Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña informó este miércoles que investiga las compras por la emergencia de la pandemia de COVID-19, que realiza la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
– Aunque existe una normativa que da la facultad primero al TSC, el MP adelanta investigaciones para detectar presuntas irregularidades en las compras de emergencia.
La polémica surge por la supuesta compra sobrevalorada de percoladoras, televisores y otros enseres por parte de Copeco y que ha generado incluso la suspensión de los funcionarios que enviaron la información para que fuera colgada en la página de la Secretaría de Finanzas.
Varios sectores, incluyendo entes de sociedad civil, han criticado las presuntas compras sobrevaloradas y cuestionan el actuar de los funcionarios ante la emergencia por COVID-19.
El Ministerio Público señaló, mediante un comunicado oficial, que desde el pasado 4 de abril del 2020, un equipo de investigación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), iniciaron diligencias investigativas en las oficinas de Copeco en Tegucigalpa, ante denuncia de supuestas irregularidades en las compras hechas por la emergencia del COVID-19.
El ente acusador del Estado, arguye que aún y cuando existe una Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos de octubre de 2019 (Decreto legislativo No. 116-2019), en donde se establece que antes de una investigación debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público consideró oportuno adelantar el proceso investigativo a la espera del trabajo que realiza el TSC en torno a las compras de emergencia en Copeco.
El MP reitera que en octubre de 2019, por medio de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución presentó un recurso de Inconstitucionalidad en contra de la polémica Ley Especial.
Asimismo, señalan que el decreto legislativo 116-2019, excede en su artículo 16, los límites que el artículo 222 párrafo tercero de la Constitución, al establecer en cuanto al Tribunal Superior de Cuentas, para conocer exclusivamente sobre el delito de enriquecimiento ilícito; brindándole una facultad excesiva para intervenir en la calificación de otros tipos penales (al no señalar el decreto esta restricción expresa).
Lo anterior imposibilita al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.
A renglón seguido, la Fiscalía menciona como antecedente, febrero de 2018, cuando por medio de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, presentó recurso contra la polémica ley de Presupuesto, el cual meses después fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dando con esto razón a lo solicitado por el ente acusador.
Luego de conocer las acciones del MP, el titular de Copeco, Gabriel Rubí calificó como un “buen mensaje” en las que los resultados tendrán mayor objetividad.
“No hay que adelantarse son procesos normales y es de felicitar de Ministerio Público que al escuchar ruido empieza con los procesos (investigativos)”, destacó.
