Tegucigalpa – El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para el diputado Nelson Márquez, Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez acusados de haber cometido fraude en perjuicio del Estado.
No son las defensas las que han solicitado el arresto, es el propio Ministerio Público, dijo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Agregó que en el caso de Nelson Márquez podría ser suspendido de su cargo como legislador.
Se espera que las cinco personas imputadas estén regresando a sus hogares esta misma noche si el juez lo determina así.
El juez que lleva la causa pidió un tiempo para dar la resolución de la audiencia inicial.
Según las investigaciones, este caso contra Márquez y otros imputados sucede en un ambiente crispado y de incertidumbre de cara al proceso de elecciones generales del 30 de noviembre.
Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, los imputados supuestamente drenaron tres mil 084 millones de lempiras mediante demandas ilegales.
El requerimiento fiscal surge en el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP. IR
