Tegucigalpa – El proceso electoral de Honduras, que culminará con las elecciones generales del 30 de noviembre, marcha entre acusaciones de intentos de fraude que se hacen los candidatos de los tres partidos mayoritarios, y la desconfianza de muchos sectores por problemas en el Consejo Nacional de Elecciones (CNE).
Muchos hondureños tienen dudas sobre si habrá o no elecciones, mientras que otros presagian que puede haber violencia cualquiera que sea el ganador de los comicios, que está entre el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es Manuel Zelaya, expresidente, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro, y los opositores partidos Nacional y Liberal.
Los candidatos presidenciales con mayores opciones de triunfo, según algunos sondeos de opinión, son, en el orden, Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Rixi Moncada, de Libre, aunque ella asegura que encabeza otras encuestas y será la próxima presidenta del país.
El cronograma electoral ha sido alterado tras las elecciones primarias e internas que celebraron los tres partidos mayoritarios el 9 de marzo, debido a marcadas diferencias entre los tres consejeros que integran el CNE, una de ellas relacionada con el sistema de Transmisión Electoral de Resultados Parciales (TREP), sobre el que el pasado día 5 lograron un acuerdo que ha bajado el nivel de la crisis política que ha venido viviendo el país.
El acuerdo se logró después de que en julio pasado una de las consejeras, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, puso a su disposición su cargo, de manera condicionada, por desacuerdos con los otros dos consejeros, Cossete López, del Partido Nacional, quien preside actualmente el CNE, y Marlon Ochoa, de Libre.
Hall, además, denunció que ponía a disposición su cargo, sobre el que incluso presentó su renuncia ante el Parlamento, porque también han recibido amenazas de muerte ella y su familia.
El Parlamento no discutió la renuncia de Hall porque se necesitaban 86 votos y Libre no apoyaría la iniciativa, por lo que retornó a las sesiones del CNE, que estuvo paralizado varias semanas porque el representante del oficialismo no asistía a las convocatorias que hacía la consejera presidenta.
«Otro problema en el CNE, es que es un organismo profundamente politizado, por lo que no funciona de manera imparcial y deja al descubierto la debilidad de la democracia electoral de Honduras», dijo a EFE el analista Manuel Torres.
Agregó que en el CNE cada uno de sus consejeros responde a los intereses de su partido, no a los de los ciudadanos, ni a los principios democráticos del país.
Luego del acuerdo sobre el TREP, la presidenta hondureña expresó que se ha avanzado «hacia un sistema que reduce la intervención humana», que «en noviembre tendremos elecciones libres, democráticas y transparentes» y llamó «a todos a participar y así consolidar un proceso con legitimidad».
Otro problema que analistas, exconsejeros electorales y líderes de la oposición critican, es el intervencionismo en el CNE, un ente autónomo, de varias instituciones del Estado, entre ellas el Parlamento, a través de su presidente, Luis Redondo; la Fiscalía, incluso las Fuerzas Armadas que, por ley, son, ‘apolíticas, obedientes y no deliberantes’.
El pasado 15 de julio una Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó el país indicó que espera que las elecciones de Honduras «sean pacíficas, libres y justas, y que se respete la voluntad del pueblo».
Otra misión, del Instituto Nacional Demócrata (ONG estadounidense), indicó el viernes en Tegucigalpa que «la desconfianza y polarización acumuladas desde 2009, los problemas administrativos presentados durante las elecciones internas del pasado 9 de marzo, y la reciente crisis de gobernanza que enfrentó el CNE erosionan las condiciones de diálogo y entendimiento» y que «Honduras merece «elecciones creíbles y participativas», que respeten la voluntad ciudadana. EFE
