Tegucigalpa – Los partidos Anti Corrupción (PAC) y Libertad y Refundación (Libre), pretenden desbaratar el listado de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), propuestos por la Junta Nominadora, y consecuentemente incluir otras opciones que quedaron al margen durante el proceso.
Lo anterior se colige de declaraciones de diputados de ambas bancadas representadas en la Cámara Legislativa, quienes no descartan echar mano de otros candidatos que no figuran en el listado de 45 que propuso la Junta Nominadora.
Este martes se nombró la Comisión Legislativa que propondrá un método de elección de los 15 magistrados, luego que fracasara el consenso para ratificar la nómina única que se presentó la medianoche del lunes.
Integran la Comisión Especial: Mario Pérez (PN), Gabriela Núñez (PL), Ana Joselina Fortín (PAC), Jenny Murillo (Independiente), Augusto Cruz Asensio (DC) y Manuel Zelaya (Libre).
La Comisión Legislativa se reúne este miércoles a las 10:00 de la mañana para definir el proceso de elección de magistrados. La idea es que en la sesión plenaria en horas de la tarde se apruebe una vez que el mismo se haya consensuado con todos los diputados.
El propio presidente del Congreso hondureño, Mauricio Oliva, acusó a grupos políticos de oponerse a la elección de los magistrados, porque -según él- quieren imponer a sus candidatos que no figuran en la nómina de 45.
Oliva criticó al Partido Libre por tratar de interrumpir el orden constitucional, “y voy a ir más allá, hay algunos grupos que no quisieron un consenso porque parece están pagando cuentas de campaña a sectores empresariales que están queriendo poner su representante en la Corte Suprema de Justicia”.
PAC y Libre lo confirman
El congresista del PAC, Walter Banegas, no quiso pronunciarse sobre las aseveraciones que los señalan por estar pugnando para incluir entre los 15 magistrados a profesionales del derecho que no fueron propuestos en la nómina de 45.
“Como abogado analizamos todos los escenarios, las posibilidades porque estamos ante personajes muy creativos y ante esa posibilidad tenemos que ser también creativos, si en ese escrutinio de 45 no resultan los 15 que se requieren habría que analizar otros escenarios”, desglosó Banegas.
“Queremos que la lucha anti corrupción llegue al Poder Judicial y eso solo es posible con los mejores hombres y mujeres al frente de la Corte de Justicia”, apuntó.
De su lado, el diputado Rasel Tomé, de Libre, ratificó que lo que piden es que les envíen los informes completos de los 197 aspirantes a magistrados. “Somos la única fuerza en Honduras en oposición sin andar negociando migajas porque vamos por el poder de la nación”.
Tomé, en consonancia a lo declarado tempranamente por el expresidente Manuel Zelaya, dijo que se mantienen firmes hasta el final y que quieren analizar a los 197 profesionales del derecho que participaron en el proceso para determinar si los que quedaron al margen pueden ser nominados en este nuevo proceso de elección.
“Hay unos que reprobaron las pruebas de confianza y pasaron el filtro, hay otros que obtuvieron excelentes calificaciones y los dejaron fuera, queremos revisar esos extremos”, mencionó Tomé.
Mientras, el vicepresidente del Congreso, Edgardo Martínez, señaló que no se puede tomar en cuenta el listado inicial de 197 aspirantes a magistrados en vista que la Junta Nominadora hizo los filtros pertinentes y la bajó a 45 como lo ordena la ley.
Corresponde seleccionar a los 15 magistrados del listado final de 45, aseveró.
El diputado Liberal, Ángel Darío Banegas, no descartó que se llegue al escenario que el PAC proponga su nómina de candidatos bajo la condición de colaborar con sus votos para lograr los 86 sufragios que requiere la votación.
Asimismo, el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, citó que la Junta Nominadora hizo lo que ordena la Constitución al presentar el listado de 45 propuestos a magistrados de la Corte de Justicia.
“Tratar de incluir los que quedaron al margen de la nómina de 45 es una interpretación aberrante, incorrecta, sin fundamentos o criterios válidos”, criticó Ramos Soto para luego apostillar que lo que procede es la votación secreta como lo ordena la Carta Magna.
