Tegucigalpa, Honduras. La transparencia es a la corrupción lo que el agua al fuego; sin embargo, cuando el fuego se propaga, no basta usar agua para extinguirlo.
Por ello es plausible e interesante la modalidad de denuncia implementada en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en donde secretarios de Estado asumen ese rol proactivo para evidenciar actos en contra de la administración pública. Y, más allá de las narrativas que indican persecución política, qué importa si el resultado es desenmascarar estas redes que se han instaurado en la institucionalidad.
Recientemente, el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, volvió a acudir al Ministerio Público (MP) para entregar pruebas sobre cuatro fideicomisos en donde se presume hubo malversación de fondos.
En meses anteriores, José Carlos Cardona (titular de la Secretaría de Desarrollo Social -Sedesol-) y, a su vez, el director de Aduanas, Fausto Cálix, también ha visitado el MP para presentar evidencias y denunciar delitos contra la administración pública.
Mientras estuvo al frente de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), el exsecretario Edmundo Orellana se sumó a esta modalidad, al remitir a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República un informe sobre la compra e instalación de la grama en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Contrario a lo que se podría argumentar, la corrupción no se debe ver como venganza, persecución o negociación, se tiene que judicializar sin importar de dónde venga.
Pero, ¿por qué pese a las iniciativas, leyes y políticas creadas, no vemos avances efectivos en esta lucha?
Repasemos algo de la historia.
A finales de 1993 se creó el Ministerio Público, sin embargo, a lo largo de los años, este ente (que cuenta con el monopolio de la acción penal) se ha convertido en un instrumento político.
En 1998, Honduras ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En 2001 se creó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como una instancia de sociedad civil independiente, dedicada a estudiar, formar, prevenir, disuadir, denunciar y combatir este mal.
Honduras forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, México, en 2003, y ratificada por nuestro país en 2005.
En 2006 se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como una garantía para que la ciudadanía pueda fiscalizar y exigir cuentas a las y los funcionarios.
En 2007 se aprobó el Código de Ética del Servidor Público, un instrumento legal que contiene normas de conducta ética y prevé los mecanismos que hagan visibles y efectivas dichas normas.
Desde mediados de 2011, Honduras es signatario de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa internacional que promueve un modelo de gobernanza basado en la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica.
Sin embargo, de nada ha servido este compromiso que los gobiernos aceptan de forma voluntaria, pues los avances en esta materia -simplemente- no se han visto, al ser justamente la época en la que más opacidad, corrupción y acaparamiento de los fondos públicos se ha registrado, repercutiendo en el acceso de ayudas como la Cuenta del Milenio, entre otras.
En 2016 se instauró la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuya esperanza de vida duró menos de lo proyectado, al ser expulsada del país en 2020.
En 2017 se creó la Unidad de Política Limpia para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados de los sujetos obligados.
En 2020 nace en el Ministerio Público la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco), que representaba un nuevo reto en la implementación de una estrategia para garantizar el combate a la corrupción e impunidad.
Y ya conocemos en gran medida todo lo que se derivó de esos 12 años de narcodictadura, concentración de poder y acomodamiento de las leyes a intereses particulares.
Luego de esa época aciaga, en 2022, iniciando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se creó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), con el fin de diseñar, promocionar, coordinar, supervisar y evaluar políticas, estrategias y programas anticorrupción.
Las acciones derivadas de esta Secretaría se vinculan con el compromiso del gobierno de “Declarar prioridad nacional la prevención y lucha contra la corrupción, mediante la transparencia, el control interno y la rendición de cuentas en la gestión pública”.
Como un eje central de la STLCC se fundó la Escuela de Buen Gobierno (EBN), para impulsar mejores prácticas, la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y contrataciones transparentes, orientadas a la modernización y simplificación de la gestión pública.
Para condensar y articular las iniciativas existentes y proponer nuevas acciones que contribuyan a luchar contra este mal endémico, la STLCC trabajó en una propuesta denominada Estrategia Nacional de Transparencia Anticorrupción (ENTAH), que busca unificar esfuerzos entre el gobierno, sociedad civil y sector privado.
Entre otros puntos, la ENTAH ofrece una ruta de acción en cuanto a diferentes tipos de transparencias, que abarcan el ámbito municipal, fiscal, electoral y legislativo.
Dentro de los esfuerzos anticorrupción recientes, y contemplados en la ENTAH, destaca el lanzamiento del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción (OUNTAH), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El OUNTAH, que se oficializó la semana pasada, ofrecerá un enfoque académico, a través de la ciencia y la investigación, así como acciones de veeduría y fiscalización, además de aportes encaminados al fomento de un buen gobierno. Desde la STLCC también se trabaja en el fortalecimiento de la Línea 130, un sistema de denuncias ciudadanas sobre casos de corrupción. Además, se creó el Índice de Transparencia e Integridad Pública (INTIP), para medir los mecanismos de transparencia en el Poder Ejecutivo.
Hasta ahora, dentro de los esfuerzos más notables del actual gobierno en cuanto al combate a la corrupción, está la derogación de la Ley de Secretos, que ha permitido evidenciar una pequeña parte del latrocinio ocasionado con el blindaje de grandes montos cuya ejecución había sido declarada en reserva.
Sin embargo, se sigue dando largas con una de las grandes promesas de campaña, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH); pero ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han hecho lo propio para garantizar su pronta instalación.
Aunque suene a pesimismo, parece que por más iniciativas, leyes, propuestas, unidades especializadas, índices, comisiones y misiones que se creen, la lucha anticorrupción seguirá siendo infructuosa.
