El mandatario hizo el comentario en una cadena nacional de radio y televisión, a la que compareció junto a sus ministros de Finanzas, Rebeca Santos; del Trabajo, Mayra Mejía; de Industria y Comercio, Fredi Cerrato, y el presidente del Banco Central de Honduras, Edwin Araque, para reiterar su oposición a la propuesta del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, de implementar el décimo quinto salario.
Zelaya consideró que con la aprobación del décimo quinto salario el Congreso lo que quiere es pagarle los salarios a los ejecutivos y gerentes de la empresa privada, con los fondos del estado.
Dijo que la propuesta impulsada por Micheletti es un nuevo impuesto para el pueblo hondureño, y que con la misma sólo se busca “demagógicamente favorecer a los que más ganan, a los que tienen ya ingresos, y que sea el gobierno que le pague el salario a los empleados del sector privado”.
ZARPAZOS
En su comparecencia, Zelaya acusó al Congreso Nacional de intentar dar “zarpazos” al gobierno de la República.
El primer zarpazo, dijo, fue obligarnos a bajar las tarifas de la energía eléctrica sabiendo que el estado no puede, después presentaron otro decreto con el fin de distorsionar de seguridad y antisecuestros que estábamos presentando, y otra iniciativa para apoderarse del presupuesto general de ingresos y egresos del 2009 con el fin de financiarse supuestamente sus campañas políticas que se avecinan, y ahora presentan otro decreto de que el gobierno le pague los salarios del incremento a la empresa privada.
Refirió que en países como Ecuador existe una ley para buscar salidas a este tipo de conflictos, que se conocen bajo el nombre de “muerte cruzada”.
“Cuando un poder del Estado se enfrenta a otro poder del Estado y que no hay quien regule eso, entonces se recure al pueblo, se disuelven los poderes del Estado y el pueblo se va a unas elecciones a elegir y a escoger un nuevo gobierno”.
“Si el Congreso Nacional lo que pretende es eso, que le diga al pueblo hondureño que es lo que está en sus intensiones de distorsionar todas las acciones administrativas del gobierno con el fin de golpearlo y sacar de los propios ingresos del pueblo hondureño los beneficios que quiere darle a ciertos sectores”, planteó.
En la cadena, el gobierno también dio a conocer un comunicado en el que calificaron la iniciativa presentada por Micheletti como un “paquetazo que pretende con los fondos públicos los salarios de los empresarios y de sus altos ejecutivos, deduciéndolos de los fondos públicos”.
“Es una iniciativa inaceptable”, dice el comunicado, en el que recomiendan eliminar todos los subsidios y dispensas de vehículos de que gozan en ese poder del Estado”.
Demandan que “sean los patronos los que paguen los salarios de quienes les sirven y de quienes les dan su trabajo para sostener sus negocios”.
Tras la lectura del comunicado, Zelaya dijo que su gobierno siempre estará a favor de los beneficios para los menos favorecidos “pero en forma responsable, igual como lo hicimos con el salario mínimo”.
“Pero esta propuesta tiene un vicio de origen, quieren pagarle los salarios a los ejecutivos del sector privado, de los gerentes del sector privado”, reiteró.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Mayra Mejía, dijo que su gobierno siempre estará de acuerdo y a favor de las causas de los trabajadores “pero jamás estar de acuerdo con un esquema, con una forma que golpee las arcas del estado y que en definitiva se vuelva en contra de los trabajadores”.
IMPACTO FISCAL
La ministra de Finanzas, Rebeca Santos, señaló que, según las proyecciones iniciales, la propuesta “unilateral” de Micheletti “puede significar aproximadamente 4,000 millones de lempiras, los que no se tienen y no veo otra forma que no sea cargando con más impuestos que se podría honrar un compromiso de semejante naturaleza”.
Esta es una “iniciativa que viene a vulnerar las arcas públicas del país”, anotó Santos.
Sobre el mismo tema, el presidente del Banco Central, Edwin Araque, dijo que un décimo quinto salario “viene a distorsionar nuestro plan anticrisis porque significa distorsionar los ingresos futuros de impuestos para el próximo periodo”.
“Es decir crear una bomba fiscal que el próximo gobierno va a tener que enfrentar, ya sea con reducción radical de gastos, sacrificando los programas sociales o poniendo más impuestos”, advirtió.
