Tegucigalpa – El presidente del Congreso, Luis Redondo dijo la noche de este martes que ha concedido permiso a la diputada Isis Cuéllar mientras aclara su situación con la ley. En tanto ella guarda un silencio que retumba más que cualquier declaración. A poco más de una semana del escándalo que la involucra en el presunto uso indebido de fondos públicos para actividades proselitistas del Partido Libre, no ha ofrecido explicación, ni ha comparecido ante medios, ni instancias legales. Y ese mutismo es, en sí mismo, una declaración política.
Isis Cuéllar no es una figura menor en el engranaje de su partido y del Congreso Nacional: vicepresidenta del Legislativo, presidenta de la Comisión de Defensa y Soberanía, vicepresidenta de Relaciones Internacionales, y subjefa de la bancada de Libre.
Pero más allá de los títulos formales, su poder real en el departamento de Copán ha sido descrito por su propio suplente como “omnímodo”: designa y remueve directores regionales, controla recursos, y decide sobre proyectos. ¿Y ahora? Calla.
Otras voces de la misma zona la describen como una mujer con poder, tanto que hace muchos años no ha habido en aquellos lares ningún otro diputado o diputada con el poder que ahora tiene Cuéllar.
Además, se codea con los grandes de Libre, porque son múltiples las ocasiones en las que se le ha visto muy sonriente a la par de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales y otras figuras prominentes de Libertad y Refundación, así consta en los retratos de sus propias redes sociales.
Ahora la evidencia no es poca ni anecdótica. Hay documentos oficiales, que han sido presentados por las mismas autoridades de Sedesol, de donde se desprendió el informe de la Secretaría de Transparencia, divulgado en cadena de radio y televisión donde las palabras claves fueron “deficiencia relevantes en manejo de fondos”.
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Lo anterior vino a avalar que hay cheques emitidos sin controles que ahora refuerzan la grabación donde ella admite haber repartido recursos del Bono Solidario para equipar estructuras de Libre, kits audiovisuales por L. 125,000 cada uno, cheques por L. 100,000 emitidos a «gente de confianza». Incluso se menciona a su niñera como presunta beneficiaria.
Pese a las evidencias, Luis Redondo dijo en conferencia de prensa que se equivocan quienes confunden el “Fondo Departamental” con las subvenciones, pero su interpretación probablemente sólo sea asunto de semántica.
Ahora el nombre de Isis Cuéllar aparece ligado a por lo menos 37.5 millones en fondos gestionados ante Sedesol. Sólo entre 2024 y los primeros meses de 2025, gestionó ante la Sedesol más 10.3 millones de lempiras para becas, seguridad alimentaria y obras sociales para sus correligionarios en el departamento de Copán.
No se defiende, no explica, no niega, no renuncia
Como dice una pegajosa melodía de una famosa colombiana, la diputada luego del escándalo ha quedado ciega, sorda y muda… simplemente no se sabe nada de ella, no ha dado explicaciones, menos se conoce si su renuncia será efectiva como están pidiendo muchos.
Esta tarde llegó a su oficina de la vicepresidencia, pero apenas se le vio ingresar, se encerró y después de horas de vigilia los periodistas no la vieron más.
Y aquí surgen las preguntas fundamentales: ¿Su silencio se debe a una estrategia legal, quizás para evitar autoincriminación? ¿Es una medida dictada por el propio partido, que prefiere sacrificar a Cardona –ya renunciado– pero blindar a los suyos más leales? ¿O es simplemente la señal inequívoca de que la impunidad sigue siendo la regla en la política hondureña?
De hecho, esta noche, Redondo anunció un permiso temporal a la diputada, mientras aclara su situación, dijo. No aclaró si durante su separación gozará o no de su salario.
El Ministerio Público (MP), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Unidad de Política Limpia ya han sido aludidos como posibles responsables de actuar, y tanto autoridades superiores como los voceros de estas instituciones han confirmado el inicio de las pesquisas, pero hasta ahora la maquinaria institucional parece ir a paso muy lento tomándose su tiempo, pese a que ya este caso ha escalado a denuncias formales como la presentada ante el MP por la ASJ.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, manifestó a Proceso Digital que la denuncia presentada ante el Ministerio Público no sólo tiene como objetivo investigar a la diputada Isis Cuéllar, sino que podría abrir la puerta a una investigación más amplia que involucre a otros actores políticos y administrativos.
“La denuncia interpuesta ante el MP no se centra únicamente en la diputada Cuéllar. Estamos ante un caso con claros indicios de malversación, violación de deberes de los funcionarios y uso indebido de fondos públicos. Esto podría extenderse a otros casos y actores, tanto directos como indirectos”, expresó Castañeda, al subrayar que se estaría frente a una red de corrupción que utilizó recursos estatales con fines proselitistas.
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Castañeda destacó que la ASJ solicitó específicamente que sea la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) la que conozca el caso, debido a la naturaleza compleja del mismo. Uferco es la unidad más capacitada para seguir estos hilos de corrupción sistemática, externó. Aquí no se trata de un caso aislado sino de estructuras que operan con impunidad, explicó.
Además, el director de Seguridad y Justicia de ASJ expresó su preocupación por el Decreto Legislativo 117-2019, el cual podría interferir con el avance de las investigaciones. “Ese decreto otorga inmunidad a los diputados por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Puede generar un conflicto legal si se interpreta como un blindaje ante cualquier responsabilidad penal, civil o administrativa”, alertó.
Mientras tanto, el informe de Transparencia confirmó irregularidades, también hay organismos que empiezan a señalar que esto sólo es la punta del iceberg en una ejecución de proyectos sin criterios técnicos, beneficiarios seleccionados rigurosamente en los casos en los que se compruebe su vulnerabilidad social.
Y el detalle no menor: los proyectos y fondos son entregados a activistas o aspirantes de Libre. Incluso se conoció que los fondos fueron entregados a personas que bajo engaño presentaron documentación falsa que reflejaba necesidades creadas, uno de ellos, es supuestamente Cristian Chávez, quien compite por la alcaldía de Santa Rosa de Copán para las elecciones de 2025. Y otras personas con parentesco con la diputada Cuéllar.
Congreso no hizo nada en el pasado y menos ahora
Y que se puede decir del Congreso Nacional, pues no se podía esperar mucho del que ha sido catalogado como el peor de la historia, ante el escándalo, ahora los parlamentarios gozan de un “merecido asueto”, injustificado, como las mil y una noche que no han sesionado; pero en esta ocasión se sospecha que ese “descansito” es para darle un respiro a la poderosa de Copán y no exponerla en la Cámara Legislativa.
Consultado precisamente sobre el papel del Legislativo en este escandaloso caso, el diputado Yahvé Sabillón expresó sus críticas contra la pasividad del Congreso Nacional ante los escándalos de corrupción, incluyendo el más reciente que involucra a la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, y el uso de fondos públicos a través de Sedesol con supuestos fines proselitistas.
“El Congreso Nacional fue quien autorizó esos recursos a los diputados, pero nunca se ha manejado de forma transparente. Lo que debería hacerse es que cualquier diputado con indicios racionales de corrupción se haga a un lado. Eso es un tema moral, pero lamentablemente nunca ha ocurrido”, manifestó Sabillón en entrevista con Proceso Digital.
El legislador lamentó que, históricamente, el Congreso haya ignorado los escándalos de corrupción, citando como ejemplo los señalados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). “El Congreso nunca hizo absolutamente nada, ni los diputados actuaron. Así que, al menos yo, no espero que este Congreso haga algo diferente con el caso de la diputada Cuéllar. Todo va a seguir como si nada hubiera pasado”, dijo con escepticismo.
Sabillón cuestionó el papel del Legislativo en la protección de sus miembros señalados. “Un Congreso verdaderamente responsable debería pedir a los diputados involucrados que, mientras no concluyan las investigaciones, se abstengan de formar parte de la Junta Directiva, pero eso no va a pasar”, advirtió.
Sobre la inmunidad parlamentaria, el diputado recordó detalles de una propuesta que él mismo presentó para eliminarla, pero que —según denunció— fue manipulada para que fracasara en su aprobación. “La reforma constitucional para quitar la inmunidad se metió en el mismo paquete que la aprobación de rango constitucional para la CICIH. Eso se hizo a propósito, para quemar ambas propuestas. Si se hubiese presentado por separado, con solo 65 votos bastaba para eliminar la inmunidad, pero, así como lo hicieron se requerían 86”, explicó.
Sin embargo, Sabillón insistió en que la inmunidad parlamentaria no debería ser utilizada como escudo ante actos de corrupción. “Esa inmunidad es para proteger la función legislativa, no para cobijar a diputados que han hecho mal uso de los recursos del Estado”. Si un diputado usó fondos públicos para campañas políticas, eso no tiene nada que ver con su labor legislativa y no debería beneficiarse de inmunidad alguna, por lo tanto, los órganos contralores están en la obligación de investigar y actuar como corresponde en base a ley, sentenció.
Muchos ecos tras un silencio
El caso Cuéllar, que involucra el manejo de fondos millonarios gestionados por la diputada mediante el Fondo de Administración Solidaria, ha desatado una oleada de críticas y pedidos de investigación. Sin embargo, como advierte Sabillón, las posibilidades de una acción concreta desde el Congreso parecen nulas.
La comparecencia de Redondo en las últimas horas mostró que el diputado Sabillón tiene razón de su apreciación, ya que en su comparecencia el presidente del Legislativo únicamente buscó defenderse, contraatacar, pero en ningún momento aclarar y mucho menos anular la figura de las subvenciones o fondo social.
La explicación o defensa de Cuéllar no debería ser sólo un tema personal, es una obligación ética y legal, de la parlamentaria. La ciudadanía merece saber si una alta funcionaria utilizó fondos del Estado para fortalecer su partido y beneficiar a su círculo íntimo, mientras miles de hondureños luchan por sobrevivir con escasos recursos.
El escándalo ha revelado que la distribución del Fondo de Administración Solidaria no solo fue politizada, sino personalizada. En palabras del exministro José Carlos Cardona, los fondos se movieron por “acuerdo político”, porque el presidente del Congreso Nacional no tenía esa facultad, sin embargo, los fondos se han ejecutado y entre los mayores beneficiarios, Cuéllar brilla con una lista de 65 proyectos gestionados, muchos sin evidencia de licitación, evaluación técnica ni auditoría.
El Fondo de Administración Solidaria, asciende a 950 millones de lempiras anuales, aprobados en los presupuestos nacionales de 2023, 2024 y 2025 ejecutados por diversas instituciones entre estas la principal Sedesol.
Muchas voces se han levantado para que este caso no pase desapercibido y se haga justicia; entre estas la voz del padre Ismael Moreno quien exigió “no basta con la salida del ministro de Sedesol. El MP debe investigar todo y a fondo para que en esta ocasión no quede todo en la penumbra de la impunidad, porque la sociedad merece respuestas mucho más serias que ese informe churro del Ministro de Transparencia”.
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El exfiscal y exministro de Transparencia Edmundo Orellana, consideró que, al revelarse el escándalo en Sedesol, lo más probable es que sigan surgiendo nuevos casos de corrupción; y ante este escenario exigió que el Ministerio Público cumpla su responsabilidad, porque claramente estos hechos se enmarcan dentro de la esfera delictiva.
A estas alturas la población en general quiere que las instituciones que deben velar por la legalidad y la transparencia actúen y que este caso no sea más de lo mismo en cuanto a impunidad. Caso contrario, si la diputada Cuéllar sigue en silencio, y todo sigue igual, el mensaje será claro: en Honduras, el poder político sigue estando por encima de la ley, ya que es claro que el silencio, a veces, no es prudencia, sino que puede ser señal de arrogancia o de culpa. Y en este caso, puede ser ambos. LB
