Tegucigalpa – La empresa Próspera emitió un comunicado este jueves señalando que la posible decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) inconstitucional con efecto retroactivo tendría graves repercusiones para el país, socavando su estabilidad democrática y económica.
– Según Prospera, podrían producirse sanciones que incluirían la cancelación de visas, la suspensión de ayudas y hasta la interrupción de remesas.
“La gran mayoría de los juristas hondureños considera que la aplicación retroactiva de cualquier fallo judicial para eliminar empleos e inversiones va en contra del derecho hondureño bien establecido”, indicó la empresa al enfatizar que un fallo de este tipo crearía un clima de inseguridad e incertidumbre para inversionistas y empleados.
Asimismo, Próspera agregó que un fallo de este tipo también abriría la puerta a una persecución generalizada de los partidos de oposición por el supuesto «delito» de votar a favor de una ley que ha creado más de 8,000 empleos bien remunerados en Honduras y ha atraído más de 300 millones de dólares en inversiones al país.
“No hay nada que ganar con un fallo así. Una decisión que invalide retroactivamente las inversiones en las ZEDE indudablemente daría pie a reclamos de expropiación y debilitaría las defensas presentadas por el Estado de Honduras en las demandas de arbitraje internacional”, refirió.
Además agregó que “un fallo que se aparte de décadas de precedentes ininterrumpidos en Honduras no tendría ninguna legitimidad”, dijo al recordar que más de 100 inversionistas estadounidenses tienen capital comprometido en estos proyectos.
“Ciudadanos de más de 20 países están haciendo negocios en Próspera y otras ZEDEs. A nivel internacional, una decisión de este tipo dañaría gravemente las relaciones con Estados Unidos y muchos otros países, llevando a sanciones que podrían incluir la cancelación de visas, la suspensión de ayudas y hasta la interrupción de remesas”, cita el pronunciamiento.
De hecho, “decenas de congresistas de ambos partidos en Estados Unidos ya han expresado su preocupación por la posible expropiación de inversiones en las ZEDEs”, refirió.
Próspera señaló que la estabilidad del sistema financiero nacional también estaría en riesgo, ya que varios bancos hondureños tienen préstamos activos vinculados a proyectos en las ZEDEs.
“El impacto económico de una decisión retroactiva podría aumentar el perfil de riesgo del país, elevando los costos de financiamiento para Honduras y dificultando el crecimiento económico a largo plazo”.
En resumen, observó, “una decisión sin precedentes de esta magnitud pondría en peligro el progreso y las oportunidades que Honduras necesita. Instamos a que se busquen soluciones que garanticen la estabilidad, la inversión y el bienestar de todos los hondureños”. VC
