Tegucigalpa – La querella anunciada por el gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, contra Radio Cadena Voces (RCV) y su director Dagoberto Rodríguez, representa un paso más de la arremetida oficial contra la libertad de prensa y de expresión en Honduras, coincidieron varios analistas y defensores de la libertad de expresión.
– Con estas acciones se pretende generar silencio en todos los comunicadores y periodistas de Honduras, pero a la vez en la sociedad en su conjunto, expresó la defensora Dina Meza.
Sectores de la sociedad y organismos defensores de derechos humanos califican de “nefastas” las amenazas del gobierno para callar las voces de denuncia contra excesos por parte del aparato estatal.
En un poco menos de dos semanas, el gobierno interpuso denuncia contra el virtual presidenciable liberal Salvador Nasralla por referirse críticamente a la construcción de hospitales de la red pública, y casi al tenor de esa acusación impulsada por los titulares de las carteras de Salud e Infraestructura, la propia mandataria Xiomara Castro advirtió procesos legales contra quienes la injurien.
La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que interpondrá la querella por injurias y calumnias este jueves a las 10.00 de la mañana, en respuesta a un informe de RCV que denunció un sobregiro de 6,500 millones de lempiras —más de 250 millones de dólares— en la Tesorería General de la República. Según el medio, estos fondos habrían sido destinados a la organización de elecciones primarias y administrados por la Sefin, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
La Sefin argumentó que «la acusación hecha por el medio de comunicación RCV no presenta ninguna evidencia o prueba documental, por lo cual es eminentemente especulativa» y sostuvo que la información fue desvirtuada en su totalidad mediante el Comunicado DCI-013-2025. Asimismo, afirmó que la Ley de Emisión del Pensamiento protege el derecho a la información, pero no la difusión de lo que considera una «campaña de desprestigio basada en información falsa, inexacta o inexistente».
En respuesta, RCV reafirmó su compromiso con el periodismo de investigación y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, asegurando que su denuncia se basó en «información creíble y verificable». La emisora rechazó cualquier intento de censura o amedrentamiento que busque silenciar su labor periodística y enfatizó que «RCV no se prestará a narrativas oficiales que pretendan desvirtuar hechos documentados ni cederá ante presiones para callar la denuncia sobre el uso indebido de fondos públicos».
Querella contra RCV es intento de intimidación: SIP
La querella penal anunciada por la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), ha generado preocupación, tanto a nivel nacional como internacional.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que esta acción judicial representa un intento de intimidación en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La SIP recordó que las querellas penales contra periodistas por presuntas calumnias e injurias contradicen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios de libertad de expresión reconocidos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Declaración de Chapultepec. Estas normas establecen que «ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público».
Censura
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, declaró que «las querellas penales contra periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión». Además, advirtió que «acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental».
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, enfatizó que «los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa. En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente».
La SIP también expresó su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Honduras. Recordó que en enero se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 por injurias contra periodistas de El Heraldo. En febrero, condenó una campaña de intimidación contra la prensa liderada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes de información. Aunque el militar anunció que retiraría las denuncias, aún no lo ha concretado.
Un paso más en la escalada contra la libertad de expresión
El director de Radio Cadena Voces (RCV), Dagoberto Rodríguez, señaló que la denuncia contra el medio que él representa “es solamente una parte de lo que ha venido ocurriendo en país”.
En entrevista con Proceso Digital, el experimentado periodista insistió que las acciones gubernamentales obedecen a un proceso sistemático marcado por ataques y estigmatización a periodistas y empresas periodísticas como parte de una estrategia orientada justamente a deslegitimar el papel de los medios de comunicación como actores en el proceso democrático hondureño.
“Para el gobierno no hay periodistas honestos en Honduras, para ellos todos son vendidos, y esto marca ese proceso de estigmatización, pero ahora dan un siguiente paso que es más graves, las amenazas, las querellas y las denuncias en contra de los periodistas ante los órganos de justicia, eso se constituye como un segundo paso para llevar finalmente lo que podría ser el cierre de medios de comunicación arguyendo que estos no son creíbles. Eso sería gravísimo para la democracia de Honduras porque la libertad de expresión y de prensa son la piedra angular de la democracia”, explicó.
Mencionó que Honduras tiene los índices más graves en cuanto al respeto de la libertad de expresión. Según el último reporte de Reporteros Sin Fronteras el país ocupa el lugar 168 de 185 en todo el planeta.
Rodríguez llamó a ver con ojos críticos lo que ocurre en el país, “nos toca cerrar filas para poder defendernos ante esta arremetida del gobierno”, pronunció.
“La situación es tan grave que Reporteros Sin Fronteras ha llegado a catalogar la situación de los periodistas hondureños como un lento descenso al infierno, e igualmente un centenar de periodistas o comunicadores sociales asesinados en los últimos años con el 98 % de esos crímenes en la más completa impunidad”, expresó el expresidente del Colegio de Periodistas.
Cuestionó que no ha existido una política de Estado para que los periodistas enfrenten la problemática de las amenazas y las constantes intimidaciones. Además –mencionó– que en la última visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Irene Khan destacó la situación precaria que enfrenta la prensa hondureña con ataques de funcionarios de gobierno y una escalada que va en aumento en los últimos años.
“El gobierno ha emprendido acciones que muestran una tendencia muy sistemática con ataques a medios de comunicación, periodistas críticos a la gestión gubernamental. En conclusión puedo decir que estamos ante una situación grave”, subrayó.
Disuasivo para evitar denuncias
El comisionado adjunto del Conadeh, Ricardo López, le confió a Proceso Digital que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas ha establecido que la vía penal es muy lesiva en contra de periodistas que emiten la libertad de pensamiento a través de los medios de comunicación.
“Esto se puede considerar como un elemento disuasivo a efecto de que en el futuro dejen de investigar y de pronunciarse en situaciones que involucren al gobierno”, expresó.
Reveló que el Conadeh sigue recibiendo denuncias de afectados por defender la libertad de expresión. “Hemos recibido en las semanas anteriores a personas que se ven en situaciones similares producto de realizar un procedimiento de investigación periodística y que esto sale a la luz en las notas que se publica la información para que la población tenga ese derecho de recibir la información que se publica”, remarcó.
López citó que hay mecanismos como el derecho a la réplica que tienen las personas de quienes se transmiten las noticias para que los medios de comunicación puedan corregir la información en los momentos en los cuales esa información no es veraz al 100 %.
Finalizó llamando al respeto al derecho de informar acatando los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la utilización de la materia penal para buscar esa corrección en las notas periodísticas y que se utilicen otros medios que las leyes ya establecen como el derecho a la réplica.
Silenciar periodistas
De su lado, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Dina Meza, lamentó que se suba el tono de confrontación por parte del gobierno que utiliza el sistema penal para amedrentar a la prensa.
“Las figuras del delito contra el honor también han sido utilizadas para silenciar a periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición. Y se está utilizando ahora con mucha saña y con rabia contra la prensa”, externó.
Meza reprochó que desde el gobierno se vulneren derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.
Citó que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Roosevelt Hernández, mantiene querellas contra una docena de medios de comunicación, lo que se hace desde el poder para manipular y generar silencio para que la prensa no publique información vital para la sociedad.
Llamó a toda la sociedad a pronunciarse al respecto, “las acciones penales que se impulsen contra cualquier medio de comunicación o periodistas por divulgar información, eso vulnera derechos de la información a la que tiene derecho la sociedad hondureña”.
Acotó que “quieren un silencio sepulcral ante todas las acciones que están haciendo (desde el gobierno) Radio Cadena Voces lo ha dicho en un comunicado que fue una investigación sustentada que publicaron y que por lo tanto no están cometiendo delitos al respecto, más bien desde estas instituciones nos deben decir cómo usan el dinero público o fomentan el uso de recursos en campañas políticas”.
Finalmente, la defensora de derechos humanos exigió al gobierno que en vez de involucrarse en este tipo de situaciones de querellar periodistas o pagar abogados para impulsar procesos penales, que más bien fortalezcan el Mecanismo de Protección y se abra un diálogo en este país.
Esperan que no sea una escalada contra la prensa: C-Libre
De su lado el presidente del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), Saúl Bueso, dijo a Proceso Digital que le preocupa que la denuncia contra RCV y su director Dagoberto Rodríguez sea una “escalada contra la prensa” de parte del gobierno.
Bueso consideró que la denuncia contra la radioemisora y Rodríguez es una amenaza para que periodistas y medios de prensa se inhiban de informar sobre hechos del gobierno que son de interés público.
Llamó al gobierno a entender que son sujetos de escrutinio público, tal como lo señalan las normativas internacionales, y por lo tanto deben primar el derecho a la información.
En todo caso el presidente de C-Libre llamó a los comunicadores y medios de prensa a blindarse actuando responsablemente y con ética para evitar las acciones de denuncia del gobierno.
Hizo un llamado a la unidad de periodistas, medios de comunicación y sociedad para defender y respetar la libertad de prensa y expresión en Honduras. (PD)
