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Migración, corrupción, pobreza y crimen, fisuras que busca sanar Honduras

Tegucigalpa – Honduras afronta serios desafíos en temas como el fenómeno migratorio, lucha contra la corrupción, pobreza y criminalidad, entre otros, que son males que históricamente se expandieron en una sociedad sometida y sin oportunidades de alcanzar un mejor estilo de vida.

Pero además la naturaleza, se ha encargado de prolongar las crisis, especialmente en zonas vulnerables a las condiciones climática, los últimos dos fenómenos naturales dejaron 91 vidas perdidas, 3.4 millones de personas afectadas y graves daños infraestructurales a nivel nacional.

Las descomunales lluvias de Eta y Iota, dejaron afectaciones en menos de dos semanas en 16 de los 18 departamentos de la nación, con severos golpes en la zona norte, la más productiva del país, cuya actividad económica representa casi el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

Y es que hasta antes de las pandemia del COVID-19 según cifras oficiales, la pobreza afectaba al 60% de una población de 9.5 millones de habitantes, pero estudios recientes indican que ese fenómeno supera ahora el 75% de sus ciudadanos.  

La actividad delictiva se encuentra en un punto alto donde estructuras de delincuentes, crimen organizado, maras, pandillas y narcotráfico, establecidos en varios municipios de Honduras, lograron acentuar sus operaciones delictivas, esto sin la debida atención de las autoridades.

Mientras no haya mejor investigación, persecución y judicialización, la criminalidad podría llegar a niveles más preocupantes, la crisis radica en la desatención desde el Estado para erradicar los ilícitos, según la criminóloga Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Combate a criminalidad en marcha

Recientemente el gobierno que dirige Xiomara Castro de Zelaya (10 meses en el poder) lanzó una estrategia de persecución contra la extorsión y otros delitos, que son acciones criminales que históricamente han estado lideradas por maras y pandillas, los resultados están por verse.

El plan antiextorsión apenas cumple seis días, entre cuestionamientos de algunos sectores, entre ellos los defensores de derechos humanos, sin embargo, para la institucionalidad ese es el camino que debe seguirse para contrarrestar la alta ola de criminalidad que impera en el país.  

De momento el plan opera en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes, pero otros municipios registran alta incidencia delincuencial, donde perfectamente se podría extender el estado de excepción, como Juticalpa y Catacamas, según el diputado Carlos Zelaya.

Más de 100 capturas de criminales con perfil cardinal de pandillas se realizaron, casi un centenar de cocaína retenida, entre otras cosas como vestimenta militar y armas; la presidenta Castro dijo que en esa lucha, caerán delincuentes de cuello blanco, que hasta ahora es una promesa.

El estado de excepción se rige mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM 20-2022 y suspende al menos seis derechos garantizados en la Constitución de la República. Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

Esto que si bien es cierto genera expectativas en una población habida de justicia y acorralada por la criminalidad, donde la extorsión opera en detrimento de la economía personal, comercial y social, solo los transportistas pagan más de 60 millones de lempiras al año a las pandillas.

Nuevo escenario migratorio para Honduras

A la par, Honduras también es afectado por el fenómeno migratorio, que años atrás se conoció como un país generador de migrantes hacia Norteamérica y Europa, ahora no es que no lo sea, sino que se ha convertido en un país de tránsito y refugio para caribeños y sudamericanos.

Todos tras el sueño americano; centenares de hondureños salen a diario hacia Guatemala y México con la mirada pueda en EEUU, previamente los extranjeros ingresan por la frontera con Nicaragua, que al igual que los compatriotas huyen de contextos críticos en sus países de origen.

En las principales ciudades del país, es común encontrar migrantes, menores, jóvenes, incluso familias completas en condición de mendicidad, pidiendo algo de dinero para poder continuar su viaje, ellos son el retrato de múltiples abusos de grupos criminales instalados en su trayecto.

Pero además, en ocasiones para el caso de Honduras, agentes policiales se vieron involucrados en acciones contra la población migrante, también el cobro desmedido de comerciantes y coyotes quienes se aprovechan de la situación para incrementar las tarifas básicas en su andar.

La niñez igual afronta realidades complejas, organismos estiman que este año cerrará con más de 15 mil menores retornados, cifras que ya son superiores en un 26% en relación al 2021, 9 mil 324 desde Estados Unidos, 5 mil 146 de México y 162 de Guatemala.  

Este año Honduras ha registrado el mayor flujo de migrantes de la región, por lo que se estima que el 2022 cierre con alrededor de 200 mil migrantes en tránsito, según autoridades migratorias, quienes señalan que en años anteriores esta cifra rondaba los 34 mil viajeros.

A la fecha más de 180 mil extranjeros en condición irregular ingresaron a Honduras, que recién amplió una amnistía a la penalización por ingresar ilegalmente al territorio nacional, esto ocurre mientras personas optan por extorsionarlos a cambios de información, traslado y permanencia.

La corrupción en agenda

Esta semana, en el marco de lucha contra el crimen, reducción de pérdidas energéticas, subsidios y elección de la Corte Suprema, entre otras acciones, Honduras entra en etapa crucial en la negociación por la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

Voceros del gobierno aseguran que las pláticas están avanzadas, con la Organización de Naciones Unidas, pero la firma de un memorándum de entendimiento, es hoy principal punto de discusión, mismo que es diferente al que propuso inicialmente el organismo multilateral.       

Honduras lo revisó y lo devolvió a Naciones Unidas, el mismo contenía las propuestas del gobierno, que hasta ahora ha sido un motivo para prolongar las negociaciones, sin que se conozca con exactitud en qué punto se encuentran porque los pronunciamientos sobre el tema de la ONU son casi nulos.

Una misión hondureña de alto nivel conformada por el canciller Enrique Reina y los ministros de Transparencia y Finanzas, Edmundo Orellana y Rixi Moncada respectivamente, viajó a la sede la ONU para seguir las pláticas; se conoció que lograron concertar una reunión para los próximos días de la presidenta Castro con el Secretario Adjunto de la ONU Miroslav Lajcak.

El propio canciller Reina, aclaró que la mandataria de Honduras, abordará el tema de la instalación de la CICIH, pero que como resultado, no se espere que se concrete, la firma del memorándum de entendimiento que daría paso a otra fase de las negociaciones.

Las medidas adoptadas buscan paliar las múltiples crisis en Honduras, defiende constantemente el gobierno y sus voceros, sin embargo, las expectativas siguen siendo altas, para algunos sectores y completamente nulas para otros, pero solo en el tiempo habrá resultados sobre migración, combate a la corrupción, criminalidad y pobreza, entre otras. JP 

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