial implica una importante fuente de subsistencia para algunos medios de comunicación, su utilización en forma indebida puede afectar la libre difusión de información de interés público y el control democrático que una sociedad debidamente informada ejerce sobre la gestión gubernamental”, planteó.
Instó al gobierno a adoptar legislación y políticas administrativas que requieran criterios objetivos y transparentes para la asignación de publicidad oficial.
Tolerancia a la crítica
En este aspecto, el relator dijo tener conocimiento de las críticas mutuas entre altos funcionarios del gobierno y algunos medios de comunicación y algunos periodistas en torno al cumplimiento de sus respectivas funciones.
Destacó que en una sociedad democrática “es importante una amplia tolerancia a la crítica por todos los actores que forman parte del debate público”.
Pluralismo y asignación de frecuencias radioeléctricas
La relatoría dijo que el pluralismo es un componente fundamental de la libertad de expresión y la democracia, que requiere poder expresar distintas opiniones a través de distintos medios de comunicación, y que éstas puedan hacerse llegar al mayor número posible de destinatarios.
Dijo que una de las acciones que afectan el pluralismo es la concentración y los monopolios, públicos o privados, en la propiedad de los medios.
Por lo tanto, apuntó, los Estados deben de abstenerse de acciones que afecten el pluralismo y adoptar acciones positivas para garantizarlo, como la promulgación de leyes antimonopolio en la propiedad y control en los medios de comunicación y la adopción de legislación que establezca concursos abiertos, públicos y transparentes para la asignación de frecuencias radioeléctricas, así como la atribución de competencia a órganos independientes para la adopción de decisiones sobre la materia.
Reunión con “Mel” Zelaya
Contrario a lo que sucedió con la reciente visita del relator para la libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Ambeyi Ligabo, el presidente Manuel Zelaya si recibió y hasta dio una rueda de prensa conjunta con Álvarez.
En esta ocasión, Zelaya expresó a Álvarez que “le parecía que el análisis que hacía la relatoría especial era objetivo y apegado a la realidad de Honduras”.
Álvarez dijo que la relatoría destaca los avances de Honduras relacionados con la derogación del delito de desacato por la Corte Suprema de Justicia en 2005 y la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, en 2007.
“Son dos avances importantes a destacar”, apuntó.
