Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones de lo Penal en materia de corrupción por unanimidad de votos ratificó el auto de formal procesamiento a exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y un empresario.
La Corte de Apelaciones de lo Penal declaró sin lugar los recursos de apelaciones interpuestas por las partes procesales.
Los imputados son el excomisionado Gabriel Rubí y el exsubcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez, acusados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios a títulos de autores en perjuicio de la administración pública.
Mientras que la exdirectora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez, y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra, son señalados por el delito de fraude a título de cooperador necesario.
Según las investigaciones, los imputados amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, sin embargo, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias.
El contrato fue suscrito por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contó con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado. AG
