Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Los líderes defensores de los territorios y el ambiente siguen encabezando el sector de riesgo y vulnerabilidad en materia de derechos humanos en Honduras, a los que se suman los periodistas en el ejercicio de su profesión víctimas de amenazas, extorsión e incluso desplazamiento forzado, en medio de la polarización política que envuelve el país.
El riesgo que enfrentan estos sectores ya había sido advertido hace casi seis meses cuando llegó al país en su primera visita in loco una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al indicar que los niveles de conflictividad social del pasado y actuales están impactando fuertemente a los defensores de los territorios y el medio ambiente. La CIDH, señaló que “ha recibido información preocupante sobre el incremento de la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, haciendo un especial llamado a la situación que viven las comunidades garífunas en el litoral atlántico y el caribe hondureño.
Llamó la atención sobre los niveles de impunidad existentes en los casos que envuelven a las mujeres, defensores humanitarios, defensores de la tierra y el medio ambiente, así como los periodistas al reportar porcentajes arriba del 90 % en materia de impunidad.
Eso fue en abril de 2023, han pasado casi seis meses y esa radiografía hecha por la CIDH se cumple en medio de un país atizado por la polarización política, confrontado y atascado entre los fantasmas del pasado y los desafíos presentes y futuros. La falta de empleo, la violencia e inseguridad siguen destacando entre los principales problemas del país.
La noche del 15 de septiembre hombres encapuchados dispararon en contra de la vivienda del defensor del ambiente, Ramiro Lara, de la organización Asociación de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG), una instancia civil que trabaja en programas de desarrollo y democracia. El atentado se produjo luego de que Lara denunciara un caso de deforestación en una comunidad del occidente del país.
La casa de Ramiro Lara, ubicada en la colonia ciudad de San Rosa de Copán, muestra los impactos de bala hecho por los encapuchados y el líder humanitario y defensor del ambiente se salvó de milagro. Las autoridades informaron que han iniciado las pesquisas del caso, el cual solo corrobora la advertencia hecha por la CIDH en cuanto a la vulnerabilidad en que se encuentra este sector de defensores humanitarios en el país.
Cuatro días después del hecho acontecido al ambientalista Lara, la madrugada del 19 de septiembre hombres armados ingresaron a la vivienda de la defensora humanitaria, Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) en un intento por atentar contra su vida. Los individuos fueron detectados por la escolta asignada a Miranda que goza de medidas cautelares y tuvieron que huir con rumbo desconocido. El hecho se produjo en la comunidad de Vallecito, en Colón.
Miriam Miranda goza de medidas de protección desde el 2014 cuando fue secuestrada por desconocidos y liberada por la comunidad. La comunidad de Vallecito junto a la de El Triunfo de la Cruz, goza de medidas de protección emitidas por la CIDH. Es el segundo intento de esa naturaleza contra la integridad de Miriam Miranda, una férrea luchadora de la defensa de los derechos humanos de su etnia y de su comunidad.
Los periodistas, el otro grupo vulnerable
Los portavoces de OFRANEH señalan que están redoblando sus medidas de protección, mientras en un video difundido por Miranda señala que esas intimidaciones no cesarán en su lucha, que seguirá denunciando y exigiendo justicia. Desde hace más de un año, la líder de esa organización viene denunciando la impunidad en los casos de líderes garífunas de El Triunfo de la Cruz, donde cuatro de ellos se encuentran desaparecidos desde el 2020.
Los atentados en contra de Miranda, en Vallecito, y de Lara, en Copán, han generado preocupación entre los organismos defensores de derechos humanos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUNDH) y la representación de la ONU en Honduras, así como instancias civiles nacionales e internacionales. El clima de hostilidad hacia los defensores de derechos humanos y del medio ambiente sigue siendo de alto nivel.
La secretaría de Derechos Humanos ha exigido también una investigación sobre ambos sucesos a los cuerpos del Estado y la titular de esa dependencia, Natalie Roque, se desplazó al occidente del país a solidarizarse con Lara, último que, de acuerdo con versiones locales de Santa Rosa de Copán, habría salido de esa ciudad por razones de seguridad. En tanto, el asesor presidencial y coordinador de Libre, el expresidente Zelaya, en un mensaje en sus redes sociales de X, dijo a Miranda que la presidenta Castro había ordenado que se investigara con celeridad su caso, al tiempo que brindó su solidaridad.
Pero los integrantes de OFRANEH, emitieron un comunicado en el cual denuncian la falta de interés del Mecanismo de Protección, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, ante una reunión programada con la comunidad, al faltar la mayoría de sus integrantes a la cita, entre ellos de la Procuraduría, el Ministerio Público y la Policía Nacional alegando razones de falta de viáticos.
Mientras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) ha revelado en las últimas semanas dos hechos preocupantes: cada 43 minutos se registra en el país una denuncia de violación de los derechos humanos, en tanto, las amenazas e intimidaciones contra los periodistas y el ejercicio de su profesión está generando un silencioso y preocupante desplazamiento forzoso.
Del 2001 al 2022, el CONADEH contabiliza la muerte de 94 periodistas, comunicadores rurales y personas afines a la comunicación en el país, así como un creciente desplazamiento forzoso de generadores de información a partir del 2016 por amenazas, intimidaciones y extorsión. La inseguridad contra la prensa se hace sentir en 16 de los 18 departamentos señala el comisionado.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha registrado durante su visita en la misión in loco de abril de 2023, denuncias de amenazas, agresiones físicas, atentados armados y hostigamiento, sobre todo contra quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros, entre otros.
Todas estas acciones que viven los sectores de la prensa y los defensores humanitarios, de los territorios y el medio ambiente, se producen en un escenario de crispación político que también fue previsto por su visita en la CIDH, al hacer un llamado a los poderes públicos del país a trabajar de manera coordinada para beneficio de toda la población mediante la implementación de acciones concretas dirigidas a superar problemas estructurales persistentes y avanzar en una agenda de inclusión social basada en el respeto de los derechos humanos.
“En este esfuerzo es fundamental propiciar un diálogo franco, abierto y transparente con todos los sectores de la sociedad, incluidas las voces disidentes; con la participación de los grupos de población que de manera histórica han sido excluidos y discriminados en Honduras. La CIDH confía en el mantenimiento de un orden constitucional”, concluye en su informe preliminar. (PD)
