Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En enero de 2022 cuando asumió el poder la presidenta Xiomara Castro, como parte de una alianza entre los partidos Libre (mayoritario), Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Innovación y Unidad (PINU), una de las principales promesas de campaña fue una lucha frontal contra la corrupción con dos herramientas claves: la eliminación de la Ley de Secretos y la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Ambas cosas hoy empiezan a tambalearse y en el gobierno de Castro, el Estado empieza a asomar su opacidad y la secrecía.
Tras la asunción de Castro, la Cámara Legislativa por unanimidad de votos derogó la llamada Ley de Secretos bajo la cual se cometieron innumerables actos de corrupción en las últimas décadas, entre ellos el escándalo de los llamados hospitales móviles, las discrecionalidades en el uso del dinero de la tasa de seguridad (que se prometió sería también derogada, pero que sigue vigente), los fideicomisos y las concesiones de millonarios proyectos, entre otros secretos.
La derogación de la Ley de Secretos fue aplaudida por la sociedad hondureña y la comunidad internacional. En ese momento, el presidente del poder legislativo, Luis Redondo, reveló a los medios que había recibido llamadas y visitas de personas que lo amenazaron para que no aprobara la derogatoria.
“Al grupo que tuvo el atrevimiento de presentarse en este Congreso Nacional, este Congreso, por unanimidad, ha derogado la Ley de Secretos. La corrupción no es parte de la agenda de Xiomara Castro ni de la agenda de este Congreso. Desde aquí no se va a ocultar la información, prefiero renunciar, salirme de este Congreso antes que permitir que cualquier grupo de poder o criminal pueda ofrecer (…) comprar la voluntad de cada uno de los diputados”, dijo Redondo, que gozaba en ese entonces de altos niveles de popularidad y credibilidad.
La fuerza de esas expresiones y del decreto que eliminaba la Ley de Secretos, empezó a presentar fisuras preocupantes a inicios de 2022, cuando la presidenta Xiomara Castro emitió uno de sus decretos ejecutivos en donde retornaba la opacidad disfrazada de “seguridad nacional”.
Ese decreto 004-2022 de 14 de febrero de 2022, declara información confidencial y reservada, es decir, secreta, la información relacionada con las contrataciones que realiza Casa Presidencial, entre ellas licitaciones y contrataciones que se realicen desde el Despacho Presidencial. Aprobado en febrero de 2022, el decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de noviembre de 2022.
En el mismo se autoriza a la administración de Casa Presidencial a realizar contrataciones directas en la adquisición de suministros y servicios de transporte terrestre y aéreo, de alimentación, mantenimiento de las instalaciones, vigilancia, servicios y equipos tecnológicos, de inteligencia, servicios y equipos informáticos, de comunicación, estudios, encuestas, seguros y otros.
Secretos sin prueba de interés
Esta amplia gama de discrecionalidad, que se presume, no fue a consulta del consejo de ministros, instaló los temores ciudadanos del retorno de la Ley de Secretos bajo otras figuras y justificaciones. Varios ministros del gobierno salieron en defensa de la determinación al aseverar que la presidenta Castro y la Casa de Gobierno eran el principal foco de atención ante un presunto atentado y debían blindarse. Pero no supieron explicar si esa determinación se tomó al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala los caminos a seguir para declarar reservada una información según lo establece su artículo 17, en donde para declarar reservada, confidencial o secreta una información, se debe aplicar la prueba de interés público.
Esa prueba de interés público parte del siguiente razonamiento, por ejemplo: ¿amenaza la democracia o gobernabilidad del país, que se conozcan las firmas encuestadoras que contrata el gobierno o el Estado para saber cómo anda la percepción en la gestión del país? ¿Amenaza las relaciones internacionales o pone en riesgo a la democracia o la gobernabilidad, conocer los contratos de esas firmas encuestadoras o los contratos o licitaciones relacionadas con la compra de boletos aéreos o el gasto de combustible de transporte, o la renta de vehículos blindados que hace el gobierno o dependencias del Estado? Si esa información pública es de conocimiento público, ¿en qué daña al gobierno, en qué afecta la estabilidad del gobierno de Castro o la seguridad de la gobernante?
Esas y otras preguntas conforman parte de la aplicación de la prueba de interés público que según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información se debe seguir antes de otorgar una información como reservada, confidencial o clasificada, a fin de demostrar hasta dónde liberar una información puede causar un daño al Estado o debe ser conocida por la población y la ciudadanía por considerar que es de interés público y no amenaza a la democracia, la gobernabilidad o las relaciones internacionales que conduce un gobierno.
El artículo 17 de la Ley de Transparencia contiene una serie de numerales en cuanto a lo que estima información reservada y cuando se solicita una clasificación se deben abordar cada uno de sus numerales para fundamentar si procede o no la reserva, qué información de interés público debe otorgar, cuál puede ser parcialmente pública y cuál debe ser reservada y por cuánto tiempo.
En el caso de ese decreto ejecutivo de la Casa Presidencial se desconoce si se siguió ese procedimiento, la tendencia parece ser la misma que siguió el gobierno de Juan Orlando Hernández, negar el acceso a la información pública y fomentar la opacidad para no abrirse tanto a la rendición de cuentas y fiscalización del dinero público.
La vigencia de este primer decreto de opacidad se produjo luego que la prensa local publicara que los gastos de alimentación en Casa Presidencial habían sido adjudicados a personas ligadas al primer anillo de poder del gobierno y de otro poder del Estado, además de amigos de la pareja presidencial del departamento de Olancho.
Ese primer decreto ejecutivo no solo sigue vigente, también se declaró reserva de “seguridad nacional”, sin aplicar otros principios que dicta la doctrina en materia de acceso a la información, que son los Principios de Johannesburgo y los Principios de Lima, que indican con claridad cuándo una información puede ser considerada de seguridad nacional. ¿Son los boletos aéreos o el alquiler de vehículos, un problema de seguridad nacional cuyo costo no puede ser conocido por la población que los paga con sus impuestos?
En el 2023, siguió la tendencia de la negativa de acceso a la información pública y la rendición de cuentas, no solo en algunas dependencias del poder Ejecutivo, también en el Congreso Nacional. La presidencia que dirige Luis Redondo se resiste a dar cuentas de la ruta del dinero de las subvenciones que otorga a los parlamentarios afines a su gestión. Así quedó registrado en el mes de abril de 2023.
Redondo incumple su palabra
Redondo dijo a inicios del 2022 que prefería renunciar antes que permitir una opacidad, pero ese discurso hoy le confronta. El Poder Legislativo es uno de los más opacos de América Latina, la información pública en sus portales no abona mucho a la transparencia, las peticiones de acceso a la información pública sobre gastos de los congresistas, las subvenciones o los subsidios, no son entregados por ese poder del Estado. Un medio digital le solicitó información sobre las organizaciones de filantropía que reciben donaciones o subsidios de ese poder del Estado y la respuesta fue que, si bien daban esos estímulos de proyección social, no llevaban un registro de ello y no podían dar información.
Los informes e investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) refrendan ese obstáculo que han tenido los periodistas y medios de comunicación para solicitar información pública en el Congreso Nacional y otras dependencias gubernamentales y estatales.
Los medios de comunicación, a medida que solicitan determinada información pública que no está en los portales de transparencia, van registrando cuántas son las instituciones públicas que tienen información reservada o secreta, sin que sea del conocimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), responsable de regular y hacer que funcione la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Retornado al Poder Ejecutivo, en mayo de 2023, el gobierno de la presidenta Castro volvió a sorprender al solicitar que se declarara reservada la información relacionada con las metas y evaluación de los ministros. Esto luego que saliera en los medios la reprobación de algunos de los ministros en la primera evaluación hecha por el gobierno. El responsable del Ministerio de Gestión por Resultados, Marcio Sierra, (que dirige la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Gobierno Digital), dijo que ellos iban a ser transparentes y difundirían los resultados de la evaluación a los ministros, pero luego reculó y acudió al IAIP a solicitar reserva de la información, y se desconoce a la fecha cuál fue la decisión de las autoridades del IAIP.
En suspenso trascendental figura anticorrupción
Cierra el mes de noviembre de 2023, con acción en contra de la transparencia emitida por el Poder Ejecutivo. La Secretaría de Transparencia avala la determinación de dejar “temporalmente” sin efecto varios incisos del reglamento de la Ley de Contratación del Estado para “mejorar” la ejecución presupuestaria, que estaba super baja en el mes de octubre.
La suspensión “temporal” del decreto aprobado por el Ejecutivo, se relaciona con incisos del artículo 44 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado que regulan la figura del Comprador Público Certificado, en el cual se otorga la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado (ONCAE) facultades para regular, vía circular, los artículos 44-A, 44-B, 44-C y fijar las fechas en que su aplicación será obligatoria; es decir, se trata de una regulación controlada para cumplirse a discreción del gobierno de turno, pues mientras dure esa “suspensión”, los procesos de compras públicas no requerirán del refrendo, firma y sello del Comprador Público Certificado (CPC).
El gobierno justifica esta acción para agilizar la ejecución presupuestaria, pero bajo esa temporalidad, según los economistas y expertos anticorrupción, no es más que una nueva modalidad de discreción para favorecer las contrataciones directas, evadir la Ley de Licitaciones, y abrir los recursos a niveles de opacidad que pueden culminar en hechos de corrupción.
Empezando el 2024, trasciende otro hecho preocupante que riñe con la transparencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha otorgado reserva de información por 10 años de todo tipo de tratado, negociaciones, estrategias del Estado en todos sus aspectos, antes y durante la conducción de las negociaciones internacionales concertadas con otros Estados u Organismos Internacionales en apego a las competencias de la Cancillería hondureña.
Tan amplia esa clasificación de reserva que entra todo: desde los convenios suscritos con el gobierno de China—que ha pedido secretividad de sus acuerdos—los acuerdos con Rusia, el Acuerdo de Escazú relacionado con temas ambientales y de derechos humanos, participación pública, acceso a la justicia, entre otros, además del convenio que se vaya a suscribir con Naciones Unidas para una potencial instalación de la CICIH, última cada vez más lejana.
Esos y otros mecanismos han sido declarados “secretos” por la Cancillería, invocando el artículo 17 de la Ley de Transparencia y acceso a la información, sin conocerse si aplicó o no la prueba de daño de interés público o los Principios de Johannesburgo o de Lima para una mayor comprensión y legalidad acerca de lo que se está reservando por 10 años.
El ferrocarril bajo compras directas
La Cancillería ha indicado en el caso de la CICIH que las Naciones Unidas pidieron la “secretividad”, pero una instancia de esa envergadura no puede pedir secreta una información por 10 años pues va en contra de lo que promueve: la transparencia y el acceso a la información. De entrada, tanto la ONU como el gobierno indicaron que habría secrecía en algunos aspectos mientras se negocia el convenio, pero el mismo no avanza, se mantiene estancando porque según el secretario del Congreso Nacional, el diputado de Libre, Carlos Zelaya, la ONU pone “muchas condiciones”.
En paralelo a esta acción, el gobierno anuncia que ha creado la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico (CONFI), que preside el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Castro y cuyo cargo se supone es ad honorem porque no figura dentro de la estructura legal que conforma el gobierno, ni el Estado.
Un funcionario—sin funciones legalmente establecidas—será el responsable de liderar la CONFI, la cual tiene entre sus funciones, “apoyar en la formulación de este proyecto, programas, planes, presupuestos y cualquier otra actividad que se haga necesaria para la planificación.
Además, de facultar a la CONFI a” realizar contrataciones públicas y directas de los diseños y estudios de pre-inversión, factibilidad, elegibilidad, en temas financieros, ambientales, económicos y sociales, formulación, organización y ejecución del proyecto”.
Ello ha desatado fuertes críticas entre los sectores entendidos, pero el secretario privado ha emitido un comunicado ratificando sus funciones e indicando que se creará una Mesa Técnica que ayudará en la formulación del proyecto del canal interoceánico y que enviarán próximamente al Congreso Nacional la aprobación de una nueva Ley de Contratación del Estado, a fin de crear la Empresa Gran Nacional responsable de echar a andar el proyecto ferroviario. Mientras ello llega, las contrataciones directas están a la orden del día porque sigue en suspenso los artículos del reglamento de la ley de contratación del Estado que ponía coto a prácticas opacas reñidas con la transparencia. Son los “secretos” de Estado que de a poco se van configurando en la administración refundacional del actual gobierno de izquierda que lidera Libertad y Refundación.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Honduras ocupa el cuarto lugar de los países más corruptos de América Latina con una puntuación de 2.3 en una medición de 0 a 10 puntos. (PD).
