El último «atropello» a la Constitución cometido por Ortega ocurrió el fin de semana pasado cuando emitió un decreto para modificar el presupuesto de la nación este año, facultad que le corresponde a la Asamblea Legislativa, indicaron.
Entre las violaciones que Ortega ha cometido contra la Constitución y las leyes, la prensa menciona el decreto Ejecutivo que autorizó el ingreso de tres buques de guerra rusos al país, sin la autorización del Congreso, como manda la Carta Magna.
También el decreto Ejecutivo ordenando reconocer la legitimidad de los comicios municipales del 9 de noviembre pasado, considerados válidos por el Gobierno de Ortega y fraudulentos por la oposición.
Otras violaciones a la Constitución y a las leyes del país que enumeran los dos periódicos, críticos de Ortega, son nombrar a su esposa, Rosario Murillo, como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).
La misma información de prensa alega que la Constitución establece que ningún pariente del presidente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinad puede ser funcionario del Estado.
Los medios también señalan como violaciones de la Constitución y las leyes los nombramientos que Ortega ha hecho de jefes de misiones diplomáticas sin la ratificación del Parlamento.
Además, mencionan que Ortega no despacha en la Casa de Gobierno, sino desde la secretaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde también está ubicada su residencia, lo cual califican como «confusión estado-partido-familia».
Asimismo, anotan que el Ejecutivo ha reemplazado el Escudo Nacional por un «escudo psicodélico» en los documentos oficiales y de Estado.
Otras violaciones son la intervención de una empresa importadora y distribuidora de gas licuado, el regalo de dos manuscritos originales del poeta Rubén Darío que hizo a su colega de Venezuela, Hugo Chávez, y una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional para ascender en grado a tres comisionados mayores, agregan.
La oposición también ha acusado a Ortega de violar la Constitución y las leyes al viajar, en sus giras oficiales, con sus familiares.
«Así se resumen los decretos más gruesos del presidente de la república que retratan de cuerpo entero su desprecio por el Estado de Derecho y su vocación a ejercer el poder vertical y autocráticamente», apuntó «El Nuevo Diario», que llama a Ortega «el gran legislador» con afán de controlar todos los poderes del Estado del país.
«La ley es para gobernantes y gobernados, pero en Nicaragua el gobernante quiere ser él mismo la Ley», dijo a La Prensa el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.
«Su mentalidad totalitaria, que lo vuelve incapaz de abrir negociaciones (…) y de lograr consenso, lo obliga a apartarse de la legalidad constitucional y a violentar todas las disposiciones constitucionales y legales continuamente», comentó, por su lado, el diputado liberal opositor José Pallais.
Según Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, Ortega se hace más daño con sus ilegalidades, porque «va cayendo más en una situación desprestigio y de falta de reconocimiento internacional y de aislamiento nacional».
Abogados constitucionalistas y diputados opositores advirtieron que Ortega se expone a ser enjuiciado por violar la Constitución, las leyes y entrometerse en asuntos de otro Poder del Estado.
