Muchos suponíamos que la llegada del Presidente Biden a la Casa Blanca provocaría un cambio de la política de Estados Unidos hacia Honduras. Para el ex Presidente Trump lo importante era la seguridad interna y el impacto que la migración ilegal podría tener en ella. El narcotráfico y el financiamiento del terrorismo eran importantes por la misma razón. El respeto a los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y la impunidad no parecían ser importantes. Con la llegada del Partido Demócrata al poder suponíamos que las prioridades serían diferentes, asumiendo el respeto a los derechos de las personas, y el combate a la corrupción y la impunidad, un papel preponderante. Ese supuesto se ha visto confirmado ya que a escasos treinta días de haber tomado posesión el Presidente Biden, un grupo de ocho influyentes Senadores del partido Demócrata han presentado un proyecto de ley que evidencia el cambio de política hacia nuestro país. Permítanme explicar por qué.
En efecto, los Senadores Merkley, Leahy, Durbin, Markey, Sanders, Warren, Whitehouse y Van Hollen han presentado el proyecto de ley denominado Honduras: Derechos Humanos y Anti-Corrupción, en el cual proponen una serie de medidas para, según ellos, promover el respeto de los derechos humanos y fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad. En su parte medular, el proyecto de ley busca que se sancione a don Juan Orlando, que nuestro país acuerde con las Naciones Unidas la operación de una comisión similar a la CICIG que operó en Guatemala, que se descontinúe el apoyo financiero a las fuerzas de seguridad y al Ejército, y que se lleve a juicio a los supuestos responsables de varios crímenes y desapariciones, incluido el caso de Berta Cáceres.
En el caso de don Juan Orlando, el proyecto de Ley propone que se congelen los activos que pueda tener en Estados Unidos y que se prohíba toda transacción que involucre sus bienes e intereses en Estados Unidos, que se cancele su visa y no se le permita su ingreso a Estados Unidos salvo por funciones oficiales de las Naciones Unidas. Para amparar su propuesta en Ley solicita que el Presidente Biden determine si don Juan Orlando debe ser declarado un “narco traficante especial” de acuerdo a la legislación aprobada en el año fiscal 2000 para definir a los Significativos Narcotraficantes Extranjeros.
En cuanto a una comisión internacional para combatir la corrupción y la impunidad, lo que proponen es una MACCIH sustancialmente fortalecida. Contaría con la autoridad necesaria para iniciar procesos, en coordinación con UFERCO, y para investigar e interrogar. Podría además proponer cambios a la Ley del Ministerio Público, así como otras reformas legales que considere necesarias, y se pide que el Congreso atienda de manera expedita las solicitudes que a este efecto le plantee la nueva comisión. Igualmente se pide que se continúe con el procesamiento de los casos que quedaron en marcha a la salida de la MACCIH, y propone una donación de dos millones de dólares para la oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.
La lectura del documento golpea la conciencia de quien lo lea. Lamentablemente, en términos generales, lo que plantea corresponde a nuestra triste realidad. Irónicamente, al referirse al golpe de estado de 2009, habla de la condena a nuestro país por parte de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y varios otros países, pero omite decir que Estados Unidos, presidido por un Demócrata, Barak Obama y siendo Hillary Clinton Secretaria de Estado, nunca calificaron lo ocurrido como un golpe de Estado. Para los políticos la consistencia parece ser más una inconveniencia que una virtud.
¿Qué pasará ahora? El proyecto de ley seguirá su curso y es de esperar que en la Cámara de Representantes, donde figura doña Norma Torres y el ala más “progresiva” del partido Demócrata, se incremente el volumen del clamor en contra de don Juan Orlando, los corruptos y los violadores de los derechos humanos. Por lo pronto, el gobierno del Presidente Biden está obligado a presentar en los próximos ciento ochenta días la lista de las personas consideradas por ellos como “corruptas”. Es difícil pensar que la posición de estos ochos influyentes Senadores no será tomada en cuenta al preparar la lista. Resulta igualmente difícil pensar que la propuesta de los ochos Senadores no se convertirá en Ley.
¿Y para nosotros, qué significa todo esto? Para comenzar, más deterioro a nuestra maltrecha imagen y reputación. Por otro lado, resultará un mandatario debilitado y desprestigiado al grado que resulta difícil, sino imposible, ver cómo podrá gobernar. Los golpes a su legitimidad y credibilidad se dan en el contexto de una crisis sanitaria que parece no tener fin y que según muchos ha sido mal manejada, y en medio de la secuela de dos huracanes. ¿Cómo podemos pensar que en las actuales circunstancias y en medio de los señalamientos de los Senadores lograremos que la comunidad internacional apoye nuestra transformación y reconstrucción? ¿Con qué credibilidad contaremos? ¿Será posible lograr el apoyo de la comunidad internacional mientras don Juan Orlando esté en el poder? No lo creo. Si esto es así, don Juan Orlando le haría un gran favor al país si se hace a un lado, renuncia, y nos permite continuar en nuestra lucha por construir un nuevo país.
