Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El presidente del Congreso, Luís Redondo, ha decidido dar a ese poder del Estado atribuciones inéditas como la de acciones de investigar que le resultan incómodas, entre ellas las de fiscalización al poder que efectúan organismos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, en particular, aquellas que recibieron recursos de la desaparecida Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) de Estados Unidos, clausurada recientemente por la administración del presidente de esa nación, Donald Trump.
Redondo anunció que iba a conformar una comisión especial para que investigue todas las entidades públicas o privadas que recibieron fondos, ayudas o financiamiento de USAID, puesto que muchas de esas instituciones han estado trabajando en Honduras para “desestabilizar a los poderes del Estado”, y si se comprueba que algunas de estas instituciones ejecutan “agendas contrarias” al “interés nacional” deberán “deducirse acciones legales y proceder con las acciones judiciales correspondientes”, acotó.
Luis Redondo abre así una batalla frontal contra las organizaciones de sociedad civil, privadas y no gubernamentales que fueron beneficiadas con las donaciones de la USAID para impulsar una diversidad de proyectos en Honduras en materia de justicia, gobernabilidad, medio ambiente, cambio climático, agricultura, lucha contra la corrupción, mujeres, comunidad LGTBIQ, derechos humanos, transparencia, presupuesto y transparencia fiscal, libertad de expresión, menores en situación de riesgo, migración, entre otros.
El argumento de Redondo obedece a que, al asumir su administración, los funcionarios de Trump, en especial Elon Musk, se enfilaron en contra de la USAID por su presencia en el mundo y el uso de recursos, que, a su criterio, no fueron los más adecuados. El gobierno de Trump decidió cerrar la USAID y evaluar sus proyectos para un nuevo rumbo bajo otro mecanismo. Por ahora, el control lo asume el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El presidente del Congreso Nacional dijo que la USAID estaba cerrada por cuestionamientos hechos por la administración Trump en términos de falta de transparencia y trasfondo político, “como desestabilizar gobiernos”, aseguró. En principio, la mira del presidente del Congreso Nacional se centra en dos instancias de sociedad civil que han cuestionado al actual gobierno y al poder legislativo que preside Redondo.
Esas instancias son el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) cuyas investigaciones han desnudodo la opacidad y componendas bajo las cuales opera el actual gobierno de Libertad y Refundación (Libre), al cual Luís Redondo pertenece como miembro de reciente ingreso.
Respuesta legislativa a investigaciones
En el caso del poder legislativo, estas organizaciones de sociedad civil han publicado potentes investigaciones que desnudan la discrecionalidad y opacidad con que opera ese poder del Estado a tal punto que por segundo año consecutivo ocupa la última posición en el Índice de Transparencia Legislativa en América Latina que mide una red latinoamericana que toma el pulso a los parlamentos de la región.
La discrecionalidad en el uso de fondos públicos para subsidios a los legisladores, bonificaciones no especificadas, y la negativa a rendir cuentas y proporcionar acceso a la información pública, son entre otros, los resultados de las investigaciones hechas al poder legislativo hondureño por parte del CNA y la ASJ, última que ha anunciado otra investigación en curso.
En diciembre de 2024, el presidente del Congreso Nacional, Luís Redondo ya había advertido que iría contra estas dos instituciones “por tener un claro conflicto de intereses donde dicen combatir la corrupción, pero sus propósitos son otros”, alegó. Señaló directamente a la ASJ y al CNA de percibir fondos internacionales para “desestabilizar gobiernos elegidos democráticamente, con un claro conflicto de intereses económicos y político político”.
La amenaza de diciembre se concreta la semana después de las vacaciones de semana santa, al anunciar esta nueva fase investigativa en que ha caído el parlamento hondureño para “juzgar” a quienes consideran incómodos con el poder que dirige el país.
Redondo dijo que se busca saber si las organizaciones que recibieron recursos de la USAID lo hicieron bien, cumplieron sus objetivos o si usaron los fondos para desestabilizar la administración de la presidenta Xiomara Castro y del poder legislativo que él preside.
Redondo pretende “cercar” el espacio cívico
Es la primera vez en la historia democrática de Honduras que un poder del Estado decide investigar a organizaciones civiles y privadas que no están bajo la esfera del poder público, menos de ese poder del Estado, pero Redondo ha salido al paso argumentando acciones de soberanía y constitucionalidad. Es la primera vez que un poder del Estado hará el trabajo de investigación a un gobierno extranjero, en este caso a Estados Unidos, además de suplantar las acciones propias del Ministerio Público, responsable de la persecución penal en Honduras.
La decisión del Parlamento hondureño abona al clima de polarización política en el país y al avance de la estrategia del oficialismo para cerrar los espacios cívicos en materia de libertad de expresión, de asociación y de reunión. Hasta ahora, la frontera que conforma el espacio cívico es de las pocas que no ha caído bajo el control total del oficialismo; La batalla por la defensa de la democracia se está precisamente en este espacio.
El director de la ASJ Carlos Hernández, dijo que ellos no temen a ninguna investigación porque sus informes de manejo presupuestario y rendición de cuentas son públicos, que trabajan con firmas auditoras internacionales de enorme peso y trayectoria, pero alertó que esa decisión del Congreso Nacional no deja de sorprender porque se está frente a un “hecho evidentemente intimidatorio que conlleva el interés de querer cerrarnos”.
Hernández llamó la atención que este anuncio se de en pleno proceso electoral y en donde su organización en consorcio con otras dependencias, se aprestan a jugar un rol de veeduría social del proceso de elecciones generales el 30 de noviembre, como lo hicieron para las pasadas elecciones primarias del 9 de marzo.
También porque están culminando una investigación sobre el poder legislativo y el manejo de fondos públicos que esperan presentar pronto y seguramente no será del agrado de la presidencia de ese poder del Estado.
En el parlamento las reacciones a la decisión de Redondo han sido diversas, del lado del oficialismo algunos diputados del partido en el poder, Libertad y Refundación han sido claros en indicar que quieren saber cómo usaron los recursos que recibieron de la USAID la ASJ y el CNA, último que no ha reaccionado públicamente, pero sí posteando en sus redes sociales las investigaciones de presunta corrupción hechas sobre el actual gobierno y la opacidad del Poder Legislativo.
En tanto la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) anunció públicamente que no participará de la integración de la comisión especial para investigar las ONG anunciada por Redondo por considerar que esa no es competencia del Congreso Nacional y que ello no es más que una clara intimidación hacia los organismos de la sociedad civil y no gubernamental que han sido críticos con sus informes e investigaciones con el gobierno y el poder legislativo.
En posiciones similares se han expresado otros diputados de los partidos de oposición Liberal y Nacional. En los últimos dos años los poderes Ejecutivo y Legislativo han mantenido una fuerte campaña de estigmatización y discriminación hacia los sectores que conforman el espacio cívico: sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, ONG de derechos humanos, defensoras de la tierra y el medio ambiente, líderes de opinión pública y academia, entre otros, por cuestionamientos que hacen a la gestión pública.
Esta confrontación se ha manejado intensamente a nivel de redes sociales y medios de comunicación, pero también en ataques e intimidaciones, en particular en el interior del país. Pero la escalada parece haber entrado a una fase de mayor agresión con el anuncio del Congreso Nacional de pesquisar a las organizaciones incómodas al poder bajo el pretexto del uso de fondos externos procedentes de la USAID de Estados Unidos.
Esa etapa a la que piensa entrar el Poder Legislativo en su relación con el espacio cívico recuerda la estrategia que ha usado la administración Ortega-Murillo en Nicaragua que por ahora ha cerrado millas de ONG, entre otras acciones propias del autoritarismo. Un autoritarismo, que en el caso de Redondo preocupa a los parlamentarios pues ha determinado mediante una circular, determinar que, si quieren una cita con la presidencia del Congreso, ésta debe ser solicitada con 24 horas de antelación. Decisión que abarca a diputados, presidentes de comisiones legislativas y todo el cuerpo administrativo de ese poder del Estado.(PD)
