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Libre se enreda en su propio caso «Pandora»

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre) ha caído en lo que tanto prometió erradicar: el clientelismo político disfrazado de “solidaridad social”. Esta vez no se trata de acusaciones genéricas o ataques de la oposición, sino de una evidencia audiovisual conocida como el “cheque video” que ha puesto al descubierto el presunto uso de fondos públicos con fines político-electorales.

El video filtrado el pasado fin de semana, en el que aparecen el ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la diputada Isis Cuello, es solo la punta del iceberg de un caso que ya muchos han bautizado el “Pandora”.

En la grabación, ambos funcionarios conversan abiertamente sobre el manejo de recursos del Fondo de Administración Solidaria, que —según Cardona— están destinados para “emprendimientos” y “proyectos sociales” como la reparación de casas. Sin embargo, la diputada Cuello deja entrever otra realidad: cheques de más de 100 mil lempiras convertidos en efectivo para adquirir kits de sonido, materiales y otros insumos utilizados en eventos políticos de Libre. En otras palabras: fondos del Estado puestos al servicio de una campaña interna partidaria.

En 2018 la MACCIH presentó el caso Pandora que sacudió al entonces gobernante Partido Nacional.

Durante el anterior gobierno, diputados y funcionarios fueron señalados por el llamado Caso Pandora mediante el cual se acusó inicialmente a 38 personas por presunta malversación de fondos por más de 282 millones de lempiras de la SAG y la Secretaría de Finanzas.

LEER: Ministro de Sedesol y diputada enredados en escándalo de entrega de cheques a estructuras políticas de Libre

Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, no tardó en calificar este caso como comparable a los escándalos “Pandora” y “Hermes” de gobiernos anteriores. Y es que la semejanza es innegable.

En agosto de 2023, el Congreso Nacional anunció con bombos y platillos la eliminación del infame Fondo Departamental —símbolo de corrupción clientelar en el Congreso—, pero la verdad es que solo lo rebautizaron: ahora se llama “subvención” y sigue cumpliendo la misma función de antes, con los mismos vicios, solo que con nuevos actores.

El fiscal especial contra la Corrupción, Luis Javier Santos comparó el “Cheque Video” con Pandora y Hermes.

El ministro Cardona, lejos de asumir alguna responsabilidad, se quejó de la “canallada” de que el video se haya filtrado culpando a la gobernadora de Copán, Elvia Valle. Olvida el ministro que lo verdaderamente ofensivo no es que lo hayan grabado, sino lo que dijo, apuntan los críticos.

Los recursos públicos en actividades políticas no sólo es delito, también es una inmoralidad flagrante.

Investigación sin asegurar independencia

La presidenta Xiomara Castro reaccionó con el mismo guion que se ha vuelto costumbre en estos casos: sorpresa, indignación y promesa de justicia.

La mandataria pidió una investigación, ordenó un informe en 72 horas y prometió transparencia en Cadena Nacional. Como dijo un politólogo, “esto es el gobierno auditándose a sí mismo, como si el conejo cuidara la zanahoria”. Y la desconfianza no es infundada: basta recordar el silencio prolongado sobre el famoso “narcovideo” que involucra al cuñado de la presidenta.

No ha faltado tampoco el discurso de los funcionarios buscando defender el caso y culpan a la oposición de fraguar una campaña de desprestigio para el gobierno.

Por su parte, la presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se pronunció en los mismos términos que la presidenta, también por redes sociales y aseguró que no tolerará ni encubrirá ningún acto de corrupción relacionado con el caso del “cheque video” que involucra fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Otros funcionarios y diputados también han hablado para tratar de apagar el caso pero cada vez que hablan, revelan que el uso de fondos de forma discrecional es una práctica que normalizan así como todos los vericuetos de ésta historia.

La diputada Fátima Mena.

Problema estructural sin importar quien ocupa poder

Desde la oposición, la diputada Fátima Mena señaló que el problema es estructural: “No se trata de cambiar enfermos de cama, sino de transformar el sistema”.

“Este es un problema histórico” manifestó la congresista, al referirse a la continuidad de prácticas corruptas a pesar del cambio de administración. Según Mena, el problema de fondos públicos en clientelismo político es la inexistencia de mecanismos efectivos y el uso discrecional de fondos públicos, especialmente los que se otorgan desde el Congreso Nacional.

LEER: Del Ejecutivo al Congreso, escándalo del “cheque video” se extiende

La diputada cuestionó por qué se siguen asignando proyectos mediante mecanismos opacos y sin control efectivo: “Nosotros hemos hablado del por qué se mantiene el otorgamiento de proyectos como los que tiene el Congreso Nacional, y la respuesta es simple: hay una falta de voluntad política total del actual gobierno de querer luchar contra la impunidad y la corrupción”, subrayó.

Mena en entrevista con Proceso Digital, recordó que desde el primer año de esta administración existió una propuesta concreta para combatir estos males, pero fue ignorada. “Debemos recordar que está la Estrategia Nacional de Transparencia y de la lucha contra la corrupción que elaboró el doctor Edmundo Orellana, pero no hubo voluntad para aprobar. Esa es una muestra clara de que no hay intención de sancionar este tipo de casos”, concluyó.

Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la UNAH.

La socióloga Julieta Castellanos lo resumió de manera simple “son tan corruptos como los que criticaban”. Porque el problema no es solo legal, es ético, es moral, es de traición a los ideales que Libre juró defender. Cuando se desvían fondos públicos para campañas, eso no es asistencia social ni gestión humanitaria, es corrupción y punto, zanjó.

El nuevo escándalo sobre el presunto desvío de fondos públicos para campañas políticas se suma a una larga lista de denuncias que siguen sin respuestas contundentes, mientras la ciudadanía observa con creciente escepticismo los compromisos que el gobierno prometió con la transparencia.

Tras este nuevo escándalo lo que es evidente es que Libre ha demostrado que el poder no transforma a los justos; solo revela a los oportunistas. El escándalo de Sedesol no es un caso aislado, es la confirmación de que, en Honduras, las promesas de cambio se diluyen rápido en las aguas turbias del clientelismo político. Y que quienes llegaron gritando “¡fuera JOH, y fuera corruptos!” terminaron perfeccionando las mismas prácticas, coinciden analistas. LB

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