Tegucigalpa – El Ministerio Público presentó este miércoles una solicitud de antejuicio contra el alcalde y regidores de la corporación de La Unión en Copán del período 2018-2022 por incitación a la discriminación en perjuicio de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los imputados son Víctor Hugo Alvarado (alcalde), Sonia María Lara Tabora (vicealcaldesa), los regidores municipales, Henry Milthon Tabora Chinchilla, Rafael López Guevara y Fernando Trigueros Pérez.
Las investigaciones detallan que la corporación municipal por unanimidad de votos decidió declarar non gratos a las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Las ONGs perjudicadas fueron Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (ASONOG), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), y sus representantes legales.
El expediente indicó que los apoderados legales de estas organizaciones lograron que se ordenara el cese de las exhumaciones en el cementerio de Azacualpa, mismas que se estaban haciendo con el fin de explotar oro.
La empresa minera y el comité ambiental de la comunidad de Azacualpa, en 2012, suscribieron un convenio para exhumar osamentas en el cementerio de la comunidad que había sido utilizado por más de 200 años, señaló el ente acusador.
El MP comunicó que los pobladores fueron obligados a trasladar los cuerpos de un cementerio a otro por este convenio, por lo tanto, las ONGs iniciaron acciones legales logrando cancelar dicho convenio en marzo del 2018.
Sin embargo, la empresa minera continuó con las exhumaciones con el apoyo de la municipalidad de La Unión, situación que ha generado división entre los que apoyan la explotación minera y los defensores del medio ambiente. AG
