San Salvador.– Un grupo de militares y de agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador entraron este domingo al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa donde está convocada una sesión extraordinaria para discutir y aprobar un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
Los militares y policías aguardan a la llegada del presidente Nayib Bukele, quien ordenó a los diputados que realizaran una sesión extraordinaria para aprobar los fondos por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE).
Desde el viernes el presidente Bukele convocó a los ciudadanos a presentarse hoy a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación de dicho préstamo, que no ha sido avalado porque integrantes de la Comisión de Hacienda aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.
Algunos diputados que se encuentran dentro del Congreso lamentaron la intervención de los cuerpos de Seguridad y aseguraron que «no era necesario llegar hasta este punto».
«No está pasando nada grave para que esto suceda, no era necesario llegar a esto para aprobar un préstamo (…) debemos de dialogar porque la democracia de El Salvador está en juego y ver que el órgano Ejecutivo se esté tomando la seguridad de la Asamblea (Legislativa) es lamentable», dijo a periodistas el diputado Francis Zablah, del partido de oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
En este mismo sentido, el parlamentario Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), señaló que «no hay razones para que esto esté pasando y esto es presión y es amedrentar a los diputados».
«No estamos aquí (en la Asamblea Legislativa) en una situación de conflicto, estamos aquí para dialogar, no para enfrentarnos (…) lamento la situación que ha ordenado el ministro de Justicia (Rogelio Rivas)», manifestó.
Cardoza y Zablah son parte del grupo de unos 20 diputados, en su mayoría del partido GANA, que llegaron al órgano Legislativo tras la convocatoria de Bukele.
El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzada dicha iniciativa.
El objetivo de plan es quitar el control territorial a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.
Si embargo, defensores de derechos humanos han criticado dicho plan por la implementación de la fuerza militar, en apoyo a la Policía, para llegar a los resultados esperados.
Las pandillas, un fenómeno considerado herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.