Tegucigalpa – El gobierno de Xiomara Castro debe atender las recomendaciones de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pidió este miércoles la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento.
Mediante una conferencia de prensa, la Mesa de Seguimiento definió que su objetivo es lograr que Honduras avance en el cumplimiento de las medidas de reparación de carácter estructural ordenadas por la Corte IDH.
Señaló que anhelan que el nuevo gobierno atienda las recomendaciones de la Corte IDH para avanzar conjuntamente hacia la construcción de la institucionalidad democrática, que respete, proteja y garantice los derechos humanos en Honduras.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, expresó su preocupación porque el Estado no ha cumplido con las sentencias de la Corte IDH.
“Hoy venimos ante ustedes con preocupaciones porque ha transcurrido mucho tiempo, Honduras ha tenido muchas sentencias en la Corte IDH, esas sentencias no han sido cumplidas en los puntos que realmente deben generar cambios estructurales”, declaró.
Oliva aseveró que ese incumplimiento indica que la impunidad que se ha venido generando en estos mismos casos que ya tienen sentencia.
Condenó que no ha habido una voluntad política de los que representan al Estado de Honduras.
Anunció que visitará a la Procuraduría General de la República (PGR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y otras instituciones para ver qué compromiso se puede adquirir por parte instituciones del Estado.
“Lo que estamos haciendo es recordando que hay un compromiso por parte del Estado de Honduras para que cumpla con las sentencias, si no, se está convirtiendo en concurrir ante esas instancias internacionales en un círculo vicioso y redundaremos en una profunda impunidad”, puntualizó.
Mientras que la directora regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz, comentó que hay una oportunidad con este cambio de gobierno.
Una de las peticiones es que el Estado adopte medidas de carácter legislativo, administrativo o judicial que garantice la libre realización de las actividades de los defensores del medio ambiente, protección inmediata ante peligro o amenazas y la investigación contigua.
Otra de las solicitudes, es que el Estado realice un diagnóstico integral para identificar las causas estructurales de la problemática de la pesca submarina en La Mosquitia.
Debe implementarse una estrategia de fortalecimiento del sistema de salud pública en La Mosquita, para garantizar que haya personal médico especializado, capacitado y suficiente, como la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento. AG
