Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La elección del Fiscal General y Adjunto ha colocado nuevamente en el debate la violencia política contra las mujeres en Honduras, donde la única mujer nominada en la lista de cinco seleccionados, la abogada Jenny Almendares, ha sido objeto de una sistemática campaña de descrédito, misma que no escapa a otras mujeres en cargos de relevancia, entre ellas la presidenta Xiomara Castro, las diputadas del Partido Salvador de Honduras (PSH), del Partido Nacional, Partido Liberal y destacadas lideresas de sociedad civil y la academia.
Desde que la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), juntamente con el Partido Nacional y el Partido Liberal, introdujeron en el hemiciclo como nómina alterna a la propuesta por el oficialismo de Libre, a los abogados Marcio Cabañas y Jenny Almendares, como Fiscal General y Fiscal General adjunto, respectivamente, los ataques contra Almendares han ido escalando en las redes sociales y en declaraciones de diputados y personajes ligados a Libertad y Refundación (Libre), el partido en el poder.
Libre ha propuesto en su nómina para esos cargos a los abogados Johel Zelaya y Marcio Cabañas, el primero como fiscal titular y el segundo, como fiscal adjunto, pero en las votaciones apenas ha alcanzado 52 votos de los 86 que necesita, en tanto las bancadas de oposición (PSH, PN y PL) han obtenido 74 votos de 86. Ninguno ha llegado a la cifra mágica, pero ello no ha impedido que se intensifique la violencia política contra las mujeres.
La abogada Almendares, exfiscal de carrera del Ministerio Público, fue la candidata mejor evaluada por la Junta Proponente para la selección de la nómina de cinco postulantes a rectorar el Ministerio Público, pero la comisión especial de dictamen del Congreso Nacional que efectuó entrevistas a los cinco mejores de la lista, degradó a la abogada Almendares, cuya trayectoria profesional ha sido impecable, según testimonian quienes la conocen. La abogada Almendares es parte del censo partidario de Libre, pero ha sido éste el partido que más la ha atacado desde su militancia y desde algunos de sus liderazgos políticos. La comisión especial legislativa estuvo integrada en su mayoría por Libre, que inclinó su balanza por Johel Zelaya, un regidor liberal de Reitoca, que se unió después con Libre, mintió a la Junta Proponente, pero ésta lo perdonó y llegó hasta el final siendo el candidato por el cual ha cerrado filas el partido en el poder. En las últimas horas voceros de la bancada de Libre han dicho estar abiertos a recomponer su fórmula, aunque no han detallado los movimientos que podrían hacer.
A Jenny Almendares—hija de un prominente defensor de derechos humanos y militante de Libre, el exrector universitario, Juan Almendares—le cuestionan que haya trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, le acusan que abrió expedientes contra algunos miembros del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, último que niegan organizaciones de mujeres; le cuestionan su vestimenta y el gusto por cambiar con frecuencia el color de su cabello. En las redes sociales hasta de ser parte de la narco-dictadura del expresidente Juan Orlando Hernández, le han achacado, en una abierta campaña de descrédito y desinformación. La exfiscal Almendares, sostienen las organizaciones de mujeres, es una abogada con un alto criterio de independencia, no se somete a “voluntades domésticas” para aceptar pactos bajo la mesa, de ahí los ataques en su contra.
Los otros hechos de violencia política
Pero previo al caso de la abogada Almendares, otra destacada togada que obtuvo la mejor calificación de la Junta Nominadora para ser magistrada del Poder Judicial, Ana Pineda, fue también objeto de violencia política y descalificación en redes sociales. El epicentro de esta violencia política de género ha sido el congreso nacional.
Diputadas como Maribel Espinoza y Suyapa Figueroa, del PSH, han sido difamadas en las redes sociales, objeto de epítetos que denigran su imagen, muchos de ellos procedentes de sus compañeros de cámara, en especial del partido en el poder, cuando la intolerancia escala según la coyuntura política o el debate del momento. Pero no solo sus compañeros de cámara las han insultado, también funcionarios del gobierno de la presidenta Castro, por medio de sus redes sociales o desde los llamados troles, hater o call center que se manejan desde las redes sociales.
La diputada Maribel Espinoza, que ha sido una crítica de los desaciertos del Poder Ejecutivo y el Legislativo, ha sido acusada de golpista, de ser vocera de los grupos de poder, de ser una “mujer espuria” y que una golpista como ella no entiende de “democracia participativa”. Así lo dijo en sus redes el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, porque Espinoza cuestionó que ande buscando una consulta para elegir fiscal general y adjunto, cuando ya está montado un proceso en el Congreso Nacional conforme lo estipula la Constitución. Iguales críticas y descalificaciones ha sufrido la diputada y médico, Suyapa Figueroa.
Pero no solo esas mujeres diputadas son objeto de una intensa violencia política, también lo son las legisladoras del principal partido de oposición, el Partido Nacional. Sus integrantes han sido denigradas y estigmatizadas al grado que un diputado de Libre las llamó “muñecas de la mafia” por denunciar los atropellos que son objeto a lo interno del Parlamento al revisar sus pertenencias y saquear sus curules. Ese calificativo de estigmatización y denigrante ha incomodado al Partido Nacional que ha anunciado acciones legales.
Las diputadas nacionalistas, la mayoría de ellas jóvenes que integran por primera vez el Legislativo hondureño, han sido críticas de acciones que ellas califican de antidemocráticas y excluyentes. También han señalado lo que juzgan como el deterioro social que genera desempleo, migración, crisis sanitaria y de salud en el país y exigen que se cumplan las promesas de campañas y que no se repliquen las viejas prácticas que solo fomentan más de lo mismo.
La tensión en el hemiciclo lejos de bajar, escala y en el centro de esa polémica están las mujeres que dan la cara y enfrentan al poder constituido.
Castro y las Castellanos bajo el reflector
En esa escala de violencia política, otro personaje que también ha sido estigmatizada e irrespetada en su cargo, por grupos radicales de oposición, es la presidenta de la república, Xiomara Castro, a quien cuestionan su estilo de gobernar y asocian como “una ama de casa” que no dirige su administración, sino que obedece las líneas de su asesor, el expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, que es quien gobierna. Esa percepción se viralizó luego de una encuesta de percepción el año pasado, y desde entonces los memes, mofas anónimas e incluso expresiones ofensivas a su dignidad se manifiestan con constancias en las redes sociales, pero también en escritos que riñen con la ética y el respeto a la dignidad de las personas.
La ministra de la mujer, Doris García, denunció recientemente que la presidenta Castro es objeto de “ataques sistemáticos”, de supuestos boicot a su gobierno y de querer minimizarla en su condición de mujer.
Pero la violencia política no solo se ha centrado contra mujeres políticas o las que aspiran a cargos de elección de segundo grado, también se ha desatado con furia contra prominentes féminas de sociedad civil, líderes en lucha anticorrupción y destacadas académicas.
Una de ellas es la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, quien, tras presentar un informe sobre nepotismo, la virulencia fue masiva e intensiva en las redes sociales y desde funcionarios del propio gobierno, entre ellas la propia presidenta Castro que cuestionó en un discurso su informe por considerar que era “tendencioso”. Castellanos tuvo que salir del país por un tiempo por amenazas a su seguridad personal y familiar, pero desde el gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos puso en duda su salida, y algunos ministros y burócratas la acusaron de andar “paseando” o “vacacionando” en el extranjero.
A las campañas de discriminación y estigma en contra de la coordinadora del CNA, se suman los ataques que es objeto la exrectora de la UNAH y académica, la socióloga Julieta Castellanos, quien además de sus opiniones en medios, ha destacado también por sus cartas de reflexión que con frecuencia difunde a los medios y redes sociales. Cada vez que publica una de sus cartas, la virulencia escala niveles inimaginables, y las amenazas veladas y directas salen a flote en las redes sociales y desde algunos personeros de alto perfil del gobierno.
Trasciende a la diplomacia
Los ataques contra las mujeres trascienden la escena nacional y también tocan a diplomáticas como la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu, a quien vituperan y critican cuando emite sus opiniones en el marco de la libertad de expresión y de la tradicional relación de cooperación con Honduras.
Tal es el ataque a la jefa de misión estadounidense que el propio ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, ha rechazado las expresiones y pedido a sus colegas comportarse a la altura de sus cargos.
“Yo he sido muy enfático en público en declaraciones a los medios de comunicación en que nos debemos respeto entre nosotros. Estoy en contra de una acusación o una especulación y mucha más en contra de una ofensa, no debemos los funcionarios públicos recurrir a las ofensas, tenemos una responsabilidad como representantes del pueblo hondureño y del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y esa ha sido la instrucción de ella, comportarnos a la altura de nuestros cargos”, expresó.
Quieren silenciarlas, cita informe
La violencia política y de género en contra de las mujeres con voz pública en Honduras, va escalando y según un informe de la ONU-Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión, que analizó este tipo de hechos desde las redes sociales, el impacto que ello está teniendo en la libertad de expresión tiene el propósito de silenciar las voces críticas, apagar la voz de las mujeres y reducir los espacios cívicos.
“La violencia en línea traspasa la virtualidad; tiene consecuencias concretas y visibles en las personas que la padecen; y con frecuencia, continúa literalmente por fuera de las plataformas digitales. Es un error y una minimización del problema hablar de violencia online como algo ajeno, separado, distanciado de la violencia estructural por razones de género”, señala el informe.
“Los ataques impactan en el ejercicio de la libertad de expresión de quienes los padecen. De este modo restan voces en el debate público y, por consiguiente, socavan la calidad de las democracias”, concluye.
Ese objeto de ataques y de violencia política y de género, tiene como propósito silenciarlas y sacarlas de los espacios públicos, disminuir su voz y elevar los niveles de discriminación y estigma. Los ataques son sistematizados, no son hechos aislados, y utilizan troles, hater o call center para propagar las campañas de desprestigio y desinformación. De estos ataques, dice el informe, no escapan las periodistas y las defensoras de derechos humanos.
Honduras ha entrado así a una etapa de crispación social donde uno de los objetivos de ataque son las mujeres, por medio de la violencia política que tiene entre sus protagonistas, actores de todos lados, donde destacan los discursos de odio, los mensajes violentos, machistas y misóginos, entre otros. (PD)
