Tegucigalpa – En Honduras el descontrol en la portación de armas agrava la violencia común y organizada. El tráfico ilícito de armamento y municiones no es novedad en este país que, desde las guerras intestinas que envolvieron Centroamérica en la década de los 80, hasta la fecha está envuelto en una espiral de violencia y armamentismo sin límites.
– El 83 por ciento de las muertes fueron causadas por armas de fuego el 2013, sustentan autoridades.
– La muerte violenta de un taxista a manos de un diputado coloca la Ley de Portación de Armas en la agenda legislativa
La sociedad civil ha urgido al Congreso Nacional que apruebe la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, municiones y Explosivos, a fin de tratar de evitar que transite la gran cantidad de arsenales de todo calibre que circula en el país.
Durante 2013 en Honduras el 83 por ciento de las muertes fueron causadas por un arma de fuego. Las leyes en el país no exigen mayores requisitos para el otorgamiento de licencias para portar armas de fuego.
Pero tras la muerte violenta de un taxista a manos de un diputado al Congreso Nacional parece que ese poder del Estado, por fin, legislará en torno a la portación de armas. Uno de sus directivos ha anunciado que el debate de la normativa se iniciará esta semana.
Instrumento importante Para que las muertes violentas por armas de fuego vayan disminuyendo, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) propone reformas a la Ley de Armas en Honduras, como reducir las licencias por persona y la edad mínima de adquisición. El director ejecutivo de la ONG, Wilfredo Méndez, arguye que con esta nueva ley, la edad para la portación de armas sea de 25 años, ya que en Honduras cualquier persona mayor de 18 años puede comprar y portar hasta cinco armas de fuego. Mientras tanto, para el director de Casa Alianza, José Ruelas, el principal problema en Honduras es ser presa del crimen organizado, ya que este grupo tiene como principal rubro el tráfico de armas. |
Mensaje falso Para el ex diputado del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Raúl Pineda Alvarado, «el proyecto de tenencia y portación de armas que el Congreso Nacional pretende convertir en ley, no busca en esencia reducir los altos niveles de criminalidad, sino de enviar un mensaje falso a la población de que se están tomando las medidas adecuadas en ese tema”. Al descifrar el fondo del proyecto de ley, Pineda Alvarado interpreta que la iniciativa generará más corrupción, porque la gente buscará la forma de obtener permisos por la vía que le resulte más expedita. |
Hay ambiente para aprobar nueva ley La nueva ley regularía el registro balístico de forma más rigurosa, según el diputado nacionalista por El Paraíso, Celín Discua, quien asegura que hay ambiente en la Cámara Legislativa para la aprobación de esa normativa. Añadió que seguramente al aprobar esa ley, saldrá de nuevo a la luz el argumento que sólo a los honrados que poseen arma para defenderse es a quienes se va a afectar y se va a obligar a que matriculen su artefacto. Según cifras oficiales, el 83 por ciento de los asesinatos que se cometen en Honduras son por arma de fuego y un 12 por ciento se ejecutan mediante fusiles, por lo que según el diputado proyectista, Osman Aguilar, debe existir una nueva ley. |
Nuevo marco regulatorio “Esta ley contiene completamente un nuevo marco regulatorio para las armas, los explosivos, las municiones y todos los materiales relacionados; la ley actual que tenemos en vigencia tiene muchas falencias y con este nuevo proyecto, estamos dándole esa fortaleza que el Estado necesita”, argumentó Aguilar. Ilustró que ya no se permitirá que una sola persona pueda portar cinco armas por lo que con la nueva ley, sólo podrá portar un arma de fuego. Asimismo, en la nueva ley se pide revisar la edad ya que actualmente una persona con 18 años de edad puede pedir un permiso de portación de armas, pero los expertos con sustentación científica, han recomendado que la edad sea de 25 años. También se habla de un marcaje de todos los lotes de armas que se compren al momento de ingresar al país mediante importaciones; en esa serie se establecerá la fecha en que se compró, a qué país se compró y a qué fábrica se le encargó. “Esta será una herramienta importante sobre todo en la parte de investigación de los hechos delictivos; en la parte de Medicina Forense, pero son miles de armas las que circulan ilegalmente y la matriz es que son mucho menos las armas registradas que las que transitan sin registro”, argumentó. |
Hondureños pasivos El control de armas en Honduras se refiere al comercio, propiedad, posesión y uso de armas de fuego por los ciudadanos y residentes de Honduras. Contrario al control de armas en los demás países del continente americano, los hondureños han permanecido pasivos al control y proliferación de armas de fuego en el país. Antes de 1985, no había ningún reglamento oficial acerca de la propiedad y posesión de armas de fuego por la ciudadanía. La Constitución hondureña de 1982, no hace ninguna mención explícita de los ciudadanos y la posesión de armas. Aunque la Constitución de 1965 si declara en el título III, capítulo IV, artículo 94, que nadie puede poseer o llevar armas sin el permiso de la autoridad competente. Hasta junio de 2007, era permitido llevar un arma de fuego en público, así como llevar un arma oculta debidamente autorizada. Pero el incremento de muertes, por armas de fuego en el país, trajo consigo otras restricciones sobre la posesión de armas. |
Sólo la autoridad debería portar armas Para el veterano dirigente del Partido Liberal, Elvin Santos Lozano, “en Honduras se debe prohibir a la ciudadanía que porte armas”, porque según él, «ese debe ser el primer paso para combatir la delincuencia”, y añade que “en un país donde se cree que tener una pistola es tener poder divino de cancelar vidas humanas útiles es una barbaridad. Yo creo que son derechos que no deben concederse en un país con una escolaridad tan baja como esta”. Pero en Honduras la realidad es otra, comprar cualquier tipo de arma legal o ilegal es relativamente fácil. Basta ir a «La Armería», la única tienda autorizada por las Fuerzas Armadas para venderlas. En esa tienda, un revolver calibre 22 o 38 cuesta alrededor de 500 dólares mientras que una pistola de nueve milímetros 800 dólares. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que por lo menos de las 800 mil armas que hay en el país, 650 mil son armas que circulan ilegalmente. Las autoridades hondureñas creen que unas 500 mil armas etiquetadas como armas de guerra están en manos de civiles y criminales. |
Monopolio en uso de la fuerza La violencia y la criminalidad que azota a la sociedad hondureña no son, el resultado único de la amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de la población civil. Pero si es, de acuerdo a un estudio británico (Moser y Winton 2002) y el Ciprodeh, una de las tres causas estructurales de este problema en Honduras. Las otras dos causas son la pobreza y el legado que dejo la violencia política. Por lo tanto, le corresponde al Estado hondureño «la responsabilidad de retener el monopolio del uso de la fuerza. Controlando la circulación de las armas de fuego se reducen los elevados riesgos que generan las armas en términos de afectación de la salud, de violación de los derechos y de amenaza a la seguridad ciudadana”, señala el informe de Ciprodeh. |
Diputados armados Fuentes oficiales del Congreso Nacional comenzará a debatir esta semana el proyecto de Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, presentada al pleno por el diputado liberal, Osman Aguilar y dictaminada por la comisión ordinaria de seguridad. El presidente de esa comisión y prosecretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, detalló que socializarán esa ley para discutir un dictamen con las secretarías de Seguridad y de Defensa. “Con esta ley esperamos mayor regulación del sistema balístico en el país”, manifestó. A raíz de la tragedia en el que se ha visto involucrado el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), José Luis Galdámez, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, además de lamentar el hecho en que murió violentamente el taxista Marvin Sánchez, recordó que él le ha pedido a los parlamentarios que no entren armados al hemiciclo legislativo y eso ha motivado también a agilizar el proceso de discusión y aprobación de la iniciativa indica una nota de prensa emanada por el Poder Legislativo. Oliva agregó que el caso del diputado Galdámez, “es un aldabonazo en la conciencia no sólo de los diputados sino del pueblo hondureño” al tiempo que refirió que el proyecto de Ley de Tenencia y Portación de Armas “está bastante avanzada; es un tema extremadamente sensitivo porque la gente tiene una percepción falsa de seguridad al portar una arma y estadísticamente está comprobado que hay una proporción de cuatro a uno, de sufrir un daño el que porta un arma en comparación con el que no la porta”. La pena por el delito de portación ilegal de armas será elevada de nueve a 12 años de reclusión para impedir que la persona imputada pueda gozar de medidas cautelares como ocurre actualmente. Zambrano argumentó que es necesario aumentar las penas por la posesión ilegal de armas a fin de disminuir el número de muertes violentas en el país. Por su parte, el diputado nacionalista por Comayagua, Edgardo Martínez, indicó que con esa Ley, se llevará a cabo un registro balístico con el objetivo de reducir la ola de criminalidad en Honduras. Sin embargo, aclaró que las armas que han sido utilizadas en hechos delictivos, no podrán inscribirse, ya que tiene conocimiento que muchas de ellas fueron introducidas de México y países de Centroamérica de forma ilegal. Martínez enfatizó que “este es un mal que más nos atañe y, es el que levanta los índices de violencia en el país”; por ende se pretende unificar el control balístico en el territorio nacional. En el proyecto de la nueva ley, se propone que la edad para la portación de armas sea de 25 años, ya que en Honduras cualquier persona mayor de 18 años puede portar y comprar hasta cinco armas de fuego. |