Tegucigalpa-Representantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), presentaron este jueves un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el caso «Pacto de Impunidad».
– El pleno de la CSJ se reunirá el 29 o 30 de mayo para designar el juez que conocerá el caso.
Ambos legisladores son acusados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
La MACCIH propuso al Ministerio Público que el caso fuese remitido a UFECIC para ser investigados por equipos integrados de investigación y persecución penal, los cuales encontraron indicios que consideraron suficientes para interponer un requerimiento fiscal ya que se trata de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto.
Los requeridos, según la investigación, realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno de Congreso Nacional con la intensión de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, explicó que el pleno de magistrados se reunirá entre martes 29 y miércoles 30 de mayo para designar al juez natural que conocerá el caso de los diputados.
En el requerimiento se solicita que ambos imputados sean citados para que expliquen las acusaciones.
De su lado, el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, dijo que todos los ciudadanos están expuestos a procesos judiciales cuando cometen delitos.
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Dicha modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.
Ante la modificación el Poder Judicial, a través de los Tribunales en Materia de Corrupción,determinó archivar la denuncia argumentando que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero y publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
Sin embargo la MACCIH y UFECIC-MP consideran que la fe de erratas contiene modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado decidió formular un requerimiento fiscal.
