Libertad de expresión retrocede en el Triángulo Norte

Tegucigalpa – Un nuevo relator para la libertad de expresión asumirá la conducción de ese cargo para el hemisferio americano, y en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, su estreno será crucial ante la regresión que vive la subregión con amenazas, agresiones, intimidaciones y asesinatos, entre otras.

El nuevo relator, es el colombiano Pedro Vaca Villareal, con más de doce años de experiencia en el tema de derechos humanos y libertad de expresión, es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, y entre sus desafíos tiene mantener la mirada permanente sobre Centroamérica, y en especial los países del Triángulo Norte, como hasta ahora lo ha hecho el relator saliente, Edison Lanza.

Justamente este miércoles, Lanza fue homenajeado por su contribución a la libertad de prensa y de expresión en las Américas y por ello recibió un reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el contexto de su asamblea general.

Otra vez, optan por acusar al mensajero

En ese contexto el relator saliente no dejó de mencionar el contexto del trabajo periodístico durante la pandemia y envió un mensaje solidario a las familias, a los medios de comunicación que han perdido periodistas, trabajadores de la comunicación, incluso directores por esta situación.

Durante su exposición recogida por Proceso Digital, Edison Lanza se refirió a los informes presentados en la SIP sobre el impacto de la crisis en el sector de la prensa y como se ha sentido de forma intensa.

Luego indicó “y como si no faltaran pestes diríamos muchos medios y periodistas de la región han debido realizar esta labor titánica de informar sobre un fenómeno desconocido como esta pandemia en medio de ataques de funcionarios y de gobiernos con restricciones al acceso de la información y a las conferencias de prensa”.

Continuó expresando que “en algunos casos la criminalización o sin duda el recurso agresivo de algunos gobernantes que frente a la omisión propia o la ineptitud optaron nuevamente por acusar al mensajero de sus faltas perpetuas o errores durante la pandemia”.

Patrones comunes

La libertad de expresión vive uno de sus momentos más críticos en el Triángulo Norte centroamericano, donde las amenazas parecen tener patrones comunes en los tres países amparados en la emergencia sanitaria por la pandemia, la debilidad institucional, la impunidad y en algunos casos, las dosis de autoritarismo ante la incomodidad de fiscalizar el poder.

Guatemala, El Salvador y Honduras, presentan graves y preocupantes problemas en materia de libertad de expresión, las agresiones a la prensa están a flor de piel, y en unos países la tensión sube de tono en relación con otros, pero el denominador común es el mismo: intolerancia a la crítica y la corrupción que rodea a sus administraciones en el abuso y manejo de la pandemia.

Guatemala

En Guatemala, dos días después de haber sacado una investigación relacionada con “Los rostros y perfiles del Centro de Gobierno” que rodea al presidente Alejandro Giammattei, el periodista Sony Figueroa, de Vox Populi, fue objeto de un dudoso asalto cuando transitaba por el parque central de Ciudad Guatemala, y pidió apoyo a los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Presidencial y Vicepresidencial (SAAS) de casa de gobierno, quienes, a su vez, llamaron a la policía nacional, últimos que detuvieron y golpearon al periodista llevándole a una de las celdas de la ciudad, según las informaciones de los propios medios de prensa.

La policía le acusó de “escándalos en la vía pública”, pero su detención es objeto de una investigación por evidencias de abuso de autoridad y otras pesquisas que se realizan, en tanto los organismos defensores de derechos humanos y de prensa, se movilizaron y el juez que conoció la causa lo dejó en libertad al no encontrar méritos en la acusación contra el periodista. El trabajo de Sony Figueroa desnudaba como opera el poder detrás del trono en la administración, un hecho que incomodó.

En tanto, otras periodistas indígenas guatemaltecas que hacen fiscalización al poder público fueron agredidas y otra está detenida bajo la acusación del delito de sedición. Los trabajos de estas comunicadoras están ligados a denuncias de corrupción.

Pero las relaciones de la prensa y el gobierno de Giammattei han estado subidas de tono también a causa de la pandemia del coronavirus, las negativas de acceso a la información y los encontronazos con el presidente y funcionarios por los cuestionamientos periodísticos al manejo del coronavirus, la falta de registros, la estrategia sanitaria, así como la corrupción y falta de transparencia. Periodistas que cubren la fuente de salud han denunciado que fueron expulsados de los chats oficiales relativos a la cobertura de la pandemia por ser “incómodos” al poder.

El Salvador

En El Salvador, el periodismo no pasa por su mejor momento, el presidente Nayib Bukele ha sacado a flote su autoritarismo y se ha ido de frente contra el periodismo que le incomoda haciendo uso del hostigamiento, amenazas y hasta la presión sobre el ministerio público para abrir causas fiscales contra periodistas y medios de comunicación.

El detonante de la intolerancia gubernamental la causó una amplia investigación periodística del medio digital El Faro sobre negociaciones que sostenía el gobierno de Bukele con la mara salvatrucha MS-13 a cambio de canonjías por apoyo electoral. A partir de ahí la confrontación ha ido en ascenso, especialmente en redes sociales, al grado que Bukele ha creado sus propios espacios para proporcionar su visión de la información y la comunicación.

Los ataques en contra de El Faro también se dan hacia la revista Factum y otros medios de prensa que protestan por la forma en que se oculta la información, hacen denuncias de corrupción en la pandemia y cuestionan el manejo de las ruedas de prensa. Los ataques se suman también contra la APES, la asociación gremial más importante del periodismo salvadoreño.

La Fundación Gabo, la institución de referencia en el periodismo en Iberoamérica, junto a unos 600 periodistas e intelectuales, encabezaron una carta al relator de la libertad de expresión de la OEA, llamando la atención sobre la situación en El Salvador y el caso de El Faro, instan al gobierno de Bukele a cesar “los ataques” contra este medio de comunicación y sus periodistas.

Los riesgos se recrudecen en El Salvador

Al informarse en la asamblea de la SIP sobre la situación de la prensa en El Salvador, Fabricio Altamirano, director -editor del Diario de Hoy y representante de El Salvador en el organismo dijo que una de las principales víctimas de la pandemia son las democracias de la región.

Luego se refirió directamente a El Salvador para decir que “lo que veníamos alertando del principio de la administración de Nayid Bukele se ha recrudecido en estos meses de la pandemia, quiero incluir al sistemático cierre de todas las fuentes de información oficial la negativa de tener acceso a entrevistar  funcionarios y a saber detalles  tanto de inversiones como las compras y sobre  todo y agudamente a las inversiones que se han hecho en el contexto de la pandemia para  las ayudas solidarias, para la construcción de instalaciones médicas  supuestamente para  ayudar y auxiliar a los ciudadanos en el contexto de la pandemia”.

Altamirano fue concreto al “hacer referencia a la construcción de un supuesto hospital de emergencia que se comenzó hace unos siete meses, se han gastado más de 80 millones de dólares, no está ni por cerca terminado y ya terminó la primera ola de la pandemia y este periódico que me honro en dirigir (Diario de Hoy), hemos solicitado más de 20 veces entrar y no se nos ha permitido”.

El periodista detalló el uso sistemático de mecanismos “para asfixiar a todos los medios independientes como el nuestro, como El Faro, ahora la Prensa Gráfica”. Entre los mecanismos denunciados habló del acoso fiscal.

En este sentido dijo que una muestra de ello es el caso más grave que es el de El Faro que está siendo acosado incluso están pidiendo y solicitando información que no tienen nada que ver con su gestión financiera, sino que detalles de sus acuerdos con sus financistas internacionales, detalles de conversaciones que tienen que ver con sus acuerdos digamos de dirección editorial y nada que ver con su gestión y financiera”.

Igualmente se refirió al nacimiento de medios de comunicación “directamente financiados por fondos del Estado, por fondos públicos” luego detalló un medio de comunicación digital, el canal de televisión estatal y “un periódico que si bien es una sociedad anónima está capitalizado por dos empresas estatales que están fuera del alcance de la corte de cuentas que vigila el uso del fondo estatales, pero reciben capitalización de fondos públicos”.

Fue más allá y reveló en la asamblea de la SIP de “la contratación de más de 60 periodistas en total que hemos sufrido los medios de comunicación independientes que se están llevando por dos, tres y hasta cuatro veces el salario de lo que podemos pagar en la empresa privada a estos periodistas”.

Como corolario, se refirió al uso sistemático del » Ejército de “trolls”,  sabemos que hay más de 200 personas que están oficialmente contratadas en el Gobierno, pero debajo del alcance del escrutinio público y que denigran y atacan moralmente a cualquier voz no sólo oficialmente a los periodistas».

Honduras

En Honduras, un país donde las amenazas contra la libertad de expresión pasan por el asesinato de periodistas que lleva más de una década manifestándose y que no se ha detenido en medio de la pandemia. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, al menos tres periodistas han sido asesinados durante el confinamiento.

El último fue el periodista Luis Almendares, de la ciudad colonial de Comayagua, quien falleció mientras transmitía una información por Facebook live, cuando desconocidos le tirotearon, y su muerte conmovió a la sociedad porque al caer herido pedía ayuda y suplicaba por ser llevado a un hospital, donde los médicos hicieron sus mejores esfuerzos por salvarle la vida sin éxito alguno. Sus heridas fueron mortales.

En julio de 2020 fue asesinado el también periodista ceibeño German Vallecillo hijo, y al igual que Almendares, parte de su labor informativa la desarrollaban en las redes sociales donde habían logrado mucha aceptación. Más de 80 periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación social han fallecido en este país en los últimos 12 años y la mayoría de los casos se encuentra en la impunidad. Honduras es un país considerado de alto riesgo para el ejercicio del periodismo según organismos internacionales de libertad de expresión.

Sin embargo, las amenazas a la libertad de expresión no solo se circunscriben a los asesinatos, que es la expresión más bárbara en las diversas etapas que atenazan este derecho, también se registran al menos 250 peticiones de protección a periodistas, más de 35 agresiones, amenazas e intimidaciones en redes sociales y peticiones de asilo.

Las denuncias de corrupción en la pandemia han llevado a la ciudadanía a ejercer su derecho a la libertad de expresión con grafitis, al grado que un alcalde en la zona atlántica, le puso precio a la libertad de expresión al ofrecer 25 mil lempiras a quien denunciara al responsable de la pinta.

La prensa también se queja de acceso a la información ante la falta de datos para corroborar los distintos contextos de la pandemia.

Así la libertad de expresión en el Triángulo Norte.