Tegucigalpa –Este sábado fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el decreto ley denominado Amnistía para los Presos Políticos, Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009 en Honduras y que es considerado por varios sectores como un «Pacto de Impunidad».
El Congreso Nacional que preside el diputado de Cortés, por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Rolando Redondo, aprobó esta semana dicha amnistía, misma que ha sido calificada por diversos sectores como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
Además, la aprobación del polémico decreto fue criticada por amplios sectores de la sociedad, ya que juicio se ellos, libera de juicios a los funcionarios y empleados durante el mandato del expresidente Manuel Zelaya (2006- 28 de junio 2009) por cargos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y otros.
La Ley aprobada la noche del pasado 2 de febrero, como parte de los objetivos en materia penal y política beneficiará -según los expertos- a varios funcionarios del gobierno del Poder Ciudadano entre el periodo de 2009 al 2010.
En ese sentido, el diputado proyectista y vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, asegura que no se trata de un pacto de impunidad, sino de la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho para que los Hechos no se Repitan.
«Ustedes lo verán de ahora en adelante, no es un trato de impunidad como se ha querido hacer entender, las reglas son claras, la Constitución de la República también es contundente, respecto a los temas de delitos por corrupción», explicó el parlamentario.
El capítulo primero de la normativa en referencia, inicia con la condena al Golpe de Estado en Honduras en el 2009 contra José Manuel Zelaya Rosales, la misma incluye la derogación del decreto legislativo número 141-2009 que rechazaba el golpe de Estado.
Según Zelaya Rosales, coordinador de Libertad y Refundación, en este proceso no esperan que haya reparación de daños materiales, sino perjuicios morales, al tiempo que afirma que el procedimiento es transparente y niega que busque impunidad.
Explicó que cualquiera que se ampare en dicha ley deberá ir al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), y ante un juez para determinar si aplica, pues la impunidad la han mantenido quienes sostuvieron la dictadura en estos últimos 12 años.
La normativa condena lo que hizo el Congreso nacional y Corte Suprema de Justicia en 2009 -dice Zelaya Rosales y agrega que- al falsificar su firma y después su renuncia de poder, busca resarcir los daños a las víctimas del Golpe de Estado y no para el golpismo, quién aprobó una amnistía en el 2010 para protegerse “ y nosotros solo estamos defendiéndonos”, sostuvo.
Igualmente diversos sectores habían llamado al Poder Ejecutivo a que no sancionara, ni publicara decretos surgidos del Congreso de Luis Redondo, mientras no se resolviera la crisis institucional del Poder Legislativo, donde dos juntas directivas reclaman la representación legal del mismo.
Redondo, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y de la dirigencia del partido Libertad y Refundación (Libre), controla las instalaciones del Congreso Nacional, mientras el otro autoproclamado presidente Jorge Cálix, tiene la mayor parte de diputados propietarios a su favor.
JP
