Tegucigalpa. – Acepto que últimamente he publicado en esta columna de Proceso.hn escritos que no son de mi autoría, sino que los generan otros autores que por su calidad, profundidad y amplitud me llevan años por delante, produciendo acertados escritos e ideas de excelencia que yo como autor, soy incapaz de producir. Y si los copio textualmente aquí no es por vagancia y salir “del compromiso”, sino porque reconozco que esos escritos que no son los míos, son más técnicos y profesionales sobre el tema migratorio que los escritos con mi nombre. Por eso rogaría que mis aportes, al menos de ahora en adelante sean aceptados como el testimonio del migrante que soy. Partiendo que nací en La Habana, Cuba en el año 1939, de una familia inmigrante que tenía raíces españolas, gitano-andaluzas y vascas.
Salí el 10 de agosto de 1960 de Cuba, donde hasta hoy nunca más he vuelto. Reconozco que mi experiencia migratoria, sin dudas, ha sido diversa. Obtuve mi Licenciatura en Sociología y trabaje 6 años en la Universidad de Puerto Rico, primero siendo estudiante, y asistiendo a estudiantes de Profesores en el Curso Básico de Sociología, y 2 años de esos, 6, como Catedrático de 2 Cursos: Introducción a la Sociología y Desarrollo Comunitario; 5 años en la Ciudad Miami, como Consultor independiente del Desarrollo; 7 años en la Ciudad de Nueva York donde en 3 de ellos cursé y obtuve mi Maestría en el New School for Social Research, universidad creada en EE.UU. por judíos alemanes exilados de la Primera Guerra Mundial.
En esa universidad tan singular para mí, el principal mentor y consejero fue el Dr. Peter L. Berger (Viena, Austria; 17 de marzo de 1929- Brookline, Massachusetts; 27 de junio de 2017) teólogo luterano y sociólogo vienés. Berger fue director e investigador senior del Instituto de Cultura, Religión y Asuntos Mundiales de la Universidad de Boston. Es conocido, sobre todo, por su obra “La construcción de la realidad: un tratado en la sociología del conocimiento (1966)”, que escribió junto con Thomas Luckmann.
En una etapa siguiente de mi vida me radiqué por 9 años en la ciudad de Nueva York, donde residía mi familia cubana — padre, madre y hermana exilados. 2 años de ellos, laboré para una entidad privada de asistencia social y de investigación en apoyo a la comunidad puertorriqueña de la Gran Manzana y los 7 restantes estuve dedicado al desarrollo internacional, como técnico y profesional de un consorcio de ONGs privados internacionales, cuya sede estaba ubicada frente al edificio de Naciones Unidas, en Nueva York. Tal empleo me exigía viajar unos 150 días por año, a países latinoamericanos para fomentar y apoyar técnica y financieramente pequeños proyectos de desarrollo local.
Estuve radicado por 3 años en Ithaca, ciudad del Estado de Nueva York, donde me doctoré en Sociología, con especialización en desarrollo en la Universidad de Cornell, Estado de Nueva York. Mi tesis doctoral la escribí en 5 veranos, centrando el trabajo de campo de la Tesis en los Clubes de Amas de Casas, promocionados por Caritas de Honduras.
En la presente etapa de mi vida, llevo radicado más de 30 años en Honduras, donde resido con hogar propio y familia hondureña adoptiva. Las 2 hijas que tengo con mi esposa hondureña, también son inmigrantes estadounidenses que residen y trabajan en la Ciudad de Erie, Estado de Pensylvania, en EE.UU.
En la coyuntura en que estoy ahora como investigador y escritor –no de cúspide– me incomoda y “expone” a esto: Con frecuencia, cuando me encuentro en Honduras, medios de comunicación de este país–más de radio y televisión que de medios impresos– me entrevistan “en vivo”, invitándome por 5 minutos o menos, a responder a preguntas tan generadoras y complejas — como la que encabeza este escrito.
Por las habituales lecturas que hago “para estar al día” –más en español que en inglés sobre el tema migratorio– me doy cuenta que hay otros autores que yo más bien los estudio y acepto como “mis maestros del posgrado” que llevo haciendo desde hace años, hasta que Dios me dé vida. Mantengo distinguido a ese grupo de escritores por la calidad, amplitud y validez de sus ideas y la rigurosidad metodológica y de ciencia que demuestran en sus investigaciones aplicadas y de campo. Capacidades que explican los premios y reconocimientos que reciben con frecuencia, y la fama y prestigio que gozan sus publicaciones, en especial, las referidas al tema migratorio.
Uno de esos autores es el distinguido Jorge Cancino— que, con la integridad ética de su persona, talento actualizado, facilidad de expresión y de producir textos siempre estimulantes, con frecuencia responden integralmente, con menos de 1,200 palabras a preguntas como las que tiene el título de este escrito. Que Cancino contesta aportando datos, ideas y proyecciones con análisis más amplios y profundos a los que yo — en el mejor de los casos– logro parcialmente, pretendiendo “responder” a la misma pregunta con mis pretenciosos artículos.
Como prueba de lo anterior, les comparto la ejemplar biodata del reconocido escritor y periodista Jorge Cancino, que nació en Chile. Lleva 22 años en la redacción de Univisión Noticias, donde desempeña el cargo de Editor Principal de Inmigración, escribiendo oportunos y actualizados ensayos y reportando investigaciones de excelencia. Ha sido galardonado con el Premio de Periodismo Rey de España 2014, ganador de un Premio Emy y autor de siete libros, entre ellos “Inmigración de las Nuevas Reglas”, “Terror en la Frontera”, entre otros.
Regresando al tema migratorio estadounidense, Cancino nos recuerda que entre 2015 y 2024, la Corte de Inmigración estadounidense ha emitido 928,619 órdenes de deportación en ausencia a extranjeros (incluidos menores no acompañados) que no se presentaron a sus audiencias y se convirtieron en ‘invisibles’. Sería el primer objetivo de las deportaciones masivas prometidas por el presidente electo Donald Trump.
Cuando en agosto pasado el entonces candidato vicepresidencial republicano, J.D. Vance, dijo que las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados deberían comenzar con 1 millón en el primer año del próximo gobierno de Trump, muchos se preguntaron si la advertencia era real o parte de una estrategia de campaña. Pero tras la victoria tan amplia que logró de Donald Trump en las urnas el 5 de noviembre y el posterior anuncio de Tom Homan como nuevo zar de la frontera, la amenaza cobró fuerza y ahora muchos se preguntan quiénes son los extranjeros que están ahora en la mirilla del nuevo gobierno que asumirá el 20 de enero de 2025.
Esta semana, durante una entrevista a la cadena Fox News, Homan fue consultado respecto a si la nueva administración deportaría a ciudadanos estadounidenses, después de que esta afirmación se hiciera en el programa ‘The View’ de la cadena de ABC. «No, exactamente no», dijo Homan. Y agregó que “el presidente Trump ha dejado en claro que priorizaremos las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Y en eso debemos centrarnos», afirmó.
Seguidamente, sobre quién encabezará la fuerza nacional de deportaciones del gobierno recientemente electo, aseguró que «hay más de 1.5 millones de delincuentes extranjeros convictos en este país con órdenes finales de deportación que vamos a buscar. Hay miles de miembros de pandillas, miembros de pandillas inmigrantes ilegales que vamos a buscar”. Tras estas declaraciones, ciertas preguntas volvieron a surgir.
¿Quiénes son los extranjeros que están en la mira del nuevo gobierno?, ¿Tiene el gobierno federal capacidad de respuesta y operativa para llevar a cabo un millón de deportaciones en el primer año?, ¿Qué deben hacer aquellos que están en la lista de probables deportados? ¿Qué derechos tienen?
La sección 212 (f) es la vieja regla que Trump necesita para poner en marcha su plan de deportaciones masivas. Y nos preguntamos: ¿Qué es la Sección 212 (f)? Durante el primer gobierno de Trump (2017-2021) el equipo político encabezado por Stephen Miller desempolvó la Sección 212 (f)), una poderosa herramienta que le otorga al presidente poderes para cambiar partes de la ley de Inmigración y nacionalidad (INA) sin la aprobación del Congreso.
¿Qué se sabe hasta ahora?
Tanto el vicepresidente electo Vance como el recientemente designado zar de la frontera, Homan, han mencionado que durante el primer año del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) serán deportados entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales.
Pero Homan ha ido más lejos. Durante una entrevista a Fox News puntualizó que “priorizaremos las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional”. Y ya antes, en otra entrevista había advertido que “cada inmigrante ilegal de este país cometió un delito, así que todos son criminales. Y hay algunos peores que otros”, precisó.
El hombre de confianza de Trump para encabezar la nueva política de ‘tolerancia cero’ del mandatario electo, añadió que la migración “no se trata de un crimen sin víctimas, y contrastó sus declaraciones con datos del aumento en el tráfico sexual y el terrorismo en Estados Unidos, una estrategia utilizada por los republicanos durante la campaña. “Y en eso debemos centrarnos», afirmó.
Cabe señalar que durante el primer gobierno de Trump (20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021), se establecieron las siguientes siete prioridades de deportación (que podrían ser reinstaladas en 2025):
- Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
- Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
- Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
- Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
- Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
- Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
- Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
En ese contexto, ¿qué es la I-220A en la migración de Estados Unidos?: Es una “Orden de Libertad Bajo Palabra” que otorga el gobierno de los Estados Unidos a ciertas personas que fueron detenidas por las autoridades migratorias y luego fueron liberadas. Sin embargo, no se trata simplemente de un papel que certifica la liberación. Este formulario establece una serie de requisitos y condiciones que el beneficiario debe cumplir a cambio de su libertad provisional.
Los posibles blancos de las deportaciones masivas
Las categorías hasta ahora mencionadas por los funcionarios de confianza de Trump, el presidente electo, incluyen a:
1. Extranjeros con orden de deportación;
2. Extranjeros con antecedentes criminales;
3. Extranjeros que hayan ingresado de manera ilegal exitosamente al país; y
4. Aquellos que constituyan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
La lista, sin embargo, podría también incluir a otros cientos de miles de extranjeros que permanecen en el país amparados de la deportación o que fueron admitidos por el gobierno del presidente Joe Biden bajo programas temporales a partir de enero de 2021, entre ellos:
- Titulares de DACA, estimados en 580.000 titulares actuales de DACA, en ese total se estima que hay 28,000 de origen hondureño.
- Titulares del Estado de Protección Temporal (TPS). Un estudio reciente de Pew Research Center detalló que cerca de 1,2 millones de migrantes no ciudadanos que viven en Estados Unidos reciben el Estatus de protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés, una designación que les otorga permiso por tiempo limitado para vivir y trabajar en el país, y evitar una posible deportación. La gran mayoría de los beneficiarios del TPS son de El Salvador, Honduras y Haití; hay aproximadamente 195,000 salvadoreños, aproximadamente 57,000 hondureños y aproximadamente 50,000 haitianos que tienen TPS;
- Titulares del Programa Humanitario (CHNV) o ‘parole humanitario’. Hasta la fecha, unas cifras totales de 297.000 personas lograron aprobar la solicitud;
- Extranjeros que han ingresado al país bajo la aplicación móvil CBP One.
Trump sostuvo durante la campaña que cancelará estos programas. De hacerlo, los cientos de miles de beneficiarios que no hayan ajustado sus estados bajo cualquier otro programa legal vigente quedarán al borde de la deportación de Estados Unidos.
Los grupos más vulnerables
Un informe actualizado de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), revela que entre los años fiscales 2015 y 2024 la Corte de Inmigración emitió 793,543 órdenes de deportación en ausencia, correspondientes a extranjeros que se hallaban en libertad y no acudieron a sus citas judiciales.
El informe detalla que 453,670 de estas órdenes de expulsión han sido emitidas durante el gobierno de Biden (equivalente al 57.1%). Además, en el mismo período la EOIR ha emitido 77,244 órdenes de expulsión en ausencia en casos de asilos defensivos y 57,832 órdenes de deportación en ausencia de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés).
Solo esta categoría de inmigrantes suma un total de 928,619 extranjeros que no se presentaron a sus citas o audiencias y se perdieron o se convirtieron en ‘invisibles’ entre la población de Estados Unidos en los últimos nueve años.
Un segundo grupo en riesgo podría estar constituido por extranjeros privados de libertad en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) alrededor del país. Según actualizados al 8 de septiembre por la agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tenía una población de 37,395 extranjeros detenidos. De ellos, 22,471 (equivalente al 60.1%) no tenían antecedentes penales. Y muchos más solo tienen delitos menores, incluidas infracciones de tránsito.
Un tercer grupo en la mira, pero que no ha sido definido aún por el nuevo gobierno, son todos aquellos extranjeros que tienen pendiente un juicio de deportación en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración/EOIR, donde tienen la oportunidad bajo el debido proceso de solicitar un asilo defensivo. A finales de septiembre de 2024, el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse reportó que había 3.716,106 casos activos pendientes ante el Tribunal de Inmigración. Al inicio del gobierno de Biden había 1.2 millones. La mayoría de los nuevos casos corresponden a peticiones de asilo.
