Tegucigalpa-. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó solicitud de antejuicio por el delito de malversación por aplicación diferente contra el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado y dos regidores más.
– El Ministerio Público a través de las Fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó requerimientos fiscales contra exfuncionarios, empleados públicos, servidores del sector justicia y particulares que defraudaron la hacienda pública.
Estos funcionarios habrían aprobado de manera irregular la donación de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda, quien a su vez fue acusado de recibir dinero a cambio de agilizar trámites en la municipalidad.
Fiscales de FETCCOP también presentaron ocho requerimientos fiscales. Entre los casos que destacan es la acusación a exmiembros Consejo Directivo del Hospital Escuela, quienes en 2017 se aumentaron de manera ilegal y selectiva sus salarios; y para cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que realizaron un allanamiento ilegal y que además sustrajeron L 50 mil de la vivienda de un ciudadano en Ocotepeque.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusa a empleados del Instituto de la Propiedad y particulares, ya que fraguaron un fraude inmobiliario en San Pedro Sula, al falsificar escrituras y utilizar la firma de notarios para registras inmuebles en el Registro de la Propiedad. Con esas inscripciones vendieron dichos inmuebles a víctimas que pagaron millonarias sumas de dinero.
Entre tanto, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presenta acusaciones contra un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC); dos empleados del Poder Judicial y una agente de la DPI.
Por su parte, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDT) presenta tres requerimientos fiscales: uno contra dos empleados de Aduanas por incumplir los procedimientos en materia obligatoria; y dos casos adicionales por defraudación fiscal y contrabando, los cuales, en conjunto, representan un perjuicio económico al Estado superior al medio millón de lempiras. IR
