Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Sentencia declaró no ha lugar la solicitud de cambio de medidas para los familiares del exoficial de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana: su esposa Jennifer Lizeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla.
Así lo informó la portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lucía Villars, indicó que este jueves se realizó dos audiencias, entre ellas la solicitud de cambio de medidas.
“El médico forense que revisó a estas personas ha indicado que a pesar que ellas tienen enfermedades de base, son situaciones que pueden ser controladas en el centro donde están recluidas”, explicó Villars.
Los tres imputados son acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Villars también informó que en la audiencia de proposición de medios de prueba fueron admitidos el 95 % de los propuestos por las partes procesales.
“En el caso de la audiencia de proposición de medios de prueba se han admitido en este caso aproximadamente un 95 % de los medios de prueba presentados por las partes procesales”, dijo Villars.
Prosiguió que estos medios de prueba admitidos se desarrollarán y serán evacuados durante la etapa del juicio oral y público.
La vocera del Poder Judicial confirmó que el Tribunal de Sentencia no ha programado la fecha de desarrollo del juicio oral debido que un perito del Ministerio Público tiene que estar presente en otra audiencia.
Aunque estimó que el desarrollo del juicio oral en contra de los tres imputado se realice en 2023.
De acuerdo a las investigaciones, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaró en su totalidad.
Orellana se quedaba con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.
También es señalado por estar involucrado en la muerte de un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). AG
