Históricamenteha sido una práctica inveterada de los gobiernos cuasi democráticos y de muchos regímenes autocráticos utilizar la mentira, la persuasión, la manipulación y la desinformación como armas o herramientas para imponer sus ideas y políticas, construir una narrativa favorable a sus ejecutorias y acciones y manipular e inducir la opinión de las masas a favor de sus causas políticas.
Joseph Goebbels, el tenebroso y tristemente célebre ministro de Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich de Adolfo Hitler, impuso en su país la idea que una mentira repetida mil veces al final se convierte en una verdad.
Esa falacia terminó convirtiéndose en una política de Estado de la Alemania Nazi, al punto que hasta el final de sus días Hitler convenció al pueblo alemán y sus oficiales que ganaban la guerra, mientras las tropas soviéticas ingresaban a Berlín e izaban la bandera de la hoz y el martillo en la Cancillería germana.
La mentira como política de estado es un fenómeno complejo y controvertido que ha existido a lo largo de la historia en diferentes contextos políticos y culturales y ha tenido entre sus principales motivaciones distorsionar y controlar la información que se presenta a la sociedad, manipulando la percepción pública para detentar o mantenerse el poder.
Además, fomenta la desinformación y la manipulación de la realidad ya que involucra la difusión deliberada de información falsa o la afirmación o negación de hechos verificables para confundir a la opinión pública e imponer una narrativa oficial.
Bajo ese esquema los líderes y partidos políticos suelen distorsionar la verdad para adaptarla a sus agendas políticas, justificar decisiones impopulares o desacreditar a los opositores y críticos manteniendo un discurso sistemático de ataques, estigmatización, mentiras o medias verdades.
Gobiernos de izquierda y de derecha en Latinoamérica se ha valido de esas infames estrategias para llegar y mantenerse enquistados en el poder, como las oprobiosas dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y más recientemente El Salvador en donde su presidente Nayib Bukele busca la reelección para un segundo periodo en clara violación a la Constitución salvadoreña.
Traigo este tema a colación, en vista que en los últimos dos años hemos venido escuchando hasta el hastío un sistemático discurso de líderes del partido en el Gobierno orientado a responsabilizar de las precariedades y los males de Honduras al Golpe de Estado y a las pasadas administraciones, soslayando su responsabilidad cuando participaron en las decisiones de Estado bajo otra bandera política.
El gobierno, empezando por la primera mandataria han mantenido un discurso de achacar a otros su incapacidad en la conducción de los asuntos de Estado, pero fundamentalmente dirigido a maquillar y justificar sus malas decisiones y sus sistemáticas violaciones a la Constitución, a la democracia y al Estado de derecho, con decisiones antidemocráticas.
Bajo esa estrategia el Gobierno logró imponer una directiva ilegal en el Congreso Nacional, eligió de forma arbitraria al procurador y subprocurador general de la República, aprobó irregularmente el acta de adhesión a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y más recientemente eligió de manera antidemocrática a los fiscales interinos del Ministerio Público, acto que ha sido condenado por la comunidad nacional e internacional.
Todos estos hechos han ido precedidos de una amplia campaña discursiva de mentiras y medias verdades procurando justificarlos con leguleyadas y ataques a la oposición y a los críticos de sus ejecutorias con el fin de imponer su narrativa ante la opinión pública, pero como toda mentira tiene patas cortas y suele ser de muy poca duración, ese discurso oficial se ha ido desgastando con el tiempo y ya no encuentra cabida ni aceptación en la mayoría de los hondureños.
Un hecho reciente que retrató justamente esta forma de manipulación de la verdad fue la respuesta del Gobierno a las estadísticas de desempleo expuestas por la iniciativa privada; los funcionarios salieron apresurados a defender las políticas de empleo de la administración con cifras maquilladas, infladas y discordantes con la realidad que viven cada día los hondureños.
Mientras el Banco Central proporcionaba algunas cifras, el Instituto Nacional de Estadísticas y otros funcionarios de la administración daban otros datos discordantes con la realidad del país.
El martirologio y las cifras maquilladas de Libre son cada vez es menos creíbles y hoy que son Gobierno su narrativa cada día pierde fuerza y credibilidad ante una sociedad hondureña defraudada, desmoralizada y hastiada por las promesas incumplidas en estos dos años de administración gubernamental.
Frente a la incapacidad de gobernar, el Gobierno y sus simpatizantes seguirán recurriendo a la mentira y a la desinformación para sustentar sus malas decisiones y mantener ocupados a los hondureños en otros temas que no atacan de fondo los males y los verdaderos problemas sociales y económicos que prometieron combatir.
Es crucial abogar por la transparencia, el acceso a la información veraz y la participación ciudadana para contrarrestar la mentira como política de estado. La vigilancia de la sociedad civil, el periodismo independiente y las instituciones que promueven la rendición de cuentas son elementos claves en la preservación de una democracia saludable y transparente.
