Al mismo tiempo, el gobernante advirtió a los protestantes que las leyes de Honduras establecen las atribuciones con que cuenta la fuerza policial para evitar que las manifestaciones impidan libre circulación de personas y bienes.
Zelaya dijo que su labor como presidente “es de amplio diálogo y en forma permanente” y por eso hago un llamado a través de los medios de comunicación, de que seamos primero hondureños y ciudadanos y que miremos los intereses del país y que me acompañen a tratar que el orden, fraternidad y la conciliación sean las bases de cualquier tipo de demanda que hagan”.
Señaló que el hecho de que alguien demande, pida algo o piense que se es injusto en cierta forma no tiene derecho a violentar la libertad de los demás porque produce el malestar de la población “eso es lo que quiero evitar, que el pueblo sea afectado”.
Zelaya afirmó que en su Gobierno se mantiene la apertura del dialogo y si desean que se les escuche, lo tendrán con las autoridades correspondiente pero es el pueblo el que debe juzgar cualquier tipo de eventos.
Según sus organizadores, la jornada de protesta iniciará el lunes y concluirán el martes en diferentes regiones del país.
A las protestas se unirá el gremio de maestros, lo que dejará sin clases a por lo menos dos millones de estudiantes del sector público.
El ministro hondureño de Educación, Marlon Brevé, advirtió a los maestros que deducirá de sus salarios los días que no se presenten a sus labores.
Las marchas van, no hay paso atrás», afirmó hoy Juan Barahona, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), una de las agrupaciones convocantes de la protesta.
Demandas
Las protestas son para demandar la derogación de la ley del sector agua potable y saneamiento; la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones y de la ley forestal, y exigir el cumplimiento del convenio 169 de la OIT en cuanto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y negros.
Pedirán aprobar una nueva ley de reforma agraria, la derogación de la ley de modernización agrícola, la aprobación de una ley de protección al consumidor y el diseño y puesta en marcha de una estrategia nacional para la redistribución permanente de la riqueza.
Reiterarán su oposición a la construcción de la represa de El Tigre, en la frontera con El Salvador, la inmediata depuración de la Policía Nacional, la aplicación de un sistema de control de precios de los productos de la canasta básica y la reducción de costos de envíos de remesas, entre otros.
