Tegucigalpa- Fiscales asignados al Juzgado de Ejecución presentarán recurso de apelación en contra de la decisión adoptada en las últimas horas por un juez de favorecer con libertad condicional a dos personas condenadas por los delitos de lavado de activos y criminalidad organizada, en el sonado caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata de la socia fundadora de la empresa de maletín Insumedic, Ilsa Vanessa Molina Aguirre (condenada el 6 de diciembre de 2016 a 12 años tres meses de reclusión) y de su madre Ilsa Damaris Aguirre Flores (condenada el 7 de septiembre de 2020 a ocho años de reclusión).
Ambas imputadas fueron objeto de excarcelación de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), debido a que un juez de ejecución no valorara y considerara que las condenas dictadas en su contra son por el delito de criminalidad organizada, conforme a la legislación penal hondureña y de acuerdo con las pruebas acreditadas en este caso por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), señala el Ministerio Público en un comunicado.
Agrega que las investigaciones develaron todo un mecanismo de sustracción de fondos y blanqueo de capitales a lo interno del IHSS, así como la adquisición de bienes con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de crédito entre empresas fachadas y ese centro asistencial.
Esas conductas delictivas, cabe recordar, fueron aceptadas en primer término por Ilsa Vanessa Molina que en una audiencia de procedimiento abreviado admitió haber lavado activos del Seguro Social y en segundo lugar por Ilsa Damaris Aguirre Flores que en una audiencia de acuerdo de estricta conformidad se declaró culpable, arguye la Fiscalía.
Arguye que en el caso Insumedic-IHSS, miles de folios de prueba documental y pericial demostraron cómo Molina Aguirre participó en el desfalco del Seguro Social por un monto de 10 millones de lempiras, valiéndose de la relación sentimental que ésta mantenía con el entonces gerente de Compras, Materiales y Suministros, José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia), mientras que su madre puso a su nombre bienes inmuebles para ocultar su ilícita procedencia y su vínculo con una empresa fantasma.
En ese sentido, el Ministerio Público, en el contexto de estos hechos, considera que existen agravantes y motivos para que fiscales interpongan en tiempo y forma el respectivo recurso de apelación, ya que en esta causa no ha primado la legalidad ni prevalecido la justicia. IR
