Tegucigalpa – La propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Raquel Obando se vio obligada a salir ante la prensa al ser mencionada como la presunta alta funcionaria, cuyo consorte era el destinatario de una millonaria coima por vender indulgencias a un acusado de corrupción.
– Al menos 19 servidores judiciales han sido puestos a las órdenes de la justicia en los últimos meses, y se han aplicado 256 sanciones, de acuerdo a Supervisión General de Tribunales.
– Citó que la única instrucción que le ha dado a los jueces es que haya celeridad en la impartición de justicia, “el Poder Judicial no es un centro de recreación o un parque de diversiones”, dijo en referencia al compromiso que tienen con el pueblo.
– La presidenta de la CSJ fue consultada en varias oportunidades sobre si la audiencia al juez Vallecillo será pública -como él lo pidió- pero evadió la pregunta y nunca la evacuó.
La titular del Supremo hondureño ofreció una conferencia de prensa este lunes para negar vinculación en el caso por presunta extorsión del juez Marco Antonio Vallecillo, al tiempo que aceptó es un golpe fuerte al Poder Judicial y aseguró que no renunciará al cargo por este sonado escándalo.
“Para nosotros como jueces supremos del Poder Judicial esto es un fuerte golpe que hemos recibido, definitivamente algo que no esperábamos”, enfatizó.
El caso del juez Vallecillo -según Ráquel Obando- sólo demuestra que Supervisión de Tribunales está ejecutando el trabajo encomendado. “Entenderán que son muchos los funcionarios y que uno no puede estar detrás de cada uno, cada servidor judicial, cada juez que es juramentado conoce y sabe los valores de ética, probidad, profesionalismo, celeridad, todos los aquellos principios que debe tener un juez para poder dictar sus resoluciones. Créanme que los más afectados somos nosotros, porque jamás hemos dado ningún tipo de orden que esté fuera del ámbito legal, todo lo contrario, si de repente hemos hecho algún tipo de proceso es para que aceleren y no duerman los expedientes”, describió.
Reflexionó que desde que tomó el cargo de presidenta de la CSJ su propósito ha sido adecentar la justicia y que los procedimientos judiciales funcionen mucho más rápido que como ocurría anteriormente, que los expedientes no fueran escondidos como sucedía anteriormente.
“Comprenderán que es muy difícil limpiar la casa completamente, sin embargo quiero decirles que sólo este año se han enviado 11 denuncias al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones correspondientes”, declaró en conferencia de prensa este lunes.
Visiblemente nerviosa, la titular de la CSJ pidió a la Fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias en este caso específico y otros que les han sido remitidos. Valoró que es casi imposible conocer la vida de los más de 900 jueces que componen el Poder Judicial.
Sobre la antigüedad del juez Marco Vallecillo, dijo que labora en el Poder Judicial desde 2016 y lo que ocurrió fue que hubo un ascenso de su cargo.
La magistrada Ráquel Obando dijo que su relación con el juez Vallecillo es la misma que tiene con todos los empleados del Poder Judicial, “pido al Fiscal General Johel Zelaya para que se hagan las investigaciones pertinentes y así evitar especulaciones”.
Aseguró que todos los funcionarios judiciales que cometan actos reñidos con la ley serán judicializados como la ley manda.
Preguntada sobre las menciones de su esposo en este caso que involucra al juez Vallecillo, respondió que su compañero de hogar atraviesa por una compleja enfermedad y tiene tres meses fuera del país, pero si fuera el caso que los involucrara aseguró estar abierta a cualquier investigación sea quien sea el implicado.
“Debe haber un debido proceso, exijo al Ministerio Público que salga a la luz todo lo que tiene si soy culpable o mi esposo que lo pongan en el tapete y que lo diga el Fiscal General, pero como sé que no es así me siento más fortalecida para llevar a cabo las acciones que debemos hacer”, respondió a la pregunta si analizaba renunciar al cargo de magistrada presidenta de la CSJ.
Señaló que “si esta persona tuvo la osadía de decir que un millón era para el Fiscal General, y ahí está en el requerimiento, que iba a ser repartido, todo debe ser investigado, estas son excusas y calumnias. Esto se llama extorsión”.
Acentuó que “no tengo por qué renunciar, todos pueden ver el trabajo que se ha hecho en el Poder Judicial. A cuenta de qué tengo que deponer mi cargo, sólo por hacer las cosas bien, quieren apartar a los que hacer las cosas bien. Jamás voy a mentirle al pueblo hondureño, que merece justicia, a los que les estorbo tendrán mucho trabajo conmigo”.
Mientras, a la pregunta si varios de sus hijos laboran en el Poder Judicial, la magistrada Ráquel Obando aceptó que Rafael Leonardo Melara Murillo trabaja ad honorem como asesor, al igual que Josué Padilla y Miguel Cervantes. JS
