Tegucigalpa/ Washington – La congresista Jan Shakowsky y otros cinco co-líderes legisladores presentaron hoy miércoles un proyecto legislativo en la Cámara de Representantes a fin de combatir la corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos en Honduras y se elaboró sobre la base de la denominada Ley Berta Cáceres para los derechos Humanos.
Junto a Shakowsky, presentaron la legislación los representantes Hank Johnson de Georgia, Joaquín Castro de Texas, Jesús “Chuy” García de Illinois, Marcy Kaptur de Ohio e Ilhan Omar de Minnesota, quienes junto a otros 16 legisladores, introdujeron en la Cámara Baja, la cual es complementaria a la Ley de derechos Humanos y Anti-Corrupción del senador Jeff Merkley.
Merkley, senador por Oregon, presentó el pasado 23 de febrero, junto a sus colegas senadores Patrick Leahy de Vermont y Richard Durbin de Illinois, presentó el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en la Cámara Alta o Senado.
La legislación de ambos grupos de legisladores en ambas cámaras presenta un marco integral para “combatir la corrupción, impunidad y violaciones de derechos humanos en Honduras”, indica la declaración del grupo de representantes emitida hoy miércoles (21-04-21) en Washington.
La declaración destaca que en respuesta a la corrupción desenfrenada y la historia documentada de violaciones de derechos humanos, el referido proyecto de ley busca imponer sanciones al presidente hondureño Juan Orlando Hernández por “corrupción y abuso de derechos humanos y suspenderá la asistencia en materia de seguridad de los Estados Unidos”, así como licencias de exportación para artículos de defensa y municiones para la policía y fuerzas militares de Honduras.
“La introducción viene tras el anuncio público de fiscales federales sobre su investigación del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por su involucramiento en el narcotráfico en los Estados Unidos”, destaca la declaración de los legisladores norteamericanos.
Señalaron también la condena a cadena perpetua a Tony Hernández en una corte de Nueva York por lo que llamaron liderar un cartel sofisticado y violento de narcotraficantes.
“Por años los Estados Unidos ha brindado millones de dólares en materia de seguridad a Honduras y por años hemos visto el asesinato de activistas de derechos humanos, laborales y ambientales llevados a cabo por la policía y fuerzas militares con impunidad,” dijo la congresista Jan Schakowsky.
“Y ahora vemos que el Presidente de Honduras ha está implicado durante una década en actividades violentas de narcotráfico. Los Estados Unidos tienen que dejar de financiar la corrupción desenfrenada y las violaciones de derechos humanos que impiden que el pueblo de Honduras construya un país seguro y próspero. Estados Unidos ha dejado en claro hace tiempo que el gobierno de Honduras tiene que restaurar el estado de derecho, y respetar y garantizar los derechos humanos y civiles. Hasta que esto se cumple, tenemos que suspender nuestra asistencia, imponer sanciones y responsabilizar a los que están en el poder”, según la declaración.
Por su lado el senador Merkley fue citado señalando que “las violaciones de derechos humanos y los actos flagrantes de corrupción están siendo cometidos por funcionarios en los más altos niveles del gobierno de Honduras – cobran vidas, acallan a los defensores de derechos humanos y ambientales y forzan a las familias a huir de la persecución y violencia. No podemos permanecer silenciosos frente a esta crisis”.
El congresista Johnson dijo que es un honor ser co-líder de la referida ley e indicó que es una continuación de un largo esfuerzo por buscar justicia n Honduras y responsabilizar al presidente Hernández por lo que consideró es su involucramiento en el narcotráfico.
“Es imperativo que las fuerzas militares y la policía de Honduras no reciban financiamiento de los Estados Unidos para continuar aterrorizando a su propio pueblo, según el legislador Johnson.
El legislador Joaquín Castro dijo que es un orgullo estar con defensores de los derechos humanos e introducir la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2021, destacando que ya es tiempo de suspender la asistencia a las fuerzas de seguridad de Honduras. “Abordar las causas de raíz de la migración requiere que enfrentamos la inseguridad e impunidad que obliga muchas personas a huir hacia los Estados Unidos. El pueblo de Honduras tiene el derecho a una vida segura y decente en su país de origen y tiene que estar protegido, no victimizado por su propio gobierno. Invito a todos mis colegas a apoyar esta importante legislación”, señaló el congresista Castro.
“Nuestra política migratoria y extranjera están estrechamente ligadas. El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, funcionarios nacionales, y miembros de la policía y fuerzas militares son responsables por crimines contra la humanidad de nivel extremo en Honduras– y están creando una crisis humanitaria en la región que obliga a miles de personas a huir de sus hogares en búsqueda de seguridad”, dijo la congresista Omar.
