Desde 2021, el desmantelamiento del sistema de justicia guatemalteco llevó al despido, traslado o criminalización de 32 fiscales, abogados y jueces que alguna vez acercaron a las víctimas a conseguir justicia. Esto dejó casos de alto impacto en la impunidad, la revictimización de las personas afectadas y más víctimas. Los procesos de al menos 100 sindicados fueron cerrados parcial o totalmente.
Por: Jody García, Regina Pérez, Alexander Valdéz, José David López, Gilberto Escobar
Edición: Julie López
Parece haber nada en común entre el caso Diario Militar, que guarda los registros de 183 personas desaparecidas durante la guerra interna en Guatemala; el caso Libramiento de Chimaltenango, con al menos 100 familias afectadas, y un Estado defraudado; y el caso Asalto al Ministerio de Salud, donde una red de sobornos y el robo de dinero de la construcción de hospitales dejó al menos a 70 familias sin atención médica vital. Sin embargo, un hilo los une.
En los tres casos hay un fiscal o juez destituido, exiliado o perseguido por hacer su trabajo. Con sus salidas, los procesos no llegaron a juicio. Los sindicados (entre quienes se cuentan 15 exmilitares y expolicías, 22 exfuncionarios del Ejecutivo y empresarios, un exdiputado y un diputado) fueron beneficiados con libertad condicional. Ninguna persona de alto rango ha sido procesada hasta el momento.
En el camino hacia la justicia, quedaron dos hombres que creían que los culpables de la desaparición de su padre pagarían por lo que hicieron, un grupo de agricultores que esperó en vano un resarcimiento porque una obra estatal afectó los terrenos agrícolas de los que dependía su subsistencia, y una aldea para la cual la corrupción mantiene distante su acceso a servicios de salud, que para algunos es la diferencia entre la vida y la muerte.
Desde el exilio y frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Miguel Ángel Gálvez, exjuez de Mayor Riesgo B quien estuvo a cargo del caso del Diario Militar, y uno de los operadores de justicia perseguidos, dijo en marzo pasado que con su salida hacia el exilio muchos acusados empezarían a gozar de libertad. Y así fue. “Guatemala está diseñada para la impunidad”, agregaría el exjuez en una entrevista en esos días.
En los siguientes tres casos, una condena no hubiera revertido las injusticias, pero habría castigado a los responsables. En cambio, la impunidad ha empeorado la vida de algunas víctimas y alejado aún más la posibilidad de obtener justicia.
Diario Militar: cuatro décadas de injusticia
“Hace 39 años estabas en mi casa poniéndome una pistola”, dijo Néstor Villatoro con firmeza al coronel retirado Jacobo Salán Sánchez, apuntándole con su dedo índice derecho, para que no tuviera duda de que se refería a él. Los separaban unos cinco metros, en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Era el 1 de febrero de 2023. El juez Rudy Bautista recién había dictado arresto domiciliario para Salán Sánchez y otro acusado. El coronel es señalado de ser uno de los responsables de la desaparición forzada del padre de Néstor, Amancio Samuel Villatoro, el 30 de enero de 1984.
Néstor tiene 56 años. En aquel entonces tenía 17. La mañana de ese lunes había visto a su padre salir hacia una reunión sindical en la zona 1, en el centro de la capital, donde desapareció llevado a la fuerza, como otras víctimas en este caso. Por la tarde, sin saber lo ocurrido, su hermano Samuel de 7 años acompañó a la madre, María del Rosario Bran de Villatoro, a esperarlo en la parada del autobús a tres cuadras de su casa en la colonia 1ro. de Julio, en Mixco, en la salida occidente de la ciudad. Mientras esperaban, su mamá vio a varios hombres encapuchados dentro de una panel blanca, un tipo de vehículo asociado con las desapariciones en la Ciudad de Guatemala durante el conflicto armado.
La madre tomó a Samuel de la mano y corrieron hacia su casa entre los callejones peatonales. Al llegar, se encontraron con unos diez sujetos —entre ellos, los que habían visto en la panel— que asaltaban la pequeña librería que la familia tenía en la entrada de la vivienda y donde no había nada de valor, ni grandes cantidades de dinero. Samuel todavía recuerda aquel asalto como ridículo. Los sujetos después entraron a la fuerza a la casa, patearon y encañonaron a Néstor. Todo fue presenciado por sus otros hermanos, Sergio, de 18 años, y Norma, de 6, además de su madre María del Rosario, y la abuela paterna, Felipa Villatoro.
En la audiencia de febrero pasado, Néstor reconoció a Salán Sánchez como el hombre que lo encañonó. La madre, aferrada al brazo de su hijo, también lo identificó. Cuando salían de la sala, lo llamó con rabia “maldito desgraciado”.
Para algunos familiares de las víctimas, esa audiencia fue la primera vez que se vieron cara a cara con dos de los acusados, casi 40 años después de las desapariciones forzadas.
Amancio Villatoro nunca volvió a casa. El sindicalista fue una de las 183 víctimas en el caso Diario Militar, un documento elaborado por militares que registra la desaparición forzada, la tortura, y/o la ejecución extrajudicial de personas consideradas enemigas del Estado. Los crímenes se cometieron entre 1983 y 1985. En 1999, el documento llegó como una filtración de una fuente militar al National Security Archives (Archivo de Seguridad Nacional), un centro de investigación y documentación de la Universidad George Washington, en EE. UU., que constató que se trataba de un documento original. Fue el primer documento de este tipo divulgado al público que retrataba metódicamente crímenes de lesa humanidad, donde junto al nombre de cada víctima aparecía la fotografía del documento de identificación que portaba previo a su desaparición.
A Samuel le ha costado mucho tiempo aceptar lo que sucedió a su familia. Meses después del secuestro de su padre, todos salieron al exilio. Habían esperado 39 años para ver de cerca a sus verdugos. “Uno se imagina a demonios, que sólo con verlos daría miedo, porque esa es la imagen que tengo en el subconsciente por todo el dolor que causaron. Ahora son tigres de papel”, dice.
Justicia de vida corta
Las familias de las víctimas del Diario Militar nunca estuvieron más cerca de la verdad y de obtener justicia que en 2021. Hace 13 años, la fiscal general Claudia Paz y Paz (2010-2014) empezó a procesar a poderosos narcotraficantes y a militares de alto rango vinculados a crímenes de guerra. En paralelo, el Organismo Judicial creó los juzgados y tribunales de mayor riesgo para procesar los casos de alto impacto, en los que están acusados personajes poderosos, como políticos, narcotraficantes, militares y líderes pandilleros.
Así llegó a las manos del juez Miguel Ángel Gálvez el caso del Diario Militar, en cuyo inicio solo había nueve militares y expolicías detenidos. Seis más fueron capturados posteriormente. La justicia por las desapariciones llegó tarde. Algunos de los acusados, antes temidos por las víctimas, hoy son ancianos en sillas de ruedas que apenas logran escuchar los señalamientos de la Fiscalía. Durante el curso de este proceso penal han muerto dos: Mavilio Castañeda Bethancourt, exmiembro de la Policía Militar Ambulante (PMA), fallecido el 26 de marzo de 2022, y el general retirado y exministro de Defensa, Marco Antonio González Taracena, quien murió el 14 de junio de 2022.
El caso comenzó a retroceder cuando Gálvez envió a juicio a nueve acusados en mayo de 2022. La Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización conservadora de ultraderecha que está detrás de la persecución penal de operadores de justicia, denunció al juez en un caso no relacionado con el Diario Militar, pero que tuvo un impacto irreversible en el mismo. A través de esa querella se solicitó que el juez Gálvez perdiera la inmunidad para procesarlo. La FCT fue fundada por Ricardo Méndez Ruiz (hijo de un militar procesado por Gálvez por crímenes de lesa humanidad), cuando en 2013 el general retirado Efraín Ríos Montt enfrentaba un juicio por genocidio.
Desde entonces, la Fundación ha solicitado el retiro de la inmunidad a varios fiscales y jueces que llevaban casos de corrupción que fueron abiertos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2007-2019), como lo hizo con la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, o el juez Carlos Ruano; o quienes, como Gálvez, llevaban procesos contra exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Como titular del juzgado de Mayor Riesgo B, Gálvez envió a juicio a Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, y ordenó en 2015 el proecesamiento por corrupción del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Para el 15 de noviembre de 2022, el juez había denunciado que se violentó el proceso del Diario Militar, había salido del país y anunciado su renuncia. Desde el exilio, el exjuez dijo al periódico digital El Faro que se están desmontando todos los procesos que élllevaba, incluyendo el Diario Militar, y se está arriesgando a los sobrevivientes y testigos con las medidas sustitutivas otorgadas a los militares procesados. Gálvez sostuvo que con este caso entendió que Guatemala está diseñada para la impunidad.
Criminalización de operadores de justicia
El caso del exjuez no es único. Desde el 23 de julio de 2021, cuando fue destituido ilegalmente Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI, hasta abril de 2023, un total de 32 operadores de justicia han salido al exilio (incluyendo a Sandoval y Gálvez). Otros diez han sido procesados y una, Virgina Laparra, exjefa de una subsede de la FECI, enfrenta una condena de cuatro años de cárcel.
El impacto inmediato fue una estela de decisiones que otorgaron a al menos 100 sindicados el beneficio de salidas de la cárcel por arresto domiciliario y el cierre parcial o total de sus casos. Se trata de beneficios para el 7 % de las 1,500 personas que la CICIG logró procesar en sus últimos seis años de funcionamiento.
En noviembre de 2022, cuando Gálvez salió al exilio y renunció, también comenzaron las medidas favorables para los sindicados. Ganaron amparos y lograron salir de la cárcel. Además, Elena Sut Ren, la fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos encargada desde 2016 del expediente del Diario Militar, fue trasladada en abril de 2023 a otra fiscalía por una recomendación del Departamento de Seguridad de la institución, luego de hacer un análisis de riesgo que Sut solicitó.
Una resolución de noviembre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acerca del caso, cita a los representantes de las víctimas indicando que “‘Sut ha señalado que no (tenía) interés’ en ser objeto de un traslado de fiscalía”, aunque solicitó ese análisis por los riesgos que corría con el caso del Diario Militar, y por también llevar los casos Bámaca Velásquez (un guerrillero torturado y víctima de desaparición forzada en 1992 a manos del Ejército) y Plan de Sánchez (una masacre de 268 personas, a manos de patrulleros civiles y fuerzas estatales en 1982, durante el conflicto armado interno, en Rabinal, Baja Verapaz, a 88 kilómetros al norte de la capital guatemalteca).
Los querellantes en el caso Diario Militar (familiares de las víctimas) revelaron que, en abril y mayo de 2022 (durante las audiencias de etapa intermedia), Sut se sentía amenazada porque hombres desconocidos la seguían a bordo de un vehículo hacia su vivienda y trabajo. Además, la fiscal fue blanco de varias denuncias penales por los casos que llevaba.
En noviembre del mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala otorgar medidas urgentes de protección a la fiscal, a petición de las familias de las víctimas.
Origen de la persecución
Entre 2007 y 2019, la CICIG abrió la mayoría de casos que actualmente son afectados por la persecución judicial. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales confirmó que no renovaría la extensión del mandato de la Comisión Internacional. Mientras funcionó, la impunidad bajó de un 98 % a un 94.2 %, según un estudio de la Fundación Myrna Mack. Su cierre supuso la agudización de la persecución de fiscales y jueces que llevaban sus casos. Eso incluyó personal de la FECI, cuyo actual jefe, Rafael Curruchiche (sucesor de Sandoval), fue incluido en 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de actores antidemocráticos o corruptos. Curruchiche es acusado en esa lista de boicotear la investigación de posibles sobornos al presidente Giammattei y de otros posibles actos de corrupción de altos funcionarios y empresarios.
Para febrero de 2022, con Sandoval afuera y el retiro de la inmunidad de Gálvez en curso, la fiscal general Consuelo Porras negó que se criminalizaba a los operadores de justicia. La funcionaria aseguró que sólo se cumplía con cuanto “establece la ley”, aunque las consecuencias en los procesos eran visibles.
“La presencia del juez Gálvez en el Caso Diario Militar era una garantía de acceso a la justicia para las víctimas, y a su salida vemos sindicados que obtuvieron beneficios carcelarios que en otro momento no fueron considerados”, dice la abogada Jovita Tzul, especialista en derechos humanos y representante de Samuel Villatoro y otros querellantes en el proceso. El 30 de noviembre de 2022, ocho organizaciones internacionales de derechos humanos, encabezadas por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), denunciaron que el caso tuvo retrocesos tras la salida de Gálvez. Citaron como ejemplos la resolución de la jueza Claudette Domínguez que dejó en libertad al exmilitar Toribio Acevedo, uno de los acusados; y también el amparo otorgado a favor de Salán Sánchez.
El 1 de febrero de 2023, el juez suplente Rudy Bautista (quien sustituyó temporalmente a Gálvez, luego sucedido en el cargo por la jueza Eva Recinos) concedió arresto domiciliario a dos acusados en el caso: el exmilitar Salán Sánchez y el expolicía Malfred Orlando Pérez Lorenzo. Luego, Acevedo también recibió la medida, pero la Sala Primera de Mayor Riesgo la revocó el 14 de abril. Ese exmilitar debió atender una audiencia el 17 de abril y nunca llegó.
Para entonces, la esperanza que los familiares de las víctimas tenían al inicio del proceso del Diario Militar se había convertido en frustración. Eso incluía a los Villatoro.
Amancio Villatoro, el padre de Néstor y Samuel, es una de las seis víctimas que fueron localizadas entre las 183 personas que aparecen en el Diario Militar. Sus restos fueron ubicados en 2003 en una fosa común en una antigua base militar en Comalapa, Chimaltenango (49 kilómetros al occidente de donde desapareció). Sin embargo, fue identificado hasta 2011. La investigación determinó que lo retuvieron y torturaron durante dos meses antes de matarlo. Su madre, Felipa, murió a los 90 años sin saber qué sucedió a su hijo. Otras 177 víctimas siguen desaparecidas.
Paulo Estrada, uno de los querellantes, contó que no se pronunciaron como víctimas sino hasta la salida del juez Gálvez del país. Estrada escribió una columna denunciando cómo Gálvez fue víctima de un sistema de justicia cooptado.
Los querellantes anunciaron el pasado 16 de mayo que las audiencias se retomarán y que aún confían en el sistema de justicia, porque consideran que el caso está bien fundamentado.
No obstante, la jueza del caso argumentó que el amparo otorgado a Salán Sánchez dejaba en suspenso el fallo que envió a juicio a los nueve acusados, y suspendió una audiencia del 17 de mayo para presentar pruebas. Los querellantes apelaron el amparo, y el recurso está pendiente de un amparo definitivo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Mientras el caso Diario Militar se caía tras la salida de Gálvez, a pocos metros de ese juzgado, en la misma Torre de Tribunales, ocurría otro colapso en un proceso más reciente, que llevó a la persecución de un fiscal y donde la corrupción afectó a al menos 100 familias.
Carretera y corrupción que matan y empobrecen
En abril de 2019, con la CICIG expulsada del país, la administración del entonces presidente Jimmy Morales inauguró el Libramiento de Chimaltenango, un tramo alterno para liberar de tránsito la ruta principal hacia el occidente del país. Morales la llamó una obra de infraestructura sin precedentes en la región. Unas semanas después, los muros que flanqueaban la carretera se empezaron a desplomar. Para octubre, Morales se aferraba a la idea de que aquella era una megaobra, y ante preguntas de la prensa acerca del mal estado de la carretera, cuestionaba : “¿Les duele que sea una megaobra? ¡Sí lo es!”.
En abril, las noticias de los derrumbes habían llegado hasta la oficina de la Fiscalía Contra la Corrupción, donde los fiscales Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón comenzaron una investigación del caso. Nadie lo denunció, empezaron la investigación con base en los reportes de los medios de comunicación.
Los primeros resultados de las pesquisas se revelaron diez meses después. En julio de 2020, se capturó a 17 personas. La Fiscalía las acusó de fraude por el caso del Libramiento de Chimaltenango. Un proyecto de al menos Q500 millones (US$66.7 millones), que incluía pagos sin justificación por derecho de vía, entre otros. Sin embargo, las cosas no iban como los fiscales esperaban. Mynor Moto, el juez a cargo del caso, se rehusó a emitir una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones que aprobó la construcción del Libramiento y uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Morales. Moto lo citó para que rindiera su primera declaración y Benito escapó. Permaneció oculto durante un año y medio y se entregó a la justicia en enero de 2022.
Para entonces, los derrumbes afectaban a los automovilistas. También hubo víctimas colaterales que el sistema de justicia nunca notó: al menos 100 agricultores afectados en las aldeas Paraxaj, Xejuyú y Las Tunas, en el municipio San Andrés Iztapa, en Chimaltenango, por los deslaves de tierra que la obra mal construida ocasionó.
“Las personas solo ven lo que pasa allá arriba donde está la carretera”, dice Luis Salbaján. “No ven a los que estamos acá abajo, a los pobres que somos afectados”. Salbaján, un agricultor de 41 años, se refiere a cómo la construcción del Libramiento destruye los terrenos donde cultivan maíz y frijol, especialmente en época lluviosa. Las lluvias arrastran hacia las siembras la arena que se desprende de los muros que flanquean la carretera y que se derrumban con frecuencia.
“Antes de la construcción del Libramiento sacábamos unos 12 quintales de maíz, ahora apenas sacamos cinco”, dice Moisés Salbaján, de 31 años. Las peores consecuencias las padecen los ancianos. Manuel Miculax, de 92 años, perdió en una ocasión todos sus cultivos cuando los inundó el agua que provenía de la carretera. “Soy un hombre solo y esa era mi comida”, dice. Eso, en un terreno que ni siquiera es suyo. Lo arrienda por Q500 anuales (US$66).
Algunos campesinos ya no pueden sembrar porque sus terrenos están cubiertos por más de un metro de arena, y optaron por abandonarlos. Ahora lo único que crece en el lugar es maleza. “Antes la tierra era negra; ahora todo es amarillo. Es lo que han dejado las lluvias”, dice un agricultor. La arena está en casi todas partes. Otros terrenos están surcados por zanjas que dejan las corrientes de agua que los desfogues del Libramiento no logran contener.
Luis Salbaján esperaba que las cosas cambiaran para ellos cuando, en julio de 2020, fueron capturados empresarios y funcionarios implicados en la fraudulenta construcción de la carretera. Esperaba alguna suerte de resarcimiento, pero no lo hubo, y todo apunta a que nunca ocurrirá.
El colapso del proceso
El caso de los agricultores ni siquiera fue denunciado, ni investigado como una consecuencia de la corrupción en la construcción de la obra. Para enero de 2022, el sistema de justicia ya no era el mismo que había permitido a los fiscales abrir el caso, aunque ese mes el MP consiguió que 22 personas fueran enviadas a juicio por el fraude. El grupo excluye a Benito. Luego, el caso se derrumbó como los muros del libramiento. Un año y cuatro meses después, el proceso sigue detenido. No se ha celebrado la audiencia para determinar qué pruebas serán admitidas en el juicio. El atraso obedece a cambios de fiscales y jueces. El Juzgado de Mayor Riesgo D, del que estaba a cargo Erika Aifán, -exiliada desde marzo de 2022- ahora tiene el caso. Recientemente se nombró a un nuevo juez titular, pero todavía no ha programado esa diligencia.
El juez Moto, quien tenía una orden de captura por un posible soborno y por favorecer a los acusados, está libre porque una sala de apelaciones anuló la solicitud de su detención. Tampoco se han deducido responsabilidades por los agricultores perjudicados por la construcción del libramiento.
El 9 de julio de 2021, a un año de develada la investigación, Pantaleón fue sacado del proceso. Lo trasladaron a la Fiscalía Liquidadora del MP, que conoce casos que llevan muchos años sin ser resueltos y la mayoría terminan desestimados por falta de pruebas. El traslado ocurrió cuando había nuevos indicios que podían llevar a juicio a otras personas más poderosas, según dos fuentes consultadas en la Fiscalía. Luego, Pantaleón fue señalado de quedarse con información del caso y fue capturado en mayo de 2022, dos años después de iniciado el proceso. Estuvo encarcelado tres semanas hasta que recibió arresto domiciliario.
El Ministerio Público lo suspendió de sus funciones y le cortó su salario, lo cual le impide trabajar en otro lugar porque aún mantiene una relación laboral con la institución. Ahora se pasa los días estudiando el caso en su contra. No ha sabido más de la investigación por fraude, originada por los derrumbes que siguen en 2023, y que hacen del Libramiento un peligro permanente.
Un año después de la captura de Pantaleón fue detenido Stuardo Campo, quien había sido el jefe de Pantaleón cuando coordinaron los allanamientos y capturas en el caso del Libramiento. El 26 de mayo de 2023, el MP reportó la detención del exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción. El proceso contra Campo está bajo reserva y a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos.
Campo fue procesado y encarcelado por supuestamente incurrir en incumplimiento de deberes en uno de los casos que investigó. El fiscal fue denunciado por miembros de la FCT, quienes señalan que incurrió en irregularidades cuando manejó los casos Alfa Siete, Tamaulipas y un proceso contra tres miembros de la familia Bitkov, de origen ruso, condenados por usar documentos de identificación falsos (sentencia que fue revertida). Se referían al supuesto desvío de una investigación y a la emisión errónea de una orden de captura, de la cual Campos ya había alertado a la fiscal general Consuelo Porras. El fiscal señaló que la FCT “sistemáticamente se ha dedicado a la persecución de operadores de justicia”, y dijo que la denuncia en su contra es espuria.
“(Ser) fiscal anticorrupción (…) me hizo ganar mucha animadversión en determinados sectores”, dijo Campo el día de su captura. “(Esto) es parte de la persecución política que se ha vuelto bastante habitual en Guatemala. Acá estoy con la frente en alto y con la plena convicción de que no cometí delito alguno. Me siento tranquilo y satisfecho del trabajo realizado”. El 6 de junio fue ligado a un proceso por incumplimiento de deberes y enviado a prisión preventiva, y aún permanece encarcelado.
El reporte de 20 deslaves en el tramo, desde la inauguración del Libramiento, ha dejado además a las personas que lo transitan en una condición de vulnerabilidad, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Pero nadie menciona al centenar de familias que perdieron sus siembras, en un departamento donde la pobreza alcanza entre un 60 % y 80 % de la población, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Mientras los fiscales Campo y Pantaleón buscan demostrar su inocencia, otro caso de corrupción también tambalea. Se trata de la penúltima investigación de la CICIG, que se denominó Asalto al Ministerio de Salud, que apunta a cómo la corrupción y la impunidad dejaron a un Ministerio saqueado, una estela de víctimas pobres, un fiscal acusado y separado de sus funciones, y también a un exdiputado y un diputado aliados al oficialismo sin enfrentar la justicia, aunque fueron identificados como responsables.
El hospital que no fue
Los vecinos de la aldea San José Las Lágrimas, en Esquipulas, Chiquimula (224 kilómetros al este de la capital guatemalteca y frontera con Honduras), recuerdan la algarabía de 2014, cuando se celebró la colocación de la primera piedra del Hospital de Emergencias. Ahora, nueve años después, esa primera piedra, rodeada de un terreno baldío, es lo único que existe de un hospital que se pretendió construir para las comunidades más lejanas de ese municipio, donde los únicos servicios médicos los presta un centro de salud construido en 1959.
La planificación de este hospital, y de otros dos en Quiché (334 kilómetros al noroccidente de la capital) y Baja Verapaz (148 kilómetros al norte de la capital), cuya construcción quedó a medias, se convirtieron en el caso Asalto al Ministerio de Salud: una investigación para demostrar que, en el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), diputados y funcionarios de esa cartera hicieron negociaciones ilegales, para cobrar comisiones por la construcción de hospitales públicos. También se descubrieron plazas fantasmas en el Ministerio. Como en los casos del Diario Militar y del Libramiento de Chimaltenango, la persecución de operadores de justicia mantuvo en la impunidad la corrupción de otro gobierno, también liderado por un exmilitar.
La CICIG sacó a luz el caso sólo dos meses antes de salir del país. Era julio de 2019. El fiscal Carlos de León Moreno lo lideró desde la FECI. Estuvo a cargo hasta diciembre de 2021, cuando fue trasladado a la Fiscalía de la Mujer. El MP justificó el traslado de De León diciendo que el personal es de “libre remoción”. Luego, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón, explicó que fue trasladado porque había solicitado un ascenso. Su traslado ocurrió luego de que, en un caso separado, De León solicitara que Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, entregara su pasaporte para evitar que se fugara mientras era procesada por financiamiento electoral ilícito.
De León había llevado otros casos de alto perfil, como un proceso contra los Mendoza, una familia de supuestos narcotraficantes procesados por apropiación ilícita de terrenos; y el asesinato de Byron Lima en 2016, un militar condenado por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi, quien denunció los crímenes que el Ejército cometió durante en el conflicto armado en Guatemala.
Una enfermera del centro de salud de Esquipulas recuerda que en 2021, mismo año del traslado del fiscal De León, una mujer de San José Las Lágrimas con complicaciones en su embarazo falleció camino al hospital en la cabecera departamental de Chiquimula. Es un trayecto de casi 40 kilómetros que se recorre en hasta seis horas, por el mal estado de los caminos de terracería que conducen desde la aldea a la cabecera, aun en estación seca. En época lluviosa, el desplazamiento es imposible porque los ríos que rodean la aldea se desbordan y las rutas se inundan.
La enfermera todavía se enoja al recordar cuando se celebró la colocación de la primera piedra de ese Hospital de Emergencias de Esquipulas. Cree que, si lo hubieran construido en 2014, quizá se habría podido salvar a la mujer embarazada. Estos traslados sólo son posibles si los pacientes consiguen que un vecino con vehículo los lleve, lo que puede costar hasta Q700 (casi US$100), la cuarta parte de un salario mínimo y un gasto imposible para la mayoría de campesinos de la zona, que viven de sus cultivos o trabajan como jornaleros. En algunos casos, reciben ayuda de la oenegé Fundación Esperanza De Vida que hace traslados de emergencia gratuitos para quienes no pueden pagarlos.
En 2020, el entonces ministro de Salud, Hugo Monroy, solicitó financiamiento para el centro de salud de Esquipulas, que describió como “deteriorado” e insuficiente para atender a los pacientes que por lo general acababan acudiendo a otros centros e incurrían en gastos excesivos que “no (estaban) en condiciones de hacer”. El país estaba al inicio de la pandemia del Covid-19. Para 2021, según el Icefi, la pobreza en en Esquipulas oscilaba entre el 40 % y 60 %.
El Gobierno respondió con más impunidad
Pese ala solicitud del entonces ministro Monroy, el Gobierno hasta ahora no tiene ningún hospital en construcción en Esquipulas y el caso Asalto al Ministerio de Salud se desplomó. La investigación a cargo del fiscal De León determinó que en las negociaciones ilegales detrás del contrato para edificar el hospital en Esquipulas estuvo el diputado Boris España, de la bancada TODOS, un partido político aliado del oficialismo. Algunos de sus integrantes enfrentan acusaciones de narcotráfico y corrupción, como Felipe Alejos, acusado por la CICIG y la FECI de tráfico de influencias y a quien para 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió tres veces no retirarle la inmunidad para que fuera investigado. El diputado José Ubico fue pedido en extradición por Estados Unidos en 2022, cuando el partido lo desconoció como integrante.
El diputado España había propuesto construir el hospital durante la administración de Pérez Molina y el Ministerio de la Salud licitó la ejecución del proyecto. La construcción costaría Q85 millones (US$11.3 millones). Según las investigaciones, el diputado recibiría una comisión ilegal de Q4.2 millones de quetzales (US$560,000).
La Fiscalía señaló al congresista de asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y lavado de dinero. Además, solicitó quitarle la inmunidad para iniciar un proceso en su contra, pero la CSJ rechazó la petición, una decisión que avaló la CC en febrero de 2022, librándolo de enfrentar un proceso penal.
Estuardo Galdámez, un exdiputado también señalado de recibir un soborno por la construcción de otro hospital, salió de prisión en julio de ese mismo año. Lo favoreció la decisión de Edwin Ramírez, un juez suplente en el Juzgado de Mayor Riesgo D que la jueza Erika Aifán atendió hasta marzo de 2022 cuando se exilió en Estados Unidos y renunció del cargo. Aifán denunció que su vida corría peligro en Guatemala y que era sometida a un proceso de antejuicio por una denuncia sin fundamento.
El proceso por financiamiento electoral ilícito contra Torres se cerró en diciembre de 2022, un mes antes de que comenzara la inscripción de candidatos, el 21 de enero pasado. El fiscal De León fue destituido en febrero de 2023. Un mes después arrancó oficialmente la contienda electoral en la que Torres nuevamente se postuló para la Presidencia de Guatemala. Mientras tanto, el fiscal corrió la misma suerte que otros que investigaron casos de corrupción en la FECI. Human Rights Watch (HRW) había denunciado el despido arbitrario de fiscales desde julio de 2022. El despido de De León fue precedido por cuatro despidos de fiscales de diferentes unidades en febrero de 2023.
Este año, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral avaló la candidatura del diputado España para ser reelecto, pese a su inclusión como actor corrupto en la Lista Engel del Gobierno de Estados Unidos y su vinculación en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
En la zona árida que ocupa San José Las Lágrimas todavía viven unas 70 familias de campesinos con al menos 132 niños. Su acceso a servicios de salud se limita a las visitas mensuales o quincenales de tres enfermeras del Ministerio de Salud para examinar a las mujeres embarazadas y a los niños, para evitar muertes maternas y por desnutrición, que tiene altos índices en la zona. Atienden resfriados o infecciones urinarias cuando tienen medicamentos, y las enfermeras pesan a los bebés en una balanza como las que usan en las carnicerías de los mercados. Lo hacen mientras no llueve, cuando los caminos de terracería todavía se pueden transitar.
Victimizados por la corrupción
En Chimaltenango, a 220 kilómetros al oeste de Chiquimula (y 49 kilómetros de la capital), tampoco esperan las lluvias con ilusión, aunque los agricultores desprecian más el impacto que la corrupción tuvo en sus siembras. Por ahora, han rodeado con sacos llenos de arena y ramas de izote las zanjas que dejaron las correntadas, para intentar evitar que el agua y la arena vuelvan a anegar sus cultivos.
“Dios nos ha bendecido con la lluvia, pero el hombre vino a destruirlo todo”, dice Luis Salbaján. Por su parte, Moisés Salbaján advierte que si las lluvias dañan sus terrenos otra vez, él y los demás agricultores tomarán el Libramiento de Chimaltenango. Los terrenos están cerca del kilómetro 60 y 61, donde los derrumbes empezaron en 2019 y llevaron al proceso judicial por corrupción. Cuatro años después, 22 acusados esperan juicio (salvo Benito); el fiscal Pantaleón sigue procesado igual que el fiscal Campo, y los derrumbes continúan.
En el caso del Diario Militar, las víctimas y sus familias suman casi cuatro décadas esperando justicia. “Por supuesto, (siento) mucha frustración”, dice Samuel Villatoro, respecto al traslado de la fiscal Sut y a cómo la salida del juez Gálvez afectó el caso. Sin embargo, asegura que su familia seguirá luchando para obtener justicia para su padre y dejar un precedente histórico de que crímenes como este no se repitan.
“El proceso no es fácil; no sé si se va a lograr”, agrega Samuel. “El Estado guatemalteco nació en favor de la oligarquía (…); está diseñado para proteger a los que tienen poder. El mismo juez Gálvez expone por qué tuvo que salir y dejar el caso, porque la estructura está diseñada para que ellos salgan libres, nunca cumplan una sentencia o que ese registro no quede como precedente histórico”.
Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.
