Tegucigalpa – Al menos 1,7 millones de hondureños viven en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional, una crisis que continúa agravándose debido a los altos índices de pobreza, que afectan a más del 67 % de la población, y al desempleo persistente, advirtieron expertos consultados por EFE.
La situación tiene graves repercusiones, especialmente en la nutrición infantil y en la salud de mujeres embarazadas o en edad fértil, quienes enfrentan serias deficiencias alimentarias que comprometen su bienestar y el adecuado desarrollo de los niños, señaló Fiamma García, asistente técnica del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
García indicó que unos 1,7 millones de personas —incluidos niños, mujeres y adultos mayores— tienen “dificultades para consumir alimentos de forma adecuada”, aunque advirtió que la cifra real podría ser aún mayor.
Explicó que la seguridad alimentaria y nutricional abarca varias dimensiones, desde la capacidad del país para producir suficientes alimentos hasta el acceso efectivo que tiene la población a ellos.
«El bajo poder adquisitivo que tengan las personas o el alto costo de algunos productos son los que influyen más en la inseguridad alimentaria y nutricional», afirmó la experta, al destacar que esta problemática se agudiza en comunidades rurales y zonas urbano-marginales, donde el acceso a alimentos nutritivos y servicios básicos sigue siendo limitado.
Además, alertó sobre la «doble cara» de la inseguridad alimentaria: por un lado, personas con desnutrición; por otro, una creciente población con sobrepeso y obesidad, consecuencia de dietas deficientes en nutrientes pero ricas en calorías debido a la limitada disponibilidad de alimentos saludables.
Reducir las comidas: una realidad diaria para miles de familias
La inseguridad alimentaria y nutricional es un problema estructural en Honduras estrechamente ligado a la falta de ingresos, el desempleo y la precariedad laboral que persisten en el país, dijo Héctor Figueroa, director del Instituto de Investigaciones Sociales.
Advirtió que esta crisis no es un fenómeno aislado, sino que golpea con mayor dureza a los hogares más pobres, especialmente en el Corredor Seco, una región que abarca zonas del oriente, sur, centro y occidente del país, y que es considerada una de las más vulnerables frente a la sequía, la pobreza y la falta de oportunidades económicas.
Actualmente, más de 6,7 millones de hondureños viven en condiciones de pobreza y 4,4 millones en pobreza extrema. De ellos, 1,3 millones sobreviven con menos de un dólar al día (26 lempiras), precisó Figueroa.
Una de las consecuencias más alarmantes de esta situación, añadió, es que muchas familias se han visto obligadas «a reducir» el número de comidas diarias, pasando de tres a una, o en el mejor de los casos, a dos.
Investigadores universitarios han documentado testimonios de padres que incluso se abstienen de comer para asegurar al menos un plato de comida para sus hijos, priorizando también a los adultos mayores del hogar.
Figueroa subrayó que esta crisis alimentaria, además de violar el derecho humano a la alimentación, pone en grave riesgo la salud y el desarrollo de niños y personas mayores, quienes sufren desproporcionadamente los efectos de esta emergencia.
Niñez y vejez, los más golpeados por la crisis alimentaria
Los sectores más afectados por la escasez de alimentos son los niños de 0 a 14 años, los adultos mayores de 60 y los jóvenes de entre 18 y 35 años, explicó Figueroa.
Según el investigador, aunque el Estado ha destinado millonarios recursos a programas de asistencia social y combate a la pobreza, los indicadores siguen sin mostrar mejoras significativas, debido a factores estructurales como la corrupción, la politización de la ayuda social, el incumplimiento de las leyes laborales y la falta de condiciones que favorezcan la inversión extranjera.
Aunque la pobreza no tiene color político, recalcó, la entrega de ayudas sí ha estado marcada por intereses partidarios, lo cual ha contribuido al abandono de miles de hondureños en condiciones de vulnerabilidad.
También alertó sobre la ausencia de políticas efectivas para fomentar el empleo y la inversión, afectadas en gran medida por la inseguridad jurídica y la inestabilidad política del país.
A esta situación se suma el incumplimiento de la ley del salario mínimo. De los 4,4 millones de personas que forman parte de la fuerza laboral hondureña, el 66 % gana menos del salario mínimo, mientras que el costo de la canasta básica ronda los 13.700 lempiras mensuales (unos 521,7 dólares), denunció Figueroa. EFE
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